Josep Miquel Bausset

El artículo 19 de la Constitución española

"El gobierno del Sr. Rajoy quiere impedir el ejercicio de la democracia en Cataluña"

El artículo 19 de la Constitución española
Josep Miquel Bausset

En ningún país civilizado un gobierno impide que un diputado llegue al parlamento para poder ser elegido presidente por los otros diputados

(Josep Miquel Bausset).- La situación política de Cataluña, después de la aplicación del artículo 155 y de las elecciones al Parlament del pasado 21 de diciembre, requiere diálogo, como pidió recientemente el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, y como ya había pedido antes el cardenal arzobispo de Barcelona, los demás obispos de Cataluña y los abades y abadesas benedictinas y cistercienses.

Conscientes que este diálogo es necesario, el gobierno de España, que defiende a ultranza la Constitución, está poniendo trabas a que el presidente de Cataluña pueda volver para participar en el debate de investidura y poder ser elegido, ya que cuenta con la mayoría de la cámara.

El artículo 19 de la Constitución, que el gobierno del Sr. Rajoy habría de cumplir, dice: «Los españoles tienen derecho a elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional». Y también: «Tienen también derecho a entrar y a salir libremente de España en los términos que la ley establece. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos».

También el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos protege el derecho de las personas a circular libremente, cosa que el gobierno español impide al presidente Puigdemont. Este artículo, en su punto 1, dice: «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia dentro de las fronteras de cada Estado». Y en el punto 2, dice también: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, ádhuc del propio, y a volver a entrar en él».

El cardenal Pietro Parolin, en declaraciones al semanario Catalunya Cristiana, con ocasión de su número 2000, afirmaba que ante la situación política actual en Cataluña, «lo que hace la Iglesia es animar a las partes para que continúen hablando y escuchándose». El cardenal Parolin decía que «la Santa Sede sigue con atención los acontecimientos en Cataluña, en particular el futuro del escenario que se ha dibujado después de las elecciones al parlamento autónomo del 21 de diciembre pasado». Por esos el cardenal Parolin pedía también una «reflexión con honestidad y sinceridad a todos los actores políticos y sociales» que intervienen es este conflicto.

Que el ministro Juan Ignacio Zoido esté obsesionado por impedir la entrada del presidente de Cataluña, anunciando a los cuatro vientos una operación policial por tierra, mar y aire, para así obstaculizar el regreso del presidente Puigdemont, no ayuda nada a encontrar una solución dialogada, como ha pedido el cardenal Parolin. Además, que el gobierno conculque el artículo 19 de la Constitución y el 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no dice mucho de la cultura democrática del Estado. Y es que cuando el ministro Zoido dice: «Vamos a procurar que Puigdemont no entre ni en el maletero de un coche», está vulnerando el artículo 19 de la Constitución y el 13 de la Declaración de Derechos Humanos.

Impedir por todos los medios posibles que un diputado como el Sr. Puigdemont, elegido por los ciudadanos, pueda llegar al Parlament de Cataluña e impugnar su candidatura (a pesar del informe desfavorable del Consejo de Estado que ha dicho que no hay base jurídica para impugnar dicha investidura) para evitar que ser escogido presidente de la Generalitat, indica un bajo nivel de democracia del gobierno del Estado.

El dictamen del Tribunal Constitucional, no impidiendo la investidura del Sr. Puigdemont (siempre que se presente al Parlament) es un nuevo revés al gobierno del Estado que había pedido al TC que no permitiese la reelección del candidato del bloque independentista. Incluso la prensa de Madrid ha criticado la actitud del gobierno de impugnar esta elección. Y es que en ningún país civilizado un gobierno impide que un diputado llegue al parlamento para poder ser elegido presidente por los otros diputados.

El pasado 21 de diciembre, el resultado de las elecciones al Parlament de Cataluña derrotó claramente el artículo 155 de la Constitución española, ya que la mayoría independentista, de forma rotunda, se alzó con la victoria al conseguir más diputados que todos los grupos restantes juntos. Y que el gobierno del Sr. Rajoy quiera impedir el ejercicio de la democracia, persiguiendo las ideas e impidiendo que un diputado pueda llegar al Parlament, para ganar así el Sr. Rajoy lo que no pudo ganar en las elecciones de diciembre pasado, no ayuda en nada al diálogo. Y que el partido más corrupto de Europa, y con solo cuatro diputados en el Parlament de Cataluña, pretenda impedir la candidatura del Sr. Puigdemont, coartando la libertad de los diputados, tampoco ayuda nada al diálogo, como pedía el cardenal Parolin.

En ningún país democrático un diputado puede ser excluido por el gobierno del Estado, por los jueces o por los fiscales, de ser elegido presidente. Porquéala cultura democrática se basa en que sea todo el Parlament, los 135 diputados, quien escoja el presidente de Cataluña. Lo que no puede hacer un Estado impedir una elección. Y menos todavía un partido, como el PP, que tiene cuatro diputados en este Parlament.

El gobierno español ha de defender la democracia, que consiste en el respeto a las urnas. Por eso el Sr. Zoido habría de hacer caso del Sr. Holger K. Nielsen, exministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, cuando hace unos días decía: «No puedes solucionar problemas enviando a la cárcel a los políticos con los que no estás de acuerdo». Eso es propio de una dictadura que persigue las ideas y que llega a prohibir que el diputado que tiene más apoyos en la cámara catalana, pueda llegar a ser elegido presidente de Cataluña.

Resulta esperpéntico, como decía el amigo Emili Piera en un artículo reciente (Diari de Girona, 24 de enero), que «Iñaki Urdangarín (sobre el cual pesa una condena) haya podido irse a Ginebra y Carles Puigdemont (cargo electo sin condena) no pueda volver de Bruselas». Y eso que el artículo 19 de la Constitución española (que el gobierno del Estado incumple) y el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (que tampoco respeta el gobierno del Sr. Rajoy) emparan al Sr. Puigdemont a entrar en el Parlament de Cataluña para que pueda ser investido presidente si obtiene el respaldo de la mayoría parlamentaria.

En último término, en toda esta situación que vivimos no se trata tanto de si el Sr. Puigdemont puede ser reelegido presidente de Cataluña o no. La cuestión es la democracia, la libertad y el respeto a las mayorías. O mejor dicho: la falta de diálogo, de respeto a la democracia y a la libertad por parte del gobierno del Sr. Rajoy. Un dialogo que ha pedido el cardenal Parolin y los obispos de Cataluña.

Si el gobierno del Estado no quiere que el Sr. Puigdemont sea elegido presidente de Cataluña, ¿por qué no impidió que encabezara la candidatura de Junts per Catalunya? ¿No sería porqué pensaba que no ganaría? Y si ha ganado, ¿lo más democrático no es que, si consigue los apoyos necesarios, pueda ser elegido presidente?

De nuevo hace falta invocar el dialogo y el respeto a las mayorías y a la democracia, para intentar desbloquear la situación de Cataluña, como pedía el cardenal Parolin, los obispos catalanes y los abades y abadesas cistercienses y benedictinas, permitiendo al presidente Puigdemont que pueda ser investido. El dictamen del TC, que no impide esa reelección, confirma, una vez más, la necesidad de ese diálogo que ayude a encontrar una salida a la situación que vive Cataluña.

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Autor

José Manuel Vidal

Periodista y teólogo, es conocido por su labor de información sobre la Iglesia Católica. Dirige Religión Digital.

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