El pago de un dinero significa una subordinación a una impuesto, que exime el "status quo" y, por lo tanto pagar sería entrar en una dinámica de dependencia auténticamente inaudita
(J. Luis Ferrando).- Una decisión sin duda grave, pero bien meditada, ha obligado a los tres grandes propietarios del Santo Sepulcro (Griegos ortodoxos, Franciscanos y Armenios) a cerrar las puertas del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Si alguien puede calibrar la importancia de esta decisión son los dos Patriarcas y el Custodio de los Franciscanos de Tierra Santa. Y, sobre todo en estos momentos, en plena Cuaresma, y a pocas semanas de la Pascua Ortodoxa y Católica. El cierre de este santuario supone una gran frustración para los miles y miles de peregrinos que, ahora están en Jerusalén, y que no podrán arrodillarse ante el Calvario y la tumba de Jesús. Una frustración espiritual para todos aquellos que, después de recorrer la Tierra Santa, llegan a Jerusalén, como cumbre de su peregrinación.
Esto lo saben muy bien los Patriarcas y el Custodio. Por eso cuando han tomado esta decisión tan grave es porque no había más remedio. Probablemente han habido muchas conversaciones con el Ayuntamiento de Jerusalén, pero al final se han visto obligados a cerrar el Santo Sepulcro. No es una cuestión solamente de dinero, que también, porque el pago de un dinero significa una subordinación a una impuesto, que exime el «status quo» y, por lo tanto pagar sería entrar en una dinámica de dependencia auténticamente inaudita. Ni siquiera el Imperio Otomano tomó una decisión de ese calibre. En el caso de la Custodia de Tierra Santa se le exige el pago del equivalente 170.000 euros de siete años de atrasos en impuestos, que no le corresponden, con la amenaza de embargarle cuentas bancarias.
La denuncia del Custodio y los Patriarcas va más allá, ya que señalan claramente la existencia de una campaña sistemática dirigida contra las Iglesias y la comunidad cristiana en Tierra Santa, en fragante violación de lo establecido desde hace siglos. En el fondo señalan de manera contundente que es una violación de acuerdos internacionales que buscan debilitar a las Iglesias, y que las consecuencias las sufrirán los más pobres, que dependen de las obras sociales de las Iglesias. Y no se privan de calificar las medidas de discriminatorias y racistas. Palabras duras, pero que expresan muy bien su malestar.
Nos tenemos que preguntar, en el mundo convulso de Orientes Medio y, particularmente de la ciudad de Jerusalén: ¿Qué es lo que está en juego? Sin duda, el contexto creado por el Presidente Trump, con el traslado de la Embajada Norteamericana a Jerusalén, ha envalentonado a las autoridades municipales de Jerusalén para tomar decisiones contrarias a los derechos de las Iglesias Cristianas.
En el fondo, las autoridades judías, quieren crear un nuevo «status quo» y controlar de manera absoluta a la Iglesias. Aceptar esta situación sería un paso más, que condenaría a las Iglesias cristianas y a sus fieles a una desaparición más acelerada. Los Patriarcas y el Custodio lo saben perfectamente, por eso no pueden, ni deben ceder. La decisión es muy grave, pero acertada. Está creando muchas inquietudes, pero hay mucho en juego, ya que las Iglesias en Tierra Santa gozan de unos privilegios, reconocidos internacionalmente, no en función de ellas mismas, sino de todo el orbe cristiano y, particularmente de sus comunidades cristianas.
Este tema nos atañe a todos. Esperemos que la comunidad internacional tome cartas en el asunto, particularmente lo gobiernos que secularmente han velado por Tierra Santa, entre otros nuestro gobierno. Esperemos que desde el Consulado General de España en Jerusalén se estén ya haciendo gestiones, para que juntamente con otros países se desbloquee la situación cuanto antes para que los miles de peregrinos que se esperan en Semana Santa no se encuentren las puertas de Santo Sepulcro cerradas. En el Congreso de los Diputados se le debería preguntar al gobierno sobre qué medidas se van a tomar y proponer en la Comunidad Europea para apoyar a las Iglesias cristianas de Jerusalén frente a la arbitrariedad.
No hay que descartar una reacción rápida de las autoridades judías de Jerusalén, ante la gravedad de la situación, y que propongan una moratoria para negociar.
