Invirtió 10,6 millones de dólares entre 2011 y 2018 para bloquear cambios legislativos

La Iglesia en Estados Unidos presionó para que sus abusos queden impunes

La Iglesia en Estados Unidos presionó para que sus abusos queden impunes
El cardenal estadounidense Donald Wuerl, acusado de encubrir abusos sexuales por parte del clero. EP

Estalla una nueva bomba. El drama de los abusos a menores de la Iglesia en Estados Unidos –y en otras partes del mundo– destapado a cuentagotas en la última década se enturbia cada vez más: mientras la Jerarquía Católica estadounidense proclamaba su consternación por los hechos y mostraba su cooperación con las autoridades, paralelamente invertía más de 10 millones de dólares entre 2011 y 2018 para bloquear cambios legislativos que estaban siendo acometidos por ocho estados con el fin de ampliar el tiempo de prescripción en delitos de abuso sexual.

Según un informe elaborado por tres despachos de abogados, la Iglesia Católica destinó un total de 10,6 millones de dólares para hacer lobby en ocho estados del noreste de Estados Unidos con el objetivo de que sus congresos no sacaran adelante ese tipo de reformas legislativas.

De hecho, en un período de siete años, los estados de Pensilvania, New York, Connecticut, New Jersey, Massachusetts, New Hampshire, Maine y Rhode Island evaluaron la posibilidad de ampliar el tiempo de prescripción de ese tipo de delitos, lo que habría permitido juzgar a numerosos clérigos acusados de haber abusado sexualmente de menores hace décadas.

«Las actividades de lobby de la Iglesia contrastan con sus declaraciones públicas sobre la necesidad de apoyar y ofrecer una conclusión a los supervivientes», denuncia el informe.

El estado en el que esta presión fue más intensa fue Pensilvania, donde, según los datos recopilados por estos bufetes de abogados, la Iglesia llegó a invertir un total de 5,32 millones de dólares para paralizar una ley que, tras ser aprobada el pasado 10 de abril de 2019 por la Cámara de Representantes estatal, espera ahora a ser votada en el Senado.

Precisamente este estado ha sido el centro del escándalo de los presuntos abusos por parte de religiosos en Estados Unidos, después de la publicación, en agosto del año pasado, de un informe judicial en el que se denunciaban miles de casos de abusos a menores por parte de miembros del clero.

Desde la difusión de aquel informe judicial, cerca de 50 diócesis de todo Estados Unidos han publicado listas con nombres de más de 1.200 curas acusados de abuso sexual a menores.

La Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) ha anunciado desde entonces un plan integral para abordar la «catástrofe moral» que sufre en su seno la Iglesia estadounidense tras el escándalo de abusos sexuales a menores destapado en Pensilvania.

Por otra parte, en el estado de Nueva York, que el pasado 14 de febrero aprobó la conocida como Ley de Víctimas Infantiles, la inversión del clero fue de 2,9 millones de dólares.

Mientras, en New Hampshire, donde el gasto en labores de lobby fue de apenas 134.345 dólares, por el momento no se ha presentado ninguna propuesta legislativa en firme, de lo que se deduce que la presunta inversión haya sido menor que otros lugares con iniciativas en este sentido.

El nuevo escándalo se produce pocas semanas después de que cinco presuntas víctimas de curas católicos en Estados Unidos, incluidos tres hermanos, interpusieran una demanda contra el Vaticano para que haga públicos los nombres de los miles de clérigos que han sido acusados de abusos sexuales.

Los tres hermanos son presuntas víctimas de Curtis Wehmeyer, un cura de Minesota que en 2012 fue condenado a cinco años de cárcel tras declararse culpable de una veintena de delitos, entre ellos abusos sexuales y posesión de pornografía infantil, en un caso que entonces tuvo gran repercusión en el país.

«Tengo demasiados nietos y nietas como para permitir que esto vuelva a suceder», decía entonces Stephen Hoffman, uno de los tres hermanos que fueron víctimas de abusos por parte de Wehmeyer entre 2006 y 2012 y que, con la demanda, hicieron pública su historia.

Otro de los demandantes fue presuntamente víctima entre 1978 y 1984 del excura Fidencio Silva-Flores, al que Estados Unidos imputó por abusos a menores en 2003 pero nunca llegó a ser juzgado por encontrarse en México en ese momento.

Aquella demanda acusaba al Vaticano de encubrir a los 3.400 religiosos en todo el mundo de los que reconoce haber recibido denuncias de abusos y los contextos en los que se produjeron.

«Historias que solo conoce el Vaticano», tal y como se quejaba entonces el abogado de los demandantes, Jeff Anderson, que ya se ha querellado en el pasado contra la Santa Sede por casos de abusos sexuales. Pero siempre sin éxito.

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Autor

Pablo Santos

Experto en información religiosa

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