Como dice el viejo refrán español: ‘Cuando un tonto sigue una senda, se acaba la senda y sigue el tonto’.
Y el Gobierno Sánchez sigue adelante con sus planes para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Pese a que la cuestión está ahora en manos del Tribunal Supremo -que habrá de decidir si autoriza la exhumación, tras suspenderla de forma cautelar- el Ejecutivo socialista ha contratado ya a una empresa para que se ocupe de los trabajos. El coste asciende a 11.709,17 euros.
Así consta en la respuesta del Ministerio de Presidencia, de Carmen Calvo, a una petición de información a través del Portal de Transparencia, y a la que ha tenido acceso Luz Sela y de la que se hace eco este 3 de julio de 2019 en el online OKdiario.
La solicitud pretendía conocer «el coste final de los trabajos necesarios para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos» así como de «la posterior inhumación en el cementerio de El Pardo».
La Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad resuelve:
«En lo que se refiere al coste final de los trabajos de exhumación, cabe señalar que respecto de las actuaciones que corresponden a este departamento, se ha suscrito un contrato con una empresa que se encargará de las labores de exhumación y traslado de los restos mortales».
Y añade que «el presupuesto de adjudicación para las actuaciones referidas que consta en dicho contrato asciende a 11.709,17 euros, IVA incluido». Asimismo, el departamento de Calvo remite el expediente al Ministerio de Hacienda para que responda, en su competencia, sobre «la parte relacionada con la inhumación».
Al margen del Supremo
La respuesta constata que el Ejecutivo de Sánchez, ahora en funciones, avanza con los trámites para sacar a Franco del Valle de los Caídos, aún cuando el Supremo no ha dirimido sobre la cuestión.
El Gobierno se ha visto obligado en varias ocasiones a desistir de sus planes para la exhumación por los varapalos judiciales.
De hecho, cabe recordar que, hace justo un año, el propio Sánchez se comprometió a sacar los restos durante el verano, algo que no se ha producido doce meses después. En su último intento, el Ejecutivo llegó a fijar por decreto una fecha para la exhumación, el pasado 10 de junio.
Sin embargo, esa pretensión quedó obsoleta por la decisión del Supremo de acceder por unanimidad a la petición de la familia para paralizar la operación.
Los cinco magistrados de la sección cuarta determinaron que seguir adelante, mientras no haya una sentencia firme sobre el fondo del asunto, podría ser «extraordinariamente perjudicial no sólo para los recurrentes, sino también para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en este caso».
El tribunal dio además «un plazo razonable» para decidir sobre el fondo del asunto.
Desde el Gobierno no se tira la toalla.
«Obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Gobierno está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco».
Trabajos en El Pardo
El procedimiento es aún más complejo de lo que parece. Al margen de lo que determine el Supremo, la exhumación precisa aún de la licencia urbanística -expedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial- que fue paralizada por un juez de Madrid. El intento de la Abogacía del Estado de recusar a este magistrado cayó en saco roto hace unos días, de forma que el Gobierno tendría que obtener una nueva licencia y ahora el Consistorio está gobernado por el PP.
Los trabajos de la exhumación, según las fuentes consultadas, contradicen las propias normas urbanísticas del Ayuntamiento, así como el Catálogo de Bienes Protegidos, que conceden a la Basílica del Valle de los Caídos el grado de protección integral, el máximo posible.
A finales de mayo, y antes de que el Supremo accediese a las medidas cautelares, este periódico ya avanzó que Sánchez había puesto a trabajar a un equipo de operarios en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo para tener listo el nicho donde enterrar al dictador.
Los operarios fueron contratados por la Administración central para realizar dichas labores, ya que, desde el 11 de mayo, el Estado es titular del panteón donde también se encuentra enterrada la mujer de Franco, Carmen Polo.
La última polémica relacionada con la exhumación llegó este mismo lunes, a cuenta de las declaraciones del nuncio, Renzo Fratini, en las que acusaba al Ejecutivo de «resucitar a Franco» y esconder «motivos ideológicos» en la exhumación.
Desde el Gobierno se avanzó que, en los próximos días, se trasladará una queja al Vaticano.
«Es una injerencia evidente. Un comportamiento absolutamente inaceptable», declaró la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
