Ante las acusaciones de golpismo, la sociedad civil en Bolivia ha querido dejar claro que los acontecimientos de las últimas horas en el país, con la forzada dimisión de Evo Morales ante los indicios de fraude electoral, «no es un golpe de Estado». Con esta afirmación, dirigida a «los ciudadanos y a toda la comunidad internacional», comienza un comunicado conjunto hecho público de la Conferencia Episcopal Boliviana, los comités cívicos del país, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) y Comunidad Ciudadana, el partido de Carlos Mesa, principal competidor de Morales en las controvertidas elecciones del 20 de octubre de 2019.
Los firmantes piden «en nombre de Dios» que «cesen las acciones de violencia», los actos vandálicos, las revanchas y todo «de lo que podamos arrepentirnos. Todos tenemos una grave obligación de defender la vida de todos los bolivianos». Esta petición va acompañada de un llamamiento explícito a las fuerzas de seguridad, para que cumplan «con urgencia su rol constitucional de defensa de la propiedad y de las personas».
Como segundo paso en esta precipitada transición, los obispos y los representantes de la sociedad civil proponen que la Asamblea Nacional gestione de forma «constitucional y pacífica» la elección «en breve» de un presidente que tenga el encargo de reformar el tribunal electoral y convocar nuevas elecciones.
El que ha sido el primer presidente indígena de Bolivia presentó su dimisión el domingo horas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera público el informe preliminar sobre las irregularidades constatadas en las elecciones del 20 de octubre y pidiera repetir la cita electoral.
En un primer momento, Morales acató el dictamen y anunció la disolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la convocatoria de nuevas elecciones, pero rápidamente fueron muchas las voces que reclamaron su salida del cargo, también desde el Ejército y la Policía. Además, algunos miembros de su partido y ministros presentaron su renuncia.
Morales accedió. Pero desde entonces, y a través de la red social Twitter, ha lanzado varias acusaciones de golpismo contra la oposición, a las que se han sumado aliados latinoamericanos como el venezolano Nicolás Maduro. El todavía mandatario boliviano –a la espera de que la Asamblea Nacional valide su renuncia– también ha denunciado que la Policía tiene orden de detenerle de forma «ilegal», algo que las fuerzas del orden han desmentido.
En paralelo, Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz y cara visible de las protestas que han culminado con la dimisión de Morales, ha pedido a la ciudadanía seguir con los paros y las medidas de presión durante al menos otros dos días. Pretende así evitar que, si se cancelan las protestas, la Asamblea dé marcha atrás, no aceptando la renuncia de Morales.
