Un ataque directo a la enseñanza concertada. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, dejó estupefactos a los más de 2.000 asistentes al congreso de Escuelas Católicas a los que les dijo el jueves –14 de noviembre de 2019– que la libertad de elección de centro no es un derecho constitucional. Pese a que al día siguiente trató de calmar a los padres de la educación concertada, la ligera modificación de su discurso no logró convencer. Les aseguró que «no tienen nada que temer» y que la repercusión de sus declaraciones forman parte de una «controversia alimentada de manera artificial».
Como si de un deja vu se tratara prácticamente iguales fueron sus palabras cuando tuvo una acalorada discusión con Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en la Comisión de Educación del Congreso allá por septiembre de 2018. Cuando Moneo le espetó que «cuestionaba la libertad de elección de las familias» por su intento de eliminar la «demanda social» (que finalmente plasmó en la ley que quiere sacar adelante) Celaá afirmó que las familias podían estar tranquilas y que el ataque a la concertada era «fake news«.
Casi un año después, la ministra sigue erre que erre: las familias pueden estar tranquilas porque todo es parte de una controversia artificial de la que los medios son mayormente responsables, dijo indirectamente citando algún titular de prensa.
Celaá defendió también en la rueda posterior al Consejo de Ministros que «el PSOE ha sido el baluarte más claro de la defensa de la educación pública y concertada» y recordó que es tan así que hicieron una ley, la LODE de 1985 aprobada durante el gobierno de Felipe González, en el que se regularon los conciertos educativos.
Sin embargo, las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo socialista parecen ir en dirección contraria. «Hay una hoja de ruta para eliminar la concertada, se trata de un plan encaminado a la formación de un posible gobierno en el que que la educación está en el punto de mira y que pretende que esta sea pública, laica y única», denunció Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA).
Aunque la ministra se apoye en leyes socialistas para apoyar su supuesta defensa a la concertada, quizás lo más polémico desde que Celaá asumió la cartera de Educación ha sido, precisamente, su ley educativa. Se trata de la LOMLOE, más conocida como «ley Celaá». Si bien se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero no se tramitó por la convocatoria de elecciones pero tal y como afirmó la ministra en funciones se pretende que salga adelante sin ningún cambio, aunque finalmente se haga realidad la coalición con Podemos.
Cuando se conoció el texto del anteproyecto de esta ley fue fuertemente contestada por el sector de la concertada. La «ley Celaá» elimina del artículo 109.2 de la Lomce la demanda social. Esta palabra «mágica», quiere decir que la oferta de plazas escolares se hace, entre otros criterios, en función de lo que piden las familias.
Este artículo también añade que las administraciones educativas deben programar la oferta educativa de modo que garantice la existencia de «plazas públicas en las diferentes áreas de influencia que se establezcan». Es decir, este apartado no menciona que la oferta educativa está asegurada también con plazas de centros financiados con fondos públicos.
La futura legislación educativa también propone a un «representante del Ayuntamiento» dentro del consejo escolar de los centros concertados. Esta figura fue suprimida por la Lomce y se vuelve a incluir. «Esto significa poner a un comisario político», criticó cuando se conoció el texto, José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.
Por si esto fuera poco, el texto deja afuera a la Religión de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger entre un grupo en el tercero).
Pero al margen de la ley, hubo otros gestos en contra de la concertada, esta vez encabezados por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cuando convocó a la comunidad educativa el pasado mes de agosto en el marco de rondas de consultas con la sociedad civil para elaborar una propuesta de Gobierno a Unidas Podemos, dejó afuera a la concertada. A esa reunión no acudieron ni los sindicatos (FSIE y USO), ni los padres (CONCAPA), ni los titulares de centros concertados (Escuelas Católicas y CECE).
Otro golpe se vio tan solo un mes después cuando se conocieron las 34 medidas educativas incluidas en el «programa común progresista» del PSOE. El programa potenciaba la educación pública pero no la concertada, proponía «un plan de universalización de la Educación Infantil, de forma que se incorpore la etapa de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita» y prometía eliminar la segregación escolar por sexo que para la concertada era la puerta para eliminar los centros de educación diferenciada.
Pero incluso antes de la llegada de Celaá, cuando al frente de Educación estaba Íñigo Méndez de Vigo, del PP, también hubo ataques a la concertada. Los más sonados fueron los producidos en Aragón y Comunidad Valenciana, entonces en manos de PSOE-Podemos y PSOE-Compromís, respectivamente. En 2017, en Aragón se suprimieron 13 unidades concertadas de Infantil con alumnos. De ellas, se ganaron solo ocho en los Tribunales por lo que las cinco suprimidas llevarán a la pérdida progresiva de 65 aulas desde Infantil hasta ESO.
En 2016, en Comunidad Valenciana se suprimieron unas 20 aulas, fundamentalmente de Infantil y Primaria. Al año siguiente, se sacó un decreto autonómico de conciertos eliminando la renovación automática en Bachillerato/FP. A pesar de que las aulas estaban llenas suprimieron unas 30 unidades pero, en este caso, todas se han ganado en los Tribunales.
