Así como el arzobispo mártir Óscar Romero decía que "la justicia es como una serpiente: solo muerde a los que van descalzos", también podemos decir lo mismo de la economía, que maltrata a los más débiles y protege a los poderosos
(Josep Miquel Bausset osb).- Son muchos los ancianos que reciben del Estado una pensión vergonzosa. Muchos jubilados cobran menos de 735 euros al mes y otros, menos de 350 euros mensuales.
La manera como un Estado trata a las personas más frágiles de la sociedad, es una prueba de la sensibilidad (o de la falta de sensibilidad) de los gobernantes.
Al lado del escándalo que supone una pensión que solo permite sobrevivir o malvivir, encontramos otros pensionistas que nadan en la abundancia, incluso en personas de conducta, digamos que más que irregular.
Hace unas semanas el diario Información (20 de marzo) exponía la situación de algunos condenados por el GAL y por las tarjetas black, entre los pensionistas del Congreso de los Diputados, que paga pensiones a más de cien exdiputados y exsenadores.
El 2011 se suprimieron las llamadas pensiones parlamentarias debido, según nos dijeron, a la crisis económica. Pero en la actualidad aún reciben la pensión más de cien exparlamentarios que estuvieron un mínimo de siete años en el escaño y que en jubilarse estaban en el límite máximo de percepción de pensiones. Por eso el Congreso de Diputados, con cargo a su presupuesto, ingresa mensualmente la cantidad que necesitan esas personas para que lleguen a la pensión máxima. De esta manera, 111 exparlamentarios continúan cobrando este complemento de pensión.
Un primer detalle, y no menor, es porqué los parlamentarios, con un mínimo de siete años en el escaño ya pueden cobrar de les Cortes españolas. Los trabajadores ¿pueden cobrar una pensión o un complemento si han trabajado solo siete años en una empresa? Es evidente que este asunto de poder cobrar un complemento por trabajar siete años en el Congreso o en el Senado, trae consigo una gran desafección hacia la política, además de ser una gran injusticia.
De los 111 exparlamentarios, dos de ellos cobran más de 3000 euros: Jaime Ignacio del Burgo, con 27 años en las Cortes, primero con UPN y después con el PP, y Pablo Castellano, con 16 años en las Cortes, con el PSOE y con IU. Nada que objetar si legalmente les corresponde eso.
Otros exparlamentarios, concretamente 11, cobran un complemento que oscila entre 2000 i 2500 euros mensuales y 17 más, reciben entre 1500 y 2000 euros cada mes.
El caso más flagrante entre estos últimos es el del Sr Guillermo Galeote, parlamentario del PSOE entre 1977 y 1993, que dimitió como responsable de finanzas del partido en 1991 por el caso Filesa, y que cobra 1839 euros mensuales. O José Acosta, también del PSOE, diputado durante 29 años, condenado a un año de prisión por las targetas black de Caja Madrid, que cobra 1098 euros.
O aún, Ricardo García Damborenea, secretario de los socialistas vizcaínos y diputado entre 1982 y 1989, condenado por colaborar con el GAL con siete años de prisión por el secuestro del Sr. Segundo Marey, y que cobra 2050 euros mensuales.
Haría falta, en un Estado equitativo y con sensibilidad social, que éste favoreciera a las personas más frágiles de la sociedad. Y por el contrario vemos que un diputado, por el simple hecho de serlo durante siete años, cobra más que un pensionista, que ha de malvivir con 735 euros al mes o con solo 350.
Así como el arzobispo mártir Óscar Romero decía que «la justicia es como una serpiente: solo muerde a los que van descalzos», también podemos decir lo mismo de la economía, que maltrata a los más débiles y protege a los poderosos. Con todo, un Estado habría de mostrarse solícito con los más débiles. Y no solo no hace eso, sino todo lo contrario: se muestra fuerte con los débiles y débil con los poderosos.
Los dirigentes del Estado habrían de tener muy en cuenta lo que denuncia el salmo 81: «¿Hasta cuando sentenciareis contra justicia, favoreciendo la causa de los culpables? Son los débiles y los huérfanos que habéis de favorecer: haced justicia a los pobres desvalidos, liberad a los indigentes y a los débiles, arrancadlos de las manos de los injustos».
El gobierno español también habría de tener en cuenta las palabras de Gandhi, cuando a la pregunta sobre qué destruye al ser humano, él respondió: «La política sin principios, la riqueza sin trabajo y los negocios sin moral».
El gobierno español, igualmente, habría de escuchar las palabras del papa Francisco que «invita a los gobernantes a estar al servicio del bien común y a tener en cuenta la ética y la solidaridad» (16 de mayo de 2013). El papa denuncia el capitalismo salvaje «que ha enseñado la lógica del beneficio a cualquier precio» y que trae «la explotación sin contemplar a las personas» (21 de mayo de 2013). Y aún, el papa Francisco nos habla de los «hombres y mujeres sacrificados a los ídolos del beneficio y del consumo» (5 de junio de 2013).
Pero, desgraciadamente, el Estado español, en vez de estar atento a las necesidades de los pensionistas, se muestra fuerte y implacable con los que son los más débiles de la sociedad. Y solo una muestra: España es la séptima potencia mundial en la fabricación de armas. Un gran honor para el Estado. Y entre el 2012 y el 2016 España fue el tercer proveedor de armas a Arabia Saudita. Y otra muestra de la solicitud del Estado por los que más sufren: ¿Cuáles son las cuentas económicas del rey emérito y las del actual? Invito que los lectores de RD vean el programa de TV3 «Preguntes freqüents» del sábado 21 de abril. Aunque en catalán, seguro que verán las cosas más claras y sabrán el dinero que cobra el rey emérito y el actual. Para que después digan que no hay dinero para los pensionistas.
