Es cuestión de días. La maquinaria para la exhumación de Francisco Franco está en marcha. Pedro Sánchez no la va a parar por mucho que la Abadía del Valle de los Caídos considere «meramente electoralista» el traslado de los restos de quien fuera jefe del Estado al cementerio de El Pardo.
Por mucho que su prior, Santiago Cantera, afirme que el acceso a la basílica no se debe producir «sin la preceptiva e insustituible autorización eclesiástica» porque implicaría la «violación de un lugar sagrado».
La Abadía ha presentado un escrito ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el que muestra su rechazo a que la exhumación dé comienzo eliminando las medidas cautelares y anticipa que puede recurrir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Los benedictinos afirman que «no puede alzarse una medida cautelar destinada a conjurar el riesgo de vulneración irreversible de derechos fundamentales de la Abadía por el simple hecho de que se haya desestimado en la sentencia una denuncia de vulneraciones de derechos de terceros (la familia Franco), distintos de mi representada», tal y como escribe la representación jurídica de los monjes.
Pero lo cierto es que el Gobierno no está dispuesto a esperar más y piensa acometer la exhumación de Franco tal y como tenía previsto. Sus asesores legales afirman que el respaldo del Tribunal Supremo es pleno y que, por lo tanto, no hay motivo para retrasar el traslado de los restos mortales de quien fuera jefe del Estado.
Por ello, Pedro Sánchez tiene claro que realizará la exhumación antes del 1 de noviembre, día del inicio de la campaña electoral del 10-N. El Ejecutivo todavía no ha querido concretar ninguna fecha.
