Graves violaciones de los Derechos Humanos. Las autoridades de Burundi han reclamado la expulsión del sacerdocio de un grupo de obispos por denunciar la intolerancia política que atraviesa el país, que celebrará el año que viene elecciones presidenciales, parlamentarias y locales.
El portavoz de la Presidencia burundesa, Willy Nyamitwe, ha manifestado que «ciertos obispos deberían ser expulsados del sacerdocio» por «expulsar el veneno del odio a través de mensajes incendiarios».
Así, ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que «se ha convertido en habitual» que los obispos hagan declaraciones «cada vez que se acercan las elecciones». «Ya ni siquiera son un modelo de piedad», ha agregado.
«Quienes creen que los prelados están libres de desigualdades e inclinaciones políticas se equivocan», ha señalado, antes de preguntarse «si están siendo juzgados por crímenes contra la Humanidad, violación, robo y pedofilia».
En las iglesias, se leyó este domingo –22 de septiembre de 2019– un mensaje de la Conferencia de Obispos Católicos de Burundi, que denunció al partido gubernamental de llevar a cabo una campaña de persecución contra la oposición.
«En la mayoría de los casos, la Justicia parece estar arrastrando los pies para castigar a los culpables», sostuvo la Conferencia episcopal, tal y como ha recogido la prensa local.
El nivel de pobreza que afecta al país es un obstáculo para el desarrollo correcto de las elecciones del 20 de mayo de 2020, ya que la población es más «vulnerable» y «fácilmente manipulable» dada su situación, aseguró.
Una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmó la semana pasada que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, es personalmente responsable de graves violaciones de los Derechos Humanos en el país africano.
«Podemos confirmar que las violaciones graves de los Derechos Humanos han continuado desde mayo de 2018», dijo, antes de agregar que entre las mismas figuran «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, arrestos y detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual».
La misión detalló que «hay motivos razonables para creer que algunas de estas violaciones constituyen crímenes contra la Humanidad, tal y como son definidos por el Estatuto de Roma» y apuntó directamente a Nkurunziza.
Así, resaltó que el mandatario «puede ser responsabilizado criminalmente de las acciones de los agentes de los servicios de Inteligencia (SNR), particularmente por no ejercer el control necesario sobre estos agentes, incluida la toma de medidas para hacer frente a estos crímenes internacionales y poner fin a la impunidad de la que disfrutan los responsables de los mismos».
Por otra parte, denunció un deterioro de las libertades civiles, algo que describió como «preocupante» en el contexto preelectoral en el que se encuentra Burundi.
«En general, cualquier afirmación que contradiga la propaganda oficial del Gobierno y del (gubernamental Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa) CNDD-FDD (…) ha sido descrito sistemáticamente como un intento de desestabilizar el país o como un ataque contra la soberanía nacional», zanjó.
