Infundios, calumnias, mentiras y medidas verdades...todo vale para intentar derrocar a Francisco

Los rigoristas utilizan el caso de los obispos Cox y Órdenes para atacar al Papa

El de Cox es de uno de los casos más repugnantes de obispos abusadores y nunca arrepentidos

Los rigoristas utilizan el caso de los obispos Cox y Órdenes para atacar al Papa
Juan Francisco Cox y Marco Antonio Órdenes

Ante la doble vara de medir de los círculos rigoristas, ¡ya está bien de invocar la misericordia solo para el sacerdote agresor y negar la justicia a las víctimas!

(José M. Vidal).- La ola de conservadurismo político-ideológico que recorre el mundo (desde Bolsonaro en Brasil, a Trump en USA, pasando por Orban en Hungría, Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia o el renacido Vox de Santiago Abascal en España) se basa en el eje identitario y tiene su correlato en la Iglesia católica. Son los grupos rigoristas que, apoyados por el dinero, el poder y la influencia de sus pares civiles, lanzan sus huestes clericales y mediáticas contra el Papa Francisco a tiempo y a destiempo, en una labor de zapa que no tiene parangón.

Técnicos en la utilización de las ‘fake news’ y de las técnicas de ‘agitprop’ (agitación), los rigoristas eclesiales lanzan todo tipo de infundios, calumnias y mentiras, adobadas con medias verdades, con tres objetivos. El primero, sembrar la duda, el desconcierto y la desconfianza, al más puro estilo del clásico ‘calumnia que algo queda’.

El segundo, hacer el máximo ruido con sus terminales mediáticas, para dar la sensación de que son muchos y poderosos. El tercero, provocar y desanimar a los grupos y medios defensores del Papa. El objetivo final es derrocar al Papa o, como suelen decir en algunos de sus blogs, «cobrarse la pieza de caza mayor».

Y, para atacar al Papa, aprovechan cualquier oportunidad, porque viven y trabajan para eso y en función de eso. El último intento de ‘manchar’, al menos indirectamente a Francisco, se centró en los casos de los recién dimitidos obispos chilenos. Se trata de los obispos eméritos de La Serena, José Francisco Cox, de 85 años, y de Iquique, Marco Antonio Órdenes, de 54.

Aducen los rigoristas que con la expulsión de sendos obispos del estado clerical, «el orden sagrado queda reducido a un mero contrato laboral». Según como se entienda, quizás estén en lo cierto. Pues ambos obispos recibieron un don excelso para servir al pueblo de Dios y lo convirtieron en instrumento de su propio interés personal, incluso de su propio placer sexual.

Cox, obispo abusador nunca arrepentido

Las webs rigoristas presentan así el caso del ex arzobispo de La Serena (Chile) y ex clérigo Cox Huneeus: «Padecería Alzheimer; estaría recluido en un convento de Alemania; le habría sido violado el derecho de defensa, al no haber un juicio canónico del que se tenga noticia; finalmente, el obispo habría de alguna manera reconocido hechos y pedido disculpas, dando comienzo a una vida de reclusión penitente que le permitiría, el ejercicio del sacerdocio en privado».


 

Un cúmulo de mentiras, disfrazadas de medias verdades. Por ejemplo y en primer lugar, José Francisco Cox Huneeus, según ha relatado un padre Schoenstatt que le conoce bien, presenta algún síntoma débil pasajero de demencia senil, pero no de alzheimer (sus declaraciones de hace unos días ante un medio de comunicación chileno lo prueban).

En segundo lugar, es cierto que no tuvo juicio canónico, pero no porque le fuera lesionado su ‘derecho de defensa’, sino porque, en el 2002, parece que los entonces Prefectos de la Congregación de Obispos y el Secretario de Estado, a petición del Cardenal Errázuriz, le permitieron, contra lo que disponía la ley canónica vigente (mp Sacramentorum Sanctitatis Tutela del 2001), que ‘renunciara’ al oficio episcopal sin pasar por un juicio penal canónico por las numerosas denuncias que pesaban contra él. En particular, la del Rev. Hervia, quien sufrió especialmente las consecuencias de haber destapado la corrupción que se vivía en La Serena.

En tercer lugar, la decisión que se adoptó fue la de trasladarlo no a un ‘convento’, sino a una casa de Schoenstatt en Europa (Vallendar, Alemania), donde debería llevar una vida ‘penitente’. Sin embargo, también allí abusó al menos de un menor en el 2004, a pesar de que los superiores Schoenstatt y los cardenales habían asegurado que lo retiraban de Chile para que no fuese un peligro para la infancia.

Finalmente, durante la ‘misión Scicluna’ en Chile, fueron numerosos los testimonios que se acercaron a la Nunciatura para presentar denuncias por los abusos sufridos por parte de Cox y nunca tratados judicialmente por la Iglesia ni reparados en justicia. Algunos de ellos, como Abel Soto Flores o Hernan Godoy así lo explicaron en la prensa chilena e, incluso recientemente denunciaron los hechos ante las autoridades civiles.

Una búsqueda mínimamente seria por las hemerotecas conduce a tener una idea solo aproximada de las decenas de vidas destruidas por Cox y por aquellos que se lo toleraron en su momento. Se trata de uno de los casos más repugnantes de obispos abusadores, agravado por el hecho de que nunca ha pedido el más mínimo perdón a las víctimas y, menos aún, les ha ofrecido una reparación. Al contrario, continuó abusando en su estado de ‘pre-jubilación’ en una casa alemana de Schoenstatt.

Por todo ello tan pronto tuvo noticia de estos hechos el pasado mes de agosto, el Papa Francisco ordenó inmediatamente recoger las pruebas, presentárselas al reo para que se defendiera y, valorándolo todo atentamente, procedió justamente a dimitirlo por el art. 21, 2,2 SST.

Órdenes, el protegido de monseñor Barros

En lo que se refiere al ex obispo y ex clérigo Marco Antonio Órdenes, también parece que dispuso del ejercicio de su legítimo derecho a la defensa plenamente garantizado en el proceso que se realizó a su cargo durante 2013, pudiéndose defender de las acusaciones que pesaban en su contra.

Según han relatado a esta redacción fieles de Iquique, Órdenes fue consagrado obispo en 2006 con el apoyo de Mons. Juan Barros, entonces obispo de la diócesis, a pesar de las sospechas («vox populi») sobre la homosexualidad activa del candidato, incluso con menores. Poco después de su consagración sería denunciado canónicamente por continuar manteniendo relaciones homosexuales junto con un grupo de sacerdotes homosexuales muy influyentes de su diócesis.

En 2012 intervino la Congregación para la Doctrina de la Fe, al recibir la denuncia de un joven, Rodrigo Pino, que acusó al obispo de haber abusado de él de manera reiterada durante dos años, cuando aún era sacerdote y el menor tenía entre 15 y 16 años. Aportó numerosas pruebas, incluso una grabación en la que el obispo, fácilmente reconocible, confesaba haber mantenido relaciones con él y con otro adolescente. Rodrigo, a resultas de los abusos sufridos cuando era adolescente, sufrió una crisis de identidad sexual e incluso estuvo alguna vez al borde del suicidio.

Solo cuando el psiquiatra que lo trató, le obligó a manifestar el nombre de su abusador, se supo que era Ordenes, sacerdote de plena confianza de la familia. Resultó muy revelador el testimonio público que dio en televisión Rodrigo Pino, explicando cómo fue todo el proceso por el que cayó bajo la influencia afectiva de Ordenes, cuando era un adolescente, sin madurez ni posibilidad de defenderse del agresor.

Por otra parte, hubo también otras muchas acusaciones contra el entonces obispo Ordenes, esta vez en Santiago, así como sospechas fundadas de otros hechos relacionados con su actividad homosexual con jóvenes.

Al conocer estos hechos, Doctrina de la Fe los presentó al entonces recién elegido Papa Francisco y se tiene noticia de que éste autorizó un proceso penal, en el que el acusado tuvo oportunidad de defenderse. Concluido este largo proceso cuyos particulares desconocemos por estar sujeto al secreto pontificio, finalmente se procedió a dimitirlo según el art. 21, 2, 2 SST.

Por otra parte, hay que tener presente la particular situación de Ordenes durante los últimos cinco años: ya emérito de Iquique, ha esquivado el contacto con el resto del episcopado chileno y no ha podido celebrar en público la misa por las críticas que recibía al hacerlo.

En estos dos casos y en otros, se suele recurrir a la tan manida ‘sentencia en ámbito civil de sobreseimiento’, para invocar así la inocencia del acusado. Lo cierto es que muchos casos se concluyen con el sobreseimiento por falta de pruebas o incluso por prescripción de los hechos denunciados, sin que ello implique la ‘declaración de inocencia’.

Pero hay que tener presente que la Iglesia tiene su propio ordenamiento jurídico, con sus propios bienes jurídicos tutelados, a veces diversos de los del ámbito civil (por ejemplo, la tutela de los sacramentos), con sus propias reglas de valoración de la prueba y con sus propios medios para obtener esta última. Incluso puede derogar la prescripción de los delitos, lo que al final puede llevar a condenar a alguien canónicamente aunque, civilmente, haya sido absuelto. El caso de Karadima es paradigmático de ello.

La expulsión del estado clerical es la pena máxima que puede aplicar la Iglesia. No se aplica solo al sacerdote ‘contumaz’, como afirman algunos (por cierto, Cox lo fue, pues incluso cuando se le aplicó una especie de ‘sanción administrativa’ continuó abusando de menores), sino cuando la gravedad de los hechos y las circunstancias de los abusos requieren proceder de este modo «para reparar el escándalo, restablecer la justicia y enmendar el reo» (can. 1341).

Las publicaciones rigoristas no tienen en cuenta, de modo interesado, que el derecho canónico prescribe dos tipos de penas: por un lado, están las penas medicinales o censuras (excomunión, interdicto y suspensión) que buscan, sobre todo, la conversión del reo, pero que no pueden ser ni tan siquiera aplicadas si el reo ha cesado en su contumacia (can. 1347). Por otra parte, si después de ser castigado con la censura se arrepiente, también se le debe remitir obligatoriamente la pena (can. 1358). Por otro lado, están las penas expiatorias (can. 1336-1338).

Por tanto, es una grosera manipulación no hablar de estas últimas, que buscan, sobre todo, la reparación de la injusticia cometida por el delincuente: la previsión del legislador canónico de castigar los casos más graves de delicta graviora con la pena de la dimisión del estado clerical no solo está plenamente justificada, sino que es necesaria

Ante la doble vara de medir de los círculos rigoristas, ¡ya está bien de invocar la misericordia solo para el sacerdote agresor y negar la justicia a las víctimas! «La justicia sin misericordia es crueldad, pero la misericordia sin justicia genera disolución», como decía Santo Tomás de Aquino. O, como suelen decir hoy los expertos, «un sacerdote o un obispo pedófilo, particularmente cuando se ha demostrado que este vicio está especialmente radicado en su vida, es un gran peligro para la comunidad, pues su inclinación estará siempre presente».

La sociedad eclesial, como la civil, tiene no solo el derecho sino la obligación de tutelar la seguridad de los más indefensos. Por ello se entiende que la ‘tolerancia cero’ proclamada y puesta en acto por el Papa Francisco y sus predecesores sea la expresión de este compromiso, que nace de la justicia y de la caridad hacia toda la comunidad cristiana y civil.


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Autor

José Manuel Vidal

Periodista y teólogo, es conocido por su labor de información sobre la Iglesia Católica. Dirige Religión Digital.

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