Es importante conocer la magnitud del problema. La Asociación para la Acogida y el Acompañamiento Betania ha pedido a los obispos españoles un fondo de compensación económica para las víctimas de abusos sexuales, siguiendo el ejemplo de otras conferencias episcopales como la francesa que prevé ayudas de entre 3.000 y 5.000 euros.
«La Iglesia debe reconocer su responsabilidad institucional, colaborar en la sanación de las personas que han sufrido abusos en su seno y procurar reparar el daño», ha argumentado la presidenta de la organización, María Teresa Compte.
Así, proponen que las personas que acrediten haber sufrido abusos por medio de un informe psicológico-forense puedan acceder a ayudas «sin tener que esperar, como sucede ahora, a un largo y tortuoso proceso en los tribunales que muchas víctimas no están en condiciones de emprender».
Una decisión de este tipo sería también «de gran ayuda», según señala Compte, para víctimas que ya no pueden acudir a la vía judicial debido a que los delitos han prescrito, así como para quienes han sufrido los abusos ya en edad adulta, a los que resulta «especialmente difícil decidirse a denunciar».
En el caso de la Conferencia Episcopal Francesa, una vez entre en vigor la iniciativa que los obispos han acordado en su última Asamblea Plenaria, se pondrá en marcha un fondo que prevé ayudas de alrededor de entre 3.000 y 5.000 euros en reconocimiento del daño sufrido. En Alemania, la cantidad establecida por el episcopado fue de 5.000 euros, según precisa la asociación.
Otro ejemplo interesante para Betania es el irlandés. La organización Torwards Healing (Hacia la sanación) ofrece terapias y acompañamiento profesional e independiente a las víctimas, y sus servicios están financiados por los obispos y por las congregaciones religiosas. «Es un modelo que responde a unas circunstancias históricas que podrían asemejarse bastante a las españolas», ha apuntado Compte.
En cualquier caso, opten por un modelo u otro, desde Betania consideran que sería un paso importante después de «décadas» en las que «la institución eclesial ha antepuesto su reputación institucional a la verdad de las víctimas, hasta el punto de silenciar y encubrir unos hechos que han facilitado la comisión reiterada de los abusos».
Esta petición de Betania coincide con la celebración esta semana de la Asamblea Plenaria de los obispos españoles, en la que estudiarán, entre otros asuntos, un borrador del texto sobre la protección de los menores contra los abusos sexuales en la Iglesia.
Precisamente, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha explicado en declaraciones a los medios, que se han reunido con el fiscal en la sede de la CEE y le han mostrado su compromiso de «colaboración».
«En el diálogo que hemos mantenido con el fiscal se nos dice que es lógico que cualquier comunicación merece un estudio para ver si realmente tiene un fundamento, pero con el compromiso de poner en conocimiento del fiscal de forma inmediata, pero aquí hay unos criterios de prudencia que la propia Fiscalía reconoce», ha explicado Argüello.
En estos últimos meses, diversas diócesis españolas han puesto en marcha comisiones para la investigación de denuncias y atención a las víctimas de abusos sexuales. María Teresa Compte cree que es «un paso adelante», aunque se muestra escéptica en algunos puntos. En primer lugar, cree que «falta transparencia, así como unos procedimientos claros, públicos y comprensibles» que «preserven el anonimato de las víctimas y les permitan conocer de antemano cómo se va a actuar exactamente cuando presenten su denuncia».
En la misma línea, Compte considera que la apertura de los archivos para «una investigación independiente y rigurosa, siguiendo el ejemplo de los obispos de Francia, permitiría empezar a conocer la magnitud del problema en España».
