Ofensiva fiscal. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha negado recientemente que la postura del Gobierno de revisar la fiscalidad de la Iglesia católica se deba a la polémica suscitada por la exhumación de Franco tras las declaraciones del nuncio apostólico en España, el italiano Renzo Fratini.
«Para nada», ha asegurado cuando le han preguntado si la reacción del Ejecutivo socialista era producto de una rabieta ante las declaraciones del arzobispo Fratini en una entrevista en la que manifestaba que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha resucitado a Franco».
La titular de Hacienda ha recordado, en este sentido, que la vicepresidenta Carmen Calvo, en su visita al Vaticano ya expresó la voluntad del Ejecutivo español de revisar la tributación de la Iglesia. «Ya tuvo conversaciones respecto a esta materia y es un tema muy importante», ha añadido.
Montero ha apuntado la necesidad de realizar «la categorización de cuáles son los patrimonios que están al servicio de los ciudadanos y cuáles forman parte del patrimonio de la Iglesia que, en estos momentos, tienen una exención y que parece que habría que revisar».
Ha precisado, no obstante, que la revisión de la fiscalidad afectaría fundamentalmente al IBI de bienes de la Iglesia que no están dedicados al culto religioso ni a fines sociales y ha mantenido al margen los tributos recaudados a través de la casilla del IRPF.
Según ha explicado la ministra en funciones, lo que propone el Gobierno «no tiene tanto que ver con la casilla de la Iglesia sino con el IBI, con la exención de algunos impuestos». Y ha detallado que respecto a «los lugares de culto o los lugares que se desarrolle acción social tenga el mismo trato que el resto de ONG», pero «en otras pertenencias de la Iglesia que no estén desarrollando esa tarea hay que replantearse esa contribución que básicamente va a los ayuntamientos».
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española está dispuesta a llegar hasta el final para defender sus intereses en la batalla fiscal que ha ‘resucitado’ el Gobierno en funciones.
Carmen Calvo instó a revisar la fiscalidad de la Iglesia y que los lugares que no son de culto comiencen a pagar el IBI. Pero los obispos consideran que para ello hay que cambiar la Ley de Régimen Fiscal Especial, lo que conllevaría que sindicatos, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro también tuvieran que abonar sus correspondientes tasas de las que ahora están exentas.
El ‘choque de trenes’ entre Iglesia y Gobierno en funciones no es nuevo, pero sí ha estallado en un momento en el que las relaciones parecían estabilizadas y encauzadas. Desde el pasado mes de octubre en el que la vicepresidenta viajó a Roma para verse con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, las vías de comunicación han estado funcionando de una manera fluida.
