Probablemente, nunca un Príncipe de la Iglesia (menos aún, el prefecto de la todopoderosa CDF) se ha visto interpelado por un laico con tal coherencia y coraje
(Gregorio Delgado del Río).- Para intentar comprender la trascendencia (el verdadero trasfondo) del enfrentamiento Collins/Müller, me parece indispensable situar el problema de la lucha contra el abuso sexual del clero en los términos reales en que estaba (y está) planteado, que eran, por otra parte, absolutamente contradictorios y excluyentes.
Las intensas resistencias exhibidas y plenamente activas en ciertos ámbitos eclesiásticos (incluso en las estancias vaticanas) no dejaban otra posibilidad: o se daba marcha atrás con el consiguiente descrédito del Papa Francisco y de la propia Iglesia o se daba la última vuelta de tuerca, que facilitase el derrumbe definitivo de la estructura del ocultamiento. El dilema no tenía vuelta de hoja y sigue en pie.
Nadie podía alegar ignorancia excusable. Todo el mundo sabía que el verdadero problema había radicado (y radicaba) en la estructura de ocultamiento que se había impulsado y establecido mediante orientaciones emanadas o consentidas desde Roma. Todo el mundo sabía y sabe las muchas complicidades jerárquicas (no sólo episcopales) que existieron y existen. Acabar con semejante contra testimonio y hacerlo sin dudas ni ambigüedades constituía la verdadera prueba del nueve de la nueva política vaticana sobre el particular.
Pues bien, en el marco de la novena reunión del Consejo de Cardenales, presidido por el Papa Francisco, tenida durante los días 13 a 15 de abril de 2015, el cardenal Sean O’Malley propuso al Papa y al Consejo que se abordase el tema de la «Accountability» (Responsabilidad): «…per quanto riguarda la tutela dei minori, in modo da prevedere procedure e modalità appropriate per valutare e giudicare i casi di «abuso di ufficio» in questo campo, in particolare da parte di persone con responsabilità nella Chiesa».
La propuesta en cuestión fue aprobada por unanimidad por el Consejo de cardenales en su décima reunión, en junio de 2015. Estos son los términos de lo acordado:
1. Que la competencia para recibir y examinar las denuncias del abuso de oficio episcopal pertenece a la Congregación para los Obispos, a la Evangelización de los Pueblos, o a las Iglesias Orientales y todas las denuncias deben presentarse a la Congregación apropiada.
2. Que el Santo Padre dé poder (mandato) a la Congregación para la Doctrina de la Fe para juzgar a los obispos con relación a los delitos de abuso de oficio.
3. Que el Santo Padre autorice la institución de una nueva Sección Judicial en el seno de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el nombramiento de personal estable que prestará servicio en el Tribunal Apostólico. La realización de este punto sigue a consultas con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
4. Que el Santo Padre nombre a un Secretario para asistir al Prefecto con relación al Tribunal. El Secretario tendría la responsabilidad de la nueva Sección Judicial y el personal de la Sección será utilizable también en los procesos penales por abuso de los menores y de los adultos vulnerables por parte del clero. También estas decisiones tienen lugar en la consulta con el prefecto de la Congregación.
5. Que el Santo Padre establezca un periodo de cinco años para esperar nuevos progresos de las presentes propuestas y para el cumplimiento de una evaluación formal de su eficacia.
El Papa Francisco «ha approvato le proposte e ha concesso l’autorizzazione affinché siano fornite risorse adeguate per conseguire questi fini».
El domingo, 27 de septiembre de 2015, en el encuentro en el Seminario San Carlos Borromeo, Filadelfia, con algunas víctimas de abuso sexual del clero, el Papa Francisco quiso reiterar su compromiso, que acompañó con estas meditadas palabras:
«Lamento profundamente que algunos obispos no cumplieran con su responsabilidad de proteger a los menores. Es muy inquietante saber que en algunos casos incluso los obispos eran ellos mismos los abusadores. Me comprometo a seguir el camino de la verdad, dondequiera que nos pueda llevar. El clero y los obispos tendrán que rendir cuentas de sus acciones cuando abusen o no protejan a los menores».
Podría gustar o no, pero el mensaje era claro e inequívoco. Se había actuado durante mucho tiempo desde la ocultación y el encubrimiento. ¡Basta! Las cosas no seguirán siendo así en el futuro. El camino a seguir será el de la verdad, el de la realidad de lo ocurrido y, a partir de la misma, se habrá de rendir cuentas por las acciones correspondientes, al margen de quienes las hayan protagonizado. Esto es, sin atender para nada a la posición jerárquica del incumplidor (obispo, arzobispo, cardenal). A todos obliga el nuevo criterio: transparencia -no ocultación y encubrimiento- y cooperación con la autoridad estatal correspondiente.
Pues bien, cuando se esperaba la puesta en marcha de esta nueva sección judicial (exigía, sin duda, un ulterior desarrollo normativo), saltó la sorpresa: se abandona la vía judicial aprobada y se sustituye por un procedimiento administrativo radicado en las Congregaciones romanas respectivas (m.p. Come una madre amorevole, de 4 de junio de 2016).
Aquí radica, precisamente, un punto central de la acusación de la Sra Collins (falta de colaboración). El Cardenal Müller respondió en los siguientes términos:»Si è trattato di un progetto, ma dopo un dialogo intenso fra vari Dicasteri coinvolti nella lotta contro la pedofilia nel clero si è concluso che per affrontare eventuali negligenze delittuose dei vescovi abbiamo già la competenza del Dicastero per i Vescovi, gli strumenti e i mezzi giuridici. Inoltre il Santo Padre può sempre affidare un caso speciale alla Congregazione».
En su réplica, Marie Collins recuerda al prefecto de la CDF lo que era evidente e innegable a la vista del boletín hecho público el 10 de junio de 2015 , relativo a la X reunión del C-9: «La Comisión Pontificia lo recomendó, el Consejo de Cardenales y el Papa lo aprobaron, y su Congregación lo rechazó».
Es más, Francisco había autorizado ya acciones muy concretas y específicas, que se refieren en el acuerdo del C-9. ¿De verdad -si hablamos en serio- se puede pensar en que sólo se trataba de un simple ‘proyecto’? ¿Es temerario pensar que el Card Müller, con sus declaraciones, buscase desesperadamente salvar su contestada posición, aunque fuese negando la evidencia? Lo cierto es que él mismo parece que avaló la certeza de la posición o acusación de la Sra Collins. ¿Acaso perdió los papeles al verse contestado frontalmente y con argumentos fundados?
Es más, al replicar las declaraciones del Card Müller, Marie Collins le dirige una pregunta difícilmente rebatible: «Si todos los medios necesarios han estado disponibles para abordar el caso de un obispo negligente con respecto a proteger a los niños de los abusos, ¿por qué entonces ningún obispo ha sido oficialmente, claramente, sancionado o removido por dicha negligencia?». Sin comentarios. Como dice el aforismo, ‘contra facta non valent argumenta’. Y, concluye de un modo demoledor: «Si no se debe a la falta de leyes, entonces se debe a la falta de voluntad». ¡Ahí le duele, y mucho, muchísimo! Probablemente, nunca un Príncipe de la Iglesia (menos aún, el prefecto de la todopoderosa CDF) se ha visto interpelado por un laico con tal coherencia y coraje.
Tan oscuro y turbio suceso nos sugiere unas cuantas preguntas: ¿Cómo explicar la reacción curial ante la aprobación de la vía judicial? ¿Cómo explicar que se enmendase la plana al propio Francisco y al Consejo de cardenales? ¿Se imaginan lo que se tuvo que poner sobre la mesa? ¿Qué se quería evitar a toda costa? ¿Quizás no dar pie a que los ‘obispos negligentes’ se defendiesen en el proceso penal futuro con la acusación de que, al ocultar, se limitaron a seguir instrucciones vaticanas? ¿Quizás no se quería facilitar el que, de un modo u otro, se pudiese dar la sensación de que se estaba juzgando a anteriores pontificados y a sus respectivos responsables al más alto nivel? ¿Quizás se buscase controlar tan sensible información si ésta no salía del secreto de algunas Congregaciones romanas? La respuesta la dejo al lector.
No creo que alguien pueda pensar seriamente que lo que se ha buscado con el abandono de la vía judicial es ser más eficaces en el efectivo derrumbe de la muralla de la ocultación y la no cooperación. No me lo creo, como tampoco lo creen -y así lo han expresado de inmediato- las víctimas y sus asociaciones. ¿Por qué se ha de confiar en la actuación futura de unos dicasterios romanos que, hasta ahora, pudiendo y debiendo haberlo hecho (como ha recordado Kurt Martens, profesor en la UCA), se han limitado a no hacer nada, a mirar para otro lado, a poner -como en algún caso- palos en las ruedas? ¿Por qué, Señor Cardenal, no se invitó a participar a la CPM en este diálogo intenso entre los dicasterios implicados? ¿Dónde queda su afirmada estrecha colaboración? ¿Por qué o cómo justificar un trato privilegiado a los obispos negligentes?
En cualquier caso, parece evidente (al margen de hipotéticas correcciones eclesiásticas, que casi nadie comprende y acepta) que alguien está confundiendo su papel y traspasando los límites de sus atribuciones, entre las que no se incluye el enmendar la plana al propio sucesor de Pedro. ¿Por qué, con la que ha caído en la Iglesia, no se ha movido un palo en las congregaciones implicadas a fin de aplicar la normativa existente por causas graves en el ejercicio del propio oficio? ¿Por qué su celo ha permanecido amortiguado durante tanto tiempo? ¿Por qué se han excitado ante la aprobación de la vía judicial? ¿A quiénes están intentando proteger?
Aunque no se quiera reconocer, parece claro dónde radica uno de los focos de la resistencia y quién su líder. No parece que se haya tenido en cuenta el alto precio que se ha pagado en términos de credibilidad y fiabilidad de las víctimas y de la opinión pública respecto de la actitud de la propia Iglesia. Precio que, por otra parte, se ha visto incrementado al poner en riesgo el crédito del Consejo de Cardenales en relación a este tema y también al trabajo que vienen realizando para la reforma de la Curia romana.
Felizmente, todo ha llegado a un final lógico. El camino de las reformas es ahora más liviano y más realizable. ¡Suerte!