El 4 de agosto de 2019 se votará en Uruguay en pre referéndum una «Ley Integral para Personas trans». El arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, ha enviado una carta a los católicos ante la «confusión» creada «alrededor de la postura de la Iglesia en torno a la Ley Integral para Personas Trans», así como al referéndum para su derogación.
«Es una realidad que las personas trans han sido históricamente de los grupos más discriminados por su condición, lo que genera un gran dolor», ha manifestado el purpurado uruguayo. En este sentido, ha asegurado que quienes «sufren» siempre «contarán con el apoyo y el acompañamiento de la Iglesia».
Asimismo, el cardenal Sturla ha aclarado su posición ante el referéndum: si bien está «en contra de varios artículos de la ley porque están basados en la ideología de género» –ante la cual «solo cabe una antropología cristiana»– ha considerado que esta normativa «ampara a un pequeño grupo de personas que han sido discriminadas». «Ellas merecen por esta situación ser tenidas especialmente en cuenta», ha subrayado.
«Creo que cada católico con madurez y libertad decidirá lo que le parezca más oportuno», ha indicado el arzobispo de Montevideo en su comunicado. «Por mi parte, entiendo que hay que buscar otros caminos para poder cambiar los artículos de la ley que significan una toma de postura ideológica del Estado, y, al mismo tiempo, atender y reparar la situación de discriminación que han sufrido las personas trans», ha aseverado.
La Iglesia uruguaya ya valoró este proyecto de ley en mayo de 2018: «Aprovechando la discriminación que sufre un determinado grupo, se está pretendiendo alterar todo el tejido social fraterno creado por nuestra sociedad democrática y consagrado en nuestra Constitución», decía el texto.
La comisión de Familia y Vida de los obispos uruguayos criticaba las definiciones de género de la propuesta legal y añadía que «la ciencia y la común experiencia, en oposición a las afirmaciones anteriores, enseñan que el sexo biológico es independiente de toda ley y de toda convención humana».
La nota de los obispos avisaba: «El desarrollo “deconstructivo” de este proyecto de ley llega a proponer que los menores de 18 años puedan solicitar cambiar su registro de nombre y sexo, y que puedan acceder a tratamientos médicos que alteren su normal desarrollo. También, en caso de que los padres no apoyen esta decisión, que la ley autorice a representantes legales para lograr estos objetivos. Nos preguntamos: ¿es lógico considerar que un niño o un adolescente menor de edad tienen la suficiente madurez, para tomar una decisión de tal magnitud que podría afectar su vida irreversiblemente? A su vez: ¿puede una ley desautorizar y desvalorizar a las madres y padres de familia, pasando por encima de su patria potestad en una materia de tanta importancia? Por último: sustituir a los padres por un representante estatal en una decisión tan compleja, ¿no es una actitud propia de los estados totalitarios?»
