En su habitual estilo, que une pedantería y chulería al 50 por ciento, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá ha expelido que el artículo 27 de la Constitución española no asegura que los padres puedan elegir el colegio que quieren para sus hijos y tampoco que vayan a recibir educación católica. Esto lo ha soltado en el XV Congreso de Escuelas Católicas, para dejar claro quién maneja el dinero de los contribuyentes, incluido el de los contribuyentes católicos.
Ahora bien, si no son los padres los que deciden qué educación reciben sus hijos en el colegio, por tanto, a qué colegio llevan a sus hijos, ¿quién lo decide? ¿la ministra Celaá?
Y en cuanto a la educación religiosa, ¿no forma parte de la normativa estatal, empezando por los acuerdos Iglesia-Estado? ¿O es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dejar de cumplir los acuerdos internacionales?
A pesar de que todos los analistas creían que el futuro gobierno PSOE- Podemos no estaba formado aún, la ministra en funciones ha dicho que su borrador de proyecto de ley educativa se llevará adelante.
Esa ley supone un ataque directo a la enseñanza católica y su sustitución por el lavado de cerebro a los niños en forma de ideología de género. En otras palabras, pervertir a la infancia. Y de paso, terminar con la enseñanza concertada y generalizar la escuela pública teledirigida.
Isabel Celaá, educada en un colegio católico y profesora de un colegio católico, lo tiene claro: se trata de cargarse la educación católica en España.
Actualmente, la Iglesia se ha convertido en un ente irrelevante en la sociedad y la política españolas. Los principales culpables son: Ricardo Blázquez Pérez, cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE); Juan José Omella Omella, cardenal arzobispo de Barcelona y miembro del Comité Ejecutivo de la CEE; Carlos Osoro Sierra, cardenal arzobispo de Madrid y miembro del Comité Ejecutivo de la CEE; y Luis Javier Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la CEE. Todos ellos, hombres del papa Francisco.
Ante este ataque, ¿qué harán los obispos españoles? De momento, por lo que parece, estar callados. Por lo que parece, pensar en sus propias elecciones, en marzo de 2020. Y rezar para que el nuevo Gobierno de progreso no piense que la polarización izquierda-derecha puede cobrarse la pieza de la institución.
La CEE se ha olvidado del programa electoral de los socialistas: denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado, ley de eutanasia, acoso a la educación concertada, inmatriculaciones, IBI…
Esto ya lo sabían los prelados desde hace mucho. Y ya se ha visto cuál es su posición/estrategia y los resultados que están dando las conversaciones privadas, las reuniones de asesores todos ellos de cristianos socialistas, del PSOE histórico y Podemos.
Lamentablemente, la Iglesia española se ha dejado atrapar en cuestionables refugios en los que, a priori, podría sentirse arropada ante posibles amenazas. Pero, señores obispos, Roma no paga traidores.
