La cuenta atrás para la exhumación de Francisco Franco se pone en marcha definitivamente. El Gobierno en funciones ha ordenado el cierre «inmediato» y «temporal» del Valle de los Caídos, que permenecerá clausurado a las visitas hasta que se proceda a la exhumación de los restos, que se llevará a cabo como muy tarde el 25 de octubre. El cierre es efectivo desde las 18 horas del viernes, 11 de octubre de 2019, según ha comunicado Patrimonio Nacional.
No hay día y hora concretos por razones técnicas y de seguridad, pero sí los habrá: el Gobierno informará a la familia y a los medios de comunicación con 48 horas de antelación. La Moncloa no tiene intención de agotar los plazos marcados, de modo que ya tentativamente fuentes del Ejecutivo adelantan que la operación de desenterramiento y reinhumación del cuerpo de Franco se llevará a cabo entre el 18-19 y el 22 de octubre.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes el tercer y último acuerdo relativo a la exhumación de Franco, con todos los obstáculos legales removidos tras recibir el aval completo del Tribunal Supremo a sus planes.
El acuerdo, llevado en mano a la reunión semanal del Gabinete por el propio Pedro Sánchez –es competencia del presidente introducir nuevos puntos en el orden del día–, y detallado en rueda de prensa por la vicepresidenta, Carmen Calvo, ordena el inicio de las operaciones necesarias para la ejecución del procedimiento, que deberá concluir, como fecha límite, antes del citado 25 de octubre.
La familia será informada con esas 48 horas por si quiere asistir. También tendrá la potestad de celebrar una «breve e íntima ceremonia acorde con sus preferencias religiosas en el momento de la inhumación» en el cementerio municipal de Mingorrubio-El Pardo, a unos 60 kilómetros de Cuelgamuros.
En las actuaciones de exhumación, traslado y enterramiento estará presente la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en su condición de notaria mayor del Reino.
Pero en el acuerdo del Consejo hay otra pieza clave: el Gobierno ordena «de manera inmediata» el cierre del recinto del Valle de los Caídos «hasta la finalización de las operaciones de ejecución».
El complejo depende de Patrimonio Nacional –organismo público adscrito al Ministerio de la Presidencia, dirigido por Calvo–, que recibió enseguida la orden de proceder a la clausura a partir de las 18 horas de este viernes.
La orden se hizo efectiva: al término de las visitas del día, el recinto cerró sus puertas. Con esta medida, el Gobierno neutraliza al prior de la basílica, Santiago Cantera, que había manifestado su negativa a conceder la autorización de acceso al templo.
El Ejecutivo tiene de su lado al Supremo: los magistrados subrayaron que la sentencia firme dictada la semana pasada, y cuyo fallo ya adelantaron el 24 de septiembre, no tiene vuelta atrás y es de obligado cumplimiento. Y es, recalcaban, «título legítimo bastante» para que el Ejecutivo pueda entrar en el templo y levantar la pesada losa de granito que cubre el cadáver de Franco.
La vicepresidenta aseguró que no hay ninguna «preocupación» a la actitud de Cantera, porque España es un Estado de derecho y todos están sujetos a las leyes y a las sentencias firmes de los tribunales, tal y como recordaba el Supremo, invocando el artículo 118 de la Constitución.
En este caso, subrayó, se da la circunstancia de que «todos los poderes del Estado» se hallan alineados, puesto que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial han avalado la decisión. Además, la Iglesia ha manifestado en varias ocasiones, recordó, que no se opone a la exhumación.
Calvo explicó, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno necesita unos «días» para habilitar el dispositivo necesario para garantizar, en la ejecución de la exhumación, traslado e inhumación, tanto la seguridad de los restos mortales como la seguridad ciudadana y el orden público.
«No hay más», no hay más razones que expliquen que el procedimiento se dilate, sostuvo. Así descartaba de paso que hubiera temor a manifestaciones de partidarios y detractores del régimen que pudieran derivar en altercados.
Será la propia número dos del Gobierno, como responsable máxima del expediente, quien proponga al presidente la fecha exacta de extracción de los restos mortales de Franco, cuando se hayan resuelto los «flecos instrumentales» pendientes.
Por ejemplo, cuando esté listo el operativo técnico, en coordinación con la empresa de servicios funerarios que se encargará de los trabajos, o cuando se haya decidido qué medio de transporte es el mejor. Son dos las alternativas: bien por carretera, bien por medios aéreos.
Calvo no descartó, desde luego, que se opte por un helicóptero. El Gabinete se guiará por la fórmula que garantice una mayor seguridad y que resulte menos «incómoda» para los ciudadanos.
De cualquier modo, Franco «ya no estará» el 25 de octubre en el Valle de los Caídos. Fuentes gubernamentales precisaron que no se quieren apurar los plazos, así que lo más probable es que la ejecución material se lleve a cabo «entre el 18 y el 22 de octubre».
El Ejecutivo pide a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid que habilite las medidas necesarias para impedir el «uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido y el acceso de los medios en los actos de exhumación y reinhumación». Es decir, que se asegurará que no entran móviles, ni cámaras, ni grabadoras, ni en la basílica ni en el panteón familiar de Mingorrubio-El Pardo.
Los medios sí podrán recoger el momento de la salida del féretro desde la explanada que se abre a los pies de la badílica o el trayecto hasta el cementerio municipal. Pero nada más. Calvo incidió en que se busca combinar el derecho a la información –remarcó que es consciente de la trascendencia a nivel nacional e incluso internacional del momento– con el derecho de los familiares a que los restos sean extraídos y enterrados de nuevo con el debido «respeto».
El Gobierno informará más adelante de los detalles más técnicos del operativo diseñado, cuando se acerque la fecha, aunque hay trámites bastante avanzados, como el contrato firmado con la empresa que se encargará de las labores de desenterramiento, traslado y reinhumación. La Moncloa ya confirmó que el coste de la adjudicación ascendía a 11.709,17 euros en total, IVA incluido.
En el círculo del presidente tampoco hay temor a una suspensión del operativo decretada por el Tribunal Constitucional (TC), a quien la familia ha recurrido en amparo, con petición de medidas cautelarísimas. Es muy excepcional que el TC congele la ejecución de una sentencia firme.
En cualquier caso, el tribunal de garantías se pronunciará a comienzos de la próxima semana, antes de que el Gobierno ponga en marcha las obras.
Calvo expresó la satisfacción del Ejecutivo por la culminación de un proceso que ha llevado 16 meses desde que el presidente lo anunciara, al poco de llegar al poder.
Cuando los días de precampaña se agotan y el camino hacia el 10-N se acerca, la exhumación de Franco es uno de los revulsivos (junto con Cataluña) que el PSOE cree que servirá para darle la vuelta a un trayecto hacia las urnas que ha comenzado con mal pie.