En los últimos días ha vuelto a un primer plano con el caso de Theodore McCarrick, el cardenal estadounidense primero despojado de la púrpura cardenalicia y por último reducido al estado laical.
En esta línea, los presidentes de dos órganos asesores de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) han solicitado a los prelados que insten a la Santa Sede a hacer pública toda la documentación relacionada con la mala conducta de Theodore McCarrick, de acuerdo con la ley canónica y la ley civil.
«Una vez más presentamos una resolución relacionada con el escándalo de McCarrick«, ha declarado la coronel del Ejército Anita Raines, presidenta del Consejo Consultivo Nacional para los Obispos de Estados Unidos (NAC), en el informe que ha presentado a la Asamblea General de la USCCB que se celebra esta semana en Baltimore.
«La NAC solicita por unanimidad que los obispos de Estados Unidos exhorten a la Santa Sede a hacer públicos los resultados de las investigaciones diocesanas y archidiocesanas de Theodore McCarrick», ha señalado.
Inmediatamente después, Francesco Cesario, presidente de la National Review Board (NRB), otro grupo asesor laico para los obispos de Estados Unidos sobre protección de menores contra abusos, ha pedido también a los obispos que soliciten la liberación de todos los documentos relevantes sobre la investigación de McCarrick.
Haciendo referencia a una resolución de los prelados, en su reunión de noviembre de 2018, que pedía la publicación de los documentos, y que fue rechazada en última instancia ante la preocupación de que pudiera verse como opuesta a la Santa Sede, Cesario ha dicho que «la salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia», y que «el cuidado de su pueblo debe estar a la vanguardia cuando se trata de este tema».
Además de solicitar la publicación de los documentos relacionados con la investigación de McCarrick realizada por la Santa Sede, los mencionados órganos consultivos han expresado su preocupación por las directivas propuestas por la USCCB para la implementación de la carta apostólica del papa Francisco Vos Estis Lux Mundi como respuesta a la crisis de los abusos.
En particular, Raines ha aseverado que, aunque las directivas fomentan la participación de los laicos en las investigaciones de acusaciones de abuso sexual de obispos por parte de los arzobispos metropolitanos, no requieren que sea obligatoria tal participación de expertos laicos. La posibilidad de excluir de las investigaciones a expertos cualificados, da la «percepción de que los obispos investigan a los obispos», ha detallado Raines.
Cesario ha expresado preocupaciones similares. «Aunque la NRB elogia a la Santa Sede por dar un paso muy importante en términos de responsabilizar a todos los clérigos por los abusos», ha apuntado, su grupo «sigue incómodo» con el modelo de metropolitanos supervisando las investigaciones de acusaciones de abuso contra otros obispos. «Esto esencialmente sigue siendo ‘obispos vigilando a los obispos'», ha indicado.
«La participación de los laicos es clave para restaurar la credibilidad de la Iglesia», ha subrayado. Dejarlos fuera del proceso de investigación «indicaría una continuación de una cultura de autoconservación que sugiere complicidad».
Entre otras peticiones del NRB, Cesario ha mencionado la necesidad de mejorar y ampliar el proceso de auditoría relacionado con el Estatuto para la protección de niños y jóvenes, conocido como Carta de Dallas, y garantizar que sea verdaderamente independiente.
La Carta de Dallas se redactó en el 2002, como respuesta a las revelaciones nacionales de abuso sexual de menores por parte de clérigos, y fue aprobada en el año 2005. Ha sido revisada en 2011 y en 2018.
La auditoría anual mide el cumplimiento de las medidas preventivas y protectoras de la Carta por parte de las diócesis. El actual proceso de auditoría tiene casi 10 años y debe ser más exhaustivo, ha insistido Cesario.
«Cualquier retraso en la revisión de la Carta o la implementación de una auditoría avanzada no solo pondría a los niños en riesgo», ha asegurado, sino que «indicaría un paso atrás».
Históricamente, los obispos de Estados Unidos han expresado su preocupación acerca de la expansión del proceso de auditoría, advirtiendo que la «ampliación de la auditoría» podría plantear riesgos de privacidad y negar su autoridad como obispos para supervisar la implementación de la carta.
«Ahora es el momento de elevar el nivel de cumplimiento para garantizar que los errores del pasado no se hayan vuelto a producir», ha concluido Cesario, al tiempo que ha incidido en que un nuevo proceso «no sería una auditoría trampa».
