El Gobierno comunista considera a la Iglesia como una amenaza

El Ejército cierra las principales escuelas católicas en Eritrea

El Ejército cierra las principales escuelas católicas en Eritrea
El colegio Saint Joseph de Keren EP

En un Estado de corte comunista sufren todas las confesiones religiosas. El martes por la mañana –3 de septiembre de 2019– no fueron los estudiantes sino los soldados los que invadieron el conocido colegio Saint Joseph de Keren, la tercera ciudad más grande de Eritrea, en el centro del país. También en Massawa y cerca de la ciudad de Mendefera, sus centros educativos católicos sufrieron la misma suerte, al igual que en otras cinco localidades, donde las autoridades pusieron en práctica sus amenazas y ocuparon las instalaciones educativas.

Según un sacerdote eritreo, el Gobierno ya se lo había advertido a los directores de las instituciones, a los que aconsejó que no acogieran a los nuevos alumnos en el inicio del año escolar. A la amenaza han seguido los hechos. De los 50 colegios y cientos de guarderías administradas por la Iglesia católica, ocho, las más importantes, están ahora bajo el control del Ejército.

Las instituciones católicas juegan un importante papel social en Eritrea. En sus centros se acoge a estudiantes, y también profesores, de todas las religiones. Compensan las deficiencias de las escuelas públicas, donde la enseñanza es proporcionada por militares o cooperantes extranjeros.

Basándose en una ley de 1995, el Gobierno eritreo quiere hacer pagar a los obispos sus repetidas manifestaciones públicas, en las que piden libertad, democracia y critican el continuo éxodo de jóvenes. De hecho, según cifras de la ONU, en estos últimos años, los inmigrantes eritreos son los segundos en número en las costas de Libia, esperando entrar en Europa, con cerca de 30.000 personas cada año. Las violaciones de derechos humanos en el país, criticadas por las instituciones internacionales, también provocan que muchos eritreos huyan hacia Yemen, con numerosos muertos en el mar.

Estas expropiaciones de instituciones llevadas a cabo por el Gobierno ya han tenido lugar en años anteriores contra instituciones de la Iglesia ortodoxa. En octubre de 2017, las autoridades cerraron de manera violenta una escuela musulmana privada en Asmara, lo que provocó una protesta popular sin precedentes en la capital del país. Todo acabó con penas de prisión y el fallecimiento en la cárcel del fundador de la escuela.

En junio, el Gobierno de Eritrea decidió nacionalizar todas las instituciones sanitarias de la Iglesia católica. Los funcionarios gubernamentales, ante la negativa de los administradores de estas instituciones a firmar un documento sancionando la transferencia de la propiedad, procedieron a la clausura de las mismas.

El pasado abril, los obispos del país, en una carta pastoral, habían pedido un proceso de reconciliación nacional que garantizase la justicia social para todos. Tras el acuerdo de paz apenas alcanzado con Etiopía era una oportunidad para llevar adelante reformas profundas que ayudasen a la población. Las declaraciones fueron mal recibidas por los líderes políticos comunistas. Se cerraron 22 centros de salud, dejando a miles de personas, la mayoría de ellas madres y sus hijos, sin atención médica.

«Las brutales acciones del Gobierno de Eritrea tienen como objetivo privar a la Iglesia de todos los servicios que ofrece en el campo educativo y sanitario. Según él, nuestro trabajo debe quedar limitado a los templos». Mussie Zerai, sacerdote católico, vive en Roma y desde allí coordina el trabajo pastoral eritreo y las comunidades extendidas por Europa. Cada año, miles de personas abandonan el país. «No hay ninguna justificación para estas acciones del régimen. Castiga a los que se preocupan por los más pobres», expone Zerai.

Los observadores extranjeros sospechan que la administración del presidente Isaias Aferweki considera que la Iglesia, en su compromiso por el proceso de paz con Etiopía, ha adquirido demasiada confianza en sí misma. Para Zerai, la situación es clara: «El Gobierno está obsesionado con controlar todo y a todos. Considera a la Iglesia católica como una amenaza porque estamos conectados internacionalmente y cuestionamos asuntos».

Eritrea viven entre 120.000 y 160.000 católicos. La mitad de la población es cristiana; además de la Iglesia católica, solo la ortodoxa y la evangélico-luterana están toleradas por el Estado como comunidades religiosas, junto al islam sunita. A diferencia de muchos países del norte de África, en Eritrea el islam no es la religión oficial. Según explica Zerai, el país «tiene un carácter ateo; si fuera por el Gobierno, no habría ninguna religión. En definitiva, procede de la misma escuela que China».

Al sacerdote, que puede hablar libremente por el hecho de vivir en el extranjero, no le está permitido volver a su país. El Gobierno ejerce una y otra vez presión sobre los obispos, aunque esto no les impide para que protesten vehementemente. También el patriarca de la Iglesia ortodoxa se encuentra en arresto domiciliario desde hace 14 años. Recientemente fueron detenidos cinco monjes ortodoxos, tres de ellos mayores de 70 años.

«Cualquier tipo de resistencia, aunque solo se insinúe en lo más mínimo, es sofocada inmediatamente», asegura Mussie Zerai. Por este motivo, la mayoría de las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Eritrea proceden de refugiados. A las organizaciones internacionales se les niega o se les dificulta enormemente la entrada en el país.

Autor

Pablo Santos

Experto en información religiosa

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