El Colegio de Registradores envió al Gobierno de Pedro Sánchez el listado de propiedades hace un año

La Iglesia católica inmatriculó 30.000 bienes en casi dos décadas

La Iglesia católica inmatriculó 30.000 bienes en casi dos décadas
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. EP

Controversia. El listado de los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre en las últimas dos décadas asciende a 30.000 propiedades, según los datos que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno de Pedro Sánchez hace justo un año. Ese listado, que se elaboró en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, permanece desde entonces oculto.

El Gobierno en funciones asegura que la relación de bienes inmatriculados a favor de la Iglesia católica sigue «en elaboración» y aún no se ha enviado al Congreso porque se están corrigiendo posibles errores y ultimando un informe jurídico sobre las «posibles actuaciones» que se puedan llevar a cabo.

La cifra de 30.000 propiedades responde a todo tipo de bienes: desde lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas…) a casas parroquiales, plazas, fuentes, frontones y todo tipo de parcelas. Hasta ahora ningún Gobierno ha querido hacer público este listado, que entidades como la Coordinadora Recuperando, que agrupa a varias asociaciones de toda España que luchan por el patrimonio público, llevan años reclamando.

Su publicación permitiría iniciar el proceso de impugnación que el propio Gobierno anunció el verano pasado que emprendería en caso de que se compruebe que la Iglesia inscribió «bienes de dominio público». El listado abriría la puerta también a que los afectados, sobre todo los Ayuntamientos, recurran la titularidad de los inmuebles. Según los expertos consultados, los diferentes recursos darían paso a una complicada batalla legal en juzgados de toda España.

Cuando el Ejecutivo finalmente envíe al Congreso el listado estará cumpliendo con una proposición no de ley que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición, que fue aprobada en abril de 2017 con los votos en contra del PP y Ciudadanos, y que daba seis meses de plazo. El texto instaba al entonces Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar una relación de todos los bienes inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria, cambio que facilitó estas anotaciones registrales.

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Autor

Pablo Santos

Experto en información religiosa

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