1 de cada 4 trabajadores realiza horas extras sin remuneración, y la mitad de los temporeros cobran “en negro”

Cáritas reclama una Ley Integral contra la trata de personas

Un informe denuncia la precariedad y explotación laboral entre los temporeros, la hostelería y los empleos del hogar

Cáritas reclama una Ley Integral contra la trata de personas
1 de cada 4 trabajadores realiza horas extras sin remuneración, y la mitad de los temporeros cobran “en negro” RD

Cáritas insta a "modificar el Código Penal para tipificar de manera autónoma el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre, diferenciándolos de la explotación laboral"

(Jesús Bastante).- Uno de cada cuatro trabajadores temporeros son inmigrantes irregulares, que sufren precariedad y explotación laboral y donde se observan «posibles situaciones de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzoso«, según el último informe presentado por Cáritas este mediodía en Madrid.

El estudio, que lleva por título ‘Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos el hogar’, está basado en 917 entrevistas a personas acompañadas por Cáritas en estos tres sectores. Y las vulneraciones son graves. Así, el 30% cobra menos del salario que le correspondería legalmente; el 25% realiza horas extras sin remuneración; o, en el caso de los temporeros, la mitad cobra todo o parte del salario ‘en negro’.

La situación se hace más preocupante al comprobar que una de cada 20 personas han recibido amenazas, porcentaje que aumenta hasta el 13% en el sector agrícola, tal y como denuncia Hilde Daems, del equipo de Inclusión Social de Cáritas. Un 4% vio retenida su documentación (en el sector agrícola, el 12%), mientras que un 12% ha recibido un trato humillante, que en el sector agrícola se dispara hasta el 22,5%.

«Se han normalizado las vulneraciones de derechos. La norma es no cumplir la norma«, añade Daems, que apunta que estos trabajadores «se encuentran desprotegidos y no se sienten legitimados para acceder al mercado de trabajo». Sólo un 5% se atreven a denunciar, por miedo a perder el trabajo o porque la denuncia no cambiaría sus condiciones laborales.

 

 

Casi uno de cada cuatro trabajadores del sector agrícola, constata el informe, están en riesgo de sufrir «posibles situaciones de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzoso«. Un delito que Cáritas exige se erradique de inmediato. Así, afirman sus responsables, «es urgente impulsar una Ley integral para todas las formas de trata que incluya y establezca mecanismos adecuados para la protección, recuperación y restauración de las víctimas».

«Buscamos una sociedad donde no existan personas en situación de tanto dolor y precariedad como con las que nos encontramos», sostiene Paco Cristóbal, director del Área de Comunicación de Cáritas Española, quien apuesta por «visibilizar lo invisible».

«Exigimos sociedades sin pobreza y sin exclusión social», constaba Cristóbal, quien añade que el informe muestra la «realidad de la explotación laboral» en nuestro país. «En Cáritas nos tomamos muy en serio la vulneración de los derechos laborales y nos comprometemos con su erradicación y su prevención. Para ello, abogamos desde hace años por un marco de Trabajo Decente para todos dentro de la iniciativa que venimos impulsado en coordinación con otras organizaciones de Iglesia», constata el experto.

Para erradicar este lacra, Cáritas apuesta por poner en marcha las medidas que contempla el Protocolo Vinculante P029 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, que entró en vigor en España el pasado 20 de septiembre, así como «modificar el Código Penal para tipificar de manera autónoma el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre, diferenciándolos de la explotación laboral».

 

 

 

Al tiempo, alerta de la dificultad en la renovación de las autorizaciones de trabajo, lo que provoca que un número significativo de personas extranjeras caigan en situación de irregularidad sobrevenida, siendo arrojadas de nuevo a la economía sumergida y teniendo que comenzar de cero para volver a la regularidad, con los costes que implica tanto para el trabajador como para el empresario.

Además, la normativa de extranjería contempla un régimen sancionador muy rígido que provoca dificultad en la movilidad territorial y funcional, y que trabajar en el mercado sumergido se considere una infracción grave para el trabajador y muy grave para el empleador, por lo que esta actividad se vuelve más oculta y fuente de mayor vulnerabilidad.

Cáritas incide, por ello, en la necesidad de «evitar la irregularidad sobrevenida», flexibilizando el sistema de renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo, y desvinculando dicho permiso con el territorio o la actividad que la persona pueda desarrollar. Esto contribuiría a reducir la bolsa de empleo sumergido y facilitaría que los empleadores acudieran a la contratación regular, además de permitir que los trabajadores pudieran acceder a formación y búsqueda de empleo sin caer en la vulnerabilidad y la exclusión.

Por último, sería positivo replantearse el acceso a autorizaciones de residencia de personas que ya están en nuestro territorio, pero en situación irregular, y que durante un largo espacio de tiempo están abocadas a acudir a la economía informal para sobrevivir, constata Cáritas.

Durante la rueda de prensa, han aportado su testimonio personal dos testigos directos de las malas y buenas prácticas que tiene lugar en los ámbitos analizados: Samira El Allali, una mujer de origen marroquí que lleva a sus espaldas una larga trayectoria tanto como trabajadora del hogar como empleada en el sector de la hostelería; y Eugenio Zambrano, director financiero de la empresa agrícola Berries de los Mimbrales situada en Almonte (Huelva), productora de frutos rojos y que, dentro de un modelo de economía social, utilizada criterios éticos en la contratación de sus trabajadores.

 

Autor

Jesús Bastante

Escritor, periodista y maratoniano. Es subdirector de Religión Digital.

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