La Real Comisión recomienda que se abola

¿Hasta qué punto peligra el secreto de confesión en Australia?

"Depende de un consenso político difícil de alcanzar en una federación de estados"

¿Hasta qué punto peligra el secreto de confesión en Australia?
Confesión y confesionario

Las leyes que conciernen a la notificación obligatoria a las autoridades de protección infantil no deban eximir a las personas en el ministerio religioso de la obligación de denunciar información revelada en la confesión

(Cameron Doody).- ¿Hasta qué punto peligra realmente el secreto de confesión en Australia? Aunque la Real Comisión anti-pederastia haya recomendado hoy que se cambie la ley para quitar la excepción de la que disfruta la Iglesia a la legislación que incumbe a los ciudadanos a denunciar cualquier crimen del que tengan conocimiento, esto no quiere decir que este paso se dé sí o sí. Depende más bien de un consenso político no tan fácil de alcanzar en una federación como es la australiana.

En sus propias palabras, la Real Comisión ha recomendado «que las leyes que conciernen a la notificación obligatoria a las autoridades de protección infantil no deban eximir a las personas en el ministerio religioso de la obligación de denunciar información revelada en la confesión». Y también «que cada jurisdicción en Australia introduzca legislación para crear un nuevo delito de ‘omisión de informar’ dirigido al abuso sexual de menores en contextos institucionales, incluyendo la omisión de informar sobre información obtenida en el confesionario».

Son formas algo rebuscadas de decir que, efectivamente, la Comisión recomienda que se abola el secreto confesional. Pero: ¿qué posibilidades hay realmente de que los distintos parlamentos australianos presenten leyes que haga efectiva esta recomendación?

El director ejecutivo de la Comisión, Philip Reed, dijo este viernes que tras la presentación del informe final la Real Comisión «ya hemos terminado nuestro trabajo. Depende de los gobiernos e instituciones a que se den los siguiente pasos y que se implementen las recomendaciones». Y es que, aunque la Real Comisión sea la forma de comisión de investigación de más trascendencia en la ley australiana -disfrutando de poderes equivalente o incluso superiores a los de los jueces- no puede ni imputar delitos ni dictar que sus recomendaciones se hagan leyes de forma obligatoria. Depende, por tanto, de la voluntad política el grado de efectividad que acaben teniendo sus consejos y advertencias.

¿Existe en Australia, pues, esta voluntad política como para transformar a las recomendaciones de la Comisión en leyes? Por el momento, es difícil saberlo. El Gobierno federal aún no ha respondido al informe final en su totalidad; el primer ministro Malcom Turnbull se limitó hoy a repetir que el escándalo de abusos ha sido una «tragedia nacional» y a dar las gracias tanto a los comisarios como a las víctimas por haber abordado las «historias espantosas» de agresiones a menores.

Pero una pista sobre si o no se hará obligatorio en Australia romper el secreto del confesionario se puede sacar de lo que ha pasado hasta aquí con otra recomendación clave de la comisión: la de las compensaciones que se deben a las víctimas.

Cuando anunció un programa nacional de indemnizaciones, Turnbull desoyó a la Comisión y las limitó no a 200.000 dólares por víctima, como recomendó la Comisión, sino a 150.000. Hasta aquí el primer ministro tampoco ha podido convencer a los distintos Estados -que disfrutan de un grado considerable de autonomía en la Federación australiana- a que se unan a dicho programa nacional.

Pero no es que la falta de consenso que se ha vivido hasta aquí se deba a una falta de voluntad de poner un fin definitivo a la lacra de los abusos en las instituciones del país: es simplemente que el sistema político australiano hace difícil que se adopten posturas comunes.

Por otro lado, no obstante, algo que puede indicar que pronto se quite a la Iglesia su exención de las leyes de notificación obligatoria es que la Real Comisión también recomienda que se abolan las prácticas de otras tradiciones religiosas que, por su falta de transparencia, pueden poner en peligro el bienestar de los menores. Tales como la práctica judía de mesirah, razón por la cual algunos judíos ortodoxos en Australia se han negado a denunciar a correligionarios acusados de abusos a las autoridades seculares.

Lo cierto es que, tras una investigación que ha durado cinco años, abordado las historias de más de cuatro mil víctimas, publicado 17 volúmenes de conclusiones y costado alrededor de 350 millones de dólares (casi 228 millones de euros), los australianos somos ansiosos de ver que se implementen las más de 400 recomendaciones de la Real Comisión. Pero aquello tomará su tiempo, y lo importante es que, mientras tanto, no se pierda el ímpetu que llevó a que se llevaran a cabo estas investigaciones.

Gente como Rob Walsh se encargarán de que siga existiendo esta voluntad de reforma. La víctima de abusos a manos de un sacerdote de Ballarat declaró hoy al ABC que en enero se trasladará a la capital australiana para presionar a los políticos a que se adopten la recomendaciones de la Comisión.

«Me voy a tomar vacaciones y tener un respiro, pero en el año nuevo empiezo y me voy a Canberra», dijo Walsh.

Autor

José Manuel Vidal

Periodista y teólogo, es conocido por su labor de información sobre la Iglesia Católica. Dirige Religión Digital.

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído