Contra la sentencia del procés. El abad de Montserrat, Josep María Soler, ha emitido un comunicado en el que «siguiendo los caminos del Evangelio» manifiesta su opinión respecto «a la situación política y social actual» en Cataluña.
En primer lugar, lamenta que se haya llegado a la vía judicial «en una cuestión que se debería de haber resuelto por la vía política».
Además, el religioso expresa su «dolor por los presos y por sus familias» y apunta su deseo de que «se pueda trabajar para que sean puestos en libertad lo antes posible».
También manifiesta su deseo de que se establezca un diálogo constructivo, «sincero y abierto, tal como desde Montserrat hemos pedido en muchas ocasiones».
Por otra parte, el abad hace un llamamiento a la no violencia y a procurar que haya «un comportamiento cívico».
Las que se han mostrado más contundentes han sido las abadesas y prioras de los monasterios catalanes de San Pedro de las Puelas, San Daniel de Girona, Sant Benet de Montserrat, Santa María de Vallbona de les Monges y Santa Maria de Valldonzella quienes han expresado su «tristeza y rechazo por la sentencia».
En un comunicado difundido en su perfil de Twitter, M. Esperanza Atares, M. Asunción Pifarré, M. del Mar Albajar, Anna M. Camprubí y Nuria Illas piden que «se respete la verdad, se trabaje por el diálogo y se busque siempre la paz». «Expresamos nuestro apoyo a las personas encarceladas y sus familias, y a la defensa pacífica de la libertad y la justicia», añaden.
Por su parte, los obispos catalanes han emitido otro comunicado en el que piden respetar la sentencia del Supremo: «El Tribunal ha dictado sentencia y, aunque existieran legítimos recursos y se puedan hacer valoraciones distintas, hay que respetar la sentencia emanada del poder judicial de un Estado de derecho, así como las eventuales decisiones que puedan venir de los tribunales europeos».
«En un estado democrático, las leyes fundamentales que regulan el sistema político y que han sido votadas y aprobadas por los ciudadanos, constituyen un referente básico del ordenamiento social», dicen.
Los prelados afirman que «Cataluña no es una sociedad violenta» pero constatan que «en los últimos años ha disminuido la calidad de la convivencia por la vía del enfriamiento, de la ignorancia o del menosprecio».
Los obispos de Cataluña creen, no obstante, que «el logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley» y piden «un serio camino de diálogo entre los gobiernos español y catalán que permita ir encontrando una solución política adecuada, sabiendo que dialogar significa renunciar en parte a lo que uno querría para aproximarse al otro e imaginar entre todos una solución satisfactoria».
