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Acoso y derribo. Las Hermanitas de María, la orden francesa de monjas que prefirieron renunciar a sus votos antes que sufrir un ‘comisariato’ impuesto por Roma que consideraban contrario a su carisma, han puesto el caso en manos de abogados con la intención de denunciar la acción del Vaticano ante los tribunales civiles.
Los cargos contra las Hermanitas de María eran categóricos: rezaban demasiado y estaban demasiado apegadas a la tradición, por no hablar del ‘autoritarismo’ del modelo organizativo.
Así que Roma actuó como suele: nombrando una comisaria. Para las hermanas resultó una autoridad más insoportable que la habitual, con el agravante de que no tenía nada que ver con el espíritu que les había hecho profesar como religiosas.
Así que, después de un año de aguantar el comisariato, 34 de las 39 monjas pidieron la dispensa de los votos y se disolvió la orden.
El cardenal João Braz de Aviz, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, podía colgar el cartel de ‘Misión Cumplida’ y apuntarse una nueva muesca en el revolver, a sumar a los Franciscanos de la Inmaculada, Familia Christi, o la Hermandad de los Santos Apóstoles.
Las hermanitas, que pronto atrajeron muchas vocaciones a ese páramo que es la diócesis de Laval, llamaron la atención del obispo Thierry Scherrer, quien las denunció a Roma.
Empezó la operación de acoso y derribo con varias ‘visitaciones’, en 2016 y 2018, hasta que la madre superiora y la superiora de novicias fueron alejadas a distantes monasterios y sustituidas por tres comisarias.
El pasado 17 de septiembre, Braz de Aviz ordenó que las 39 hermanitas aceptaran «sin reservas» los nuevos mandos, a lo que 34 respondieron solicitando la dispensa de sus votos.
La Asociación de Apoyo a las Hermanitas de María acaba de anunciar su intención de llevar el caso a los tribunales civiles, acusando al Vaticano de daños morales y difamación.
La congregación presidida por Braz de Aviz había acusado a las hermanas de «obstinada negativa a la obediencia», así como de «inmovilismo» y «falta de apertura».
Según Maître Buchser, el abogado que se encarga del caso, «no se puede pensar que el derecho canónico confiera todos los derechos, incluido el de oponerse a la legislación civil».
Podríamos estar ante un nuevo problema eclesiástico que tenga que ser resuelto por las autoridades civiles.
