Se archiva la última causa penal pendiente contra el arzobispo de Oviedo y el obispo de Cuenca

La Justicia española vuelve a dar la razón a los comisarios pontificios de Lumen Dei

La Justicia española vuelve a dar la razón a los comisarios pontificios de Lumen Dei
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, junto a varios miembros de Lumen Dei. EP

Agotada la vía judicial. La intervención por parte de la Santa Sede en la agrupación Lumen Dei está siendo realmente un Via Crucis que está llegando a sus últimas estaciones.

La Unión Lumen Dei concentra a sacerdotes y laicos vinculados a la obra misionera del jesuita asturiano Rodrigo Molina y su compromiso con los más necesitados mientras trabajaba con los pobladores de los Andes peruanos en los años 60.

Este buen propósito se truncó con las tensiones internas producidas a la muerte del fundador, siendo cuestionados algunos de los dirigentes por su conducta y proceder.

Fue en 20008 cuando el Vaticano tuvo que intervenir tras haber hecho un seguimiento, nombrando como comisario pontificio al cardenal Fernando Sebastián –al que sucederían los obispos de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y Cuenca, José María Yanguas, diócesis donde la asociación contaba alguna presencia más significativa–.

Los dirigentes de entonces no se resignaron y trataron de apropiarse el legado del padre Molina y a los inmuebles de la entidad. Estos comenzaron a llevar entonces las decisiones de las autoridades eclesiásticas a distintos tribunales civiles no reconociendo algunas medidas de los comisarios como la fusión de las tres ramas de la entidad –sacerdotes, laicos y laicos consagrados– o la toma de control de la Fundación Prodein.

Con poco que hacer en lo canónico, la Justicia civil ha ido desestimando todas las causas, la mayoría de ellas por irregularidades patrimoniales.

La última causa penal abierta contra los obispos comisarios la ha cerrado la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona con un auto en el que desestima la apelación formulada por 268 misioneras que reclamaban a los prelados «daños económicos» por valor de 12 millones de euros. De esta manera se reconoce la legitimidad de la Santa Sede en la intervención de la asociación que sufrió en 2014 un considerable abandono de sus miembros.

Este auto pone fin a la vía penal ya que ha sido como respuesta al recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones marcadas por el Juzgado de Instrucción número 21 de Ciudad Condal hace un año. Allí la entidad era propietaria de cuatro inmuebles.

En la denuncia figuraban, junto a los dos comisarios, seis personas más de la actual Lumen Dei y se les acusaba de falsedad en documento oficial, estafa y contrato simulado. Esta decisión no es recurrible.

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Autor

Pablo Santos

Experto en información religiosa

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