España está dejando de ser católica. La Fundación Ferrer i Guàrdia ha publicado su informe anual, que constata un aumento progresivo de la secularización de la sociedad española.
El informe revela que ocho de cada diez matrimonios en España ya son civiles, que el número de creyentes practicantes ha caído al 26,6 % y que las personas que marcan únicamente la casilla de la Iglesia católica en la declaración de la renta ha bajado al 14,2 %.
En la octava edición de este estudio, que hace «una radiografía de la laicidad y la religiosidad en España», la Fundación reclama el «fin del Concordato con la Santa Sede».
También va acompañado de un bloque de artículos dedicado al fomento del pensamiento crítico, «las pedagogías que fomentan el librepensamiento y cómo combatir las ‘fake news'».
Los jóvenes «se mantienen como el grupo de edad menos religioso, en las personas de entre 18 y 24 años casi un 50 % se declara no creyente, superando el porcentaje de los que sí se consideran religiosos», detalla la fundación.
Respecto a los matrimonios, «destaca un aumento considerable de los matrimonios civiles, ya que cerca de un 80 % de los matrimonios celebrados en España no son religiosos, destacando los altos porcentajes de Cataluña -90,9 %-, País Vasco -87,4 %- y Baleares -86,8 %».
«La otra tendencia que crece son los hijos nacido fuera del matrimonio», explica la fundación. «Según las últimas cifras de 2017, la cifra aumentaría hasta el 46,8 %, cuando en 1990 solo representaba el 9,6 %, porcentaje que demuestra la ruptura de los esquemas del modelo tradicional familiar», añade.
En el ámbito educativo, durante el curso 2015-2016, «un 33 % del alumnado de primaria cursó actividades alternativas a la religión, porcentaje que aumenta hasta el 46 % en el caso de los estudiantes de ESO, lo que demuestra la tendencia en auge de que los estudiantes cada vez cursan menos la asignatura de religión en el colegio».
Sobre la financiación de la Iglesia católica, se mantiene estable su asignación tributaria de 227 millones de euros, de acuerdo con las últimas cifras extraídas de la Administración Tributaria de la declaración de la renta del año 2015.
La Fundación Ferrer i Guàrdia también ha denunciado el Concordato, coincidiendo con el cuarenta aniversario de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, considerando que aún mantiene privilegios en el ámbito económico, educativo y jurídico.
