La crisis argentina se siente en la calle y se ensaña con los barrios más pobres de la periferia de Buenos Aires. La Iglesia católica, activa en la asistencia de estos colectivos, dibujó un panorama social «peligrosísimo» y pidió al Gobierno de Mauricio Macri que declare la emergencia alimentaria y nutricional.
El documento de la Comisión Pastoral Social advirtió al presidente de que el Estado debe repartir alimentos gratuitos a las familias con hijos pequeños y subir cuanto antes el presupuesto de la red de comedores populares, el espacio adonde piden auxilio los más vulnerables a la crisis económica.»Ante el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica, nos encontramos en una situación de emergencia alimentaria y nutricional», advirtió la Iglesia. Días atrás, durante una reunión con la Comisión Episcopal, Macri pidió a los obispos que lo ayuden a lograr «la cohesión social».
Según los últimos datos oficiales disponibles, la pobreza creció hasta el 32% durante el último semestre de 2018. Desde entonces, la inflación ha subido más del 20% y el desempleo pasó la barrera de los diez puntos La situación se agravó tras la derrota de Macri en las primarias del 11 de agosto de 2019. El día después de las elecciones, el peso argentino pasó de cambiarse desde 46 unidades por dólar a más de 60 y los supermercados recibieron nuevas listas de precios con subidas de hasta el 15%. La Universidad Católica, que realiza un detallado seguimiento estadístico de la pobreza, ya había advertido en julio que el número de argentinos pobres había pasado del 32% al 35% de la población. Es de esperar que la cifra se dispare después de la crisis iniciada hace 20 días.
El Gobierno argentino anunció esta semana un plan de reestructuración de la deuda con el FMI y los tenedores privados de bonos del Estado por un monto superior a 100.000 millones de dólares, una evidencia más de la gravedad de la situación. La primera respuesta del Gobierno a la escalada de la crisis fue una bajada de los impuestos que soportan los salarios y el reparto de ayudas a los más pobres. Los movimientos sociales han salido desde entonces a la calle para denunciar que las ayudas fueron insuficientes.
La dimensión de una manifestación el miércoles rompió una tregua no escrita entre esos grupos más combativos y la Casa Rosada. El candidato a vicepresidente de Macri, el peronista tránsfuga Miguel Ángel Pichetto, dijo que el Gobierno se endeudó para financiar las ayudas de los «piqueteros» que ahora protestan en las calles.
La CGT, que agrupa a los sindicatos peronistas más poderosos, practica desde el inicio de la crisis un estudiado silencio con dosis medidas de negociación. Los líderes sindicales más tradicionales no se identifican con los grupos de calle que acorralan al Gobierno y ayer participación de una mesa para actualizar el valor del salario mínimo.
El Gobierno propuso elevarlo un 30%, hasta los 16.000 pesos (235 euros). La CGT exige que alcance 455 euros, el valor que, según las estadísticas oficiales, tiene la canasta básica total y que determina el nivel mínimo para evitar la pobreza.
