La paz es posible. Así se titula el comunicado de los obispos colombianos tras el anuncio del ex número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), Iván Márquez, de retomar las armas, al frente de un grupo de disidentes de la guerrilla reconvertida hoy en partido político.
«Las armas y la violencia solo engendran destrucción, dolor y muerte, y no hay nada que justifique recurrir a la guerra con fines ideológicos», asegura el documento firmado por la cúpula de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), en respuesta a las proclamas de Márquez, cargadas de una retórica marxista que difícilmente encaja con la deriva del grupo guerrillero en sus épocas más recientes.
«Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas», decía el presidente Iván Duque, eso sí, para acto seguido acusar a Venezuela de estar detrás de esta operación.
Duque ganó las presidenciales de junio de 2018 con un discurso muy crítico hacia el proceso de paz, mientras que la Iglesia colombiana, empujada por el papa Francisco, es hoy la mayor defensora de seguir avanzando a pesar de las dificultades.
Un asunto clave es la situación de los más de 10.000 exguerrilleros en programas de reinserción a la vida civil, de los que cerca de la mitad permanecen en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en proceso de reconversión por parte del gobierno.
El nuncio apostólico en Colombia, Luis Mariano Montemayor, visitó a mediados de agosto uno de estos centros, en el departamento de Cauca, desde donde trasladó la «preocupación e incertidumbre» de los antiguos combatientes acerca de su futuro. Esta es, de hecho, una de las causas que explican el regreso a las armas en los últimos meses de algunos miembros de las FARC, que se reenganchan a actividades criminales, a menudo relacionadas con el narcotráfico, en amplias zonas del país donde la presencia del estado es inexistente o muy precaria.
De ahí la preocupación de los obispos por ofrecer alternativas a los guerrilleros desmovilizados. «Animamos y acompañamos a todos aquellos que, por medio del diálogo y la negociación, se decidieron por la reincorporación a la vida civil y democrática, y se mantienen firmes en ella», reza el comunicado de la CEC. «La paz es un compromiso de todos, y es posible si verdaderamente la queremos», resalta la nota.
«La situación que vivimos no es para cansarnos en el propósito de la reconciliación, aunque sea una tarea ardua», afirman los prelados colombianos, que recuerdan cómo hace dos años Bergoglio les pidió que «no se dejen arrebatar la esperanza». «Hoy se impone con mayor fuerza la exigencia de trabajar juntos por la paz con la búsqueda del bien común, el desarrollo integral y las transformaciones que conduzcan a la equidad social», sostienen.
La Iglesia católica participa directamente en algunos programas de reinserción. También es protagonista de otras medidas de carácter más político. La última, la firma el 26 de agosto de 2019 de un «Pacto por la cultura política y no violencia en la campaña electoral» de cara a las elecciones regionales de octubre. Entre los firmantes estuvieron el presidente Duque y el máximo responsable del partido de las FARC, Rodrigo Lodoño, alias Timochenko, quienes se saludaron cordialmente y conversaron brevemente de forma distendida.
Nueve candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas departamentales han sido asesinados, y otros 40 han sufrido episodios de violencia. Son cifras muy pequeñas comparadas con las de décadas atrás, pero de la suficiente magnitud como para que lanzara esta iniciativa el Comité del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, organismo que preside el obispo Héctor Fabio Henao, máximo responsable de Cáritas y de la Pastoral Social en Colombia.
