Solo en México, Chile, Argentina y Colombia ha habido mil denuncias

Presentan el primer informe global sobre los abusos en la Iglesia de Latinoamérica

Presentan el primer informe global sobre los abusos en la Iglesia de Latinoamérica
No más abusos en la Iglesia.

La clave, romper el tabú del silencio. La Iglesia católica de Latinoamérica ya es la protagonista de la «tercera oleada» de casos de abusos de menores, tras la primera que se desató en 2002 en Estados Unidos, y la que siguió en Europa y Oceanía. Esa es la conclusión de la ONG británica Child Rights International Network (CRIN), de referencia en la defensa de los derechos de los niños, en un informe de 70 páginas.

Es el primer estudio global del fenómeno en los 18 países de habla hispana del continente, más Brasil, que radiografía la situación en número de casos, legislación y respuesta de las instituciones. «El resultado más evidente es establecer la realidad de la escasez de datos, crear un punto de partida para que la Iglesia y los Gobiernos empiecen a investigarlo. Sigue siendo un tabú, ha habido menos cobertura de los medios y falta una conversación pública sobre el tema», resume Víctor Sande-Aneiros, uno de los investigadores.

Cuatro países son la punta de lanza en la ruptura del silencio: México (al menos 550 denuncias), Chile (243), Argentina (129) y Colombia (137). Entre los cuatro suman más de un millar de denuncias. Por el contrario, hay otros donde el problema oficialmente aún no existe, como Cuba, Ecuador, Honduras, y el más llamativo, Brasil, el mayor país católico de la región. En este caso concreto, no obstante, existe una referencia en la que nunca se ha profundizado: según recuerda el estudio, un informe interno del Vaticano en 2005 calculaba que uno de cada diez sacerdotes brasileños estaba implicado en casos de abusos, es decir, 1.700 curas. El informe explica que en estos países los medios no han emprendido aún trabajos serios de investigación, que suele ser el primer paso para que los abusos salgan a la luz.

La ecuatoriana Sara Oviedo, exvicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y relatora de la Santa Sede en enero del 2014, opina que este informe «es un esfuerzo significativo para los activistas de toda América Latina, por su información sistematizada y por sus recomendaciones sirve para la estrategia que se está organizando para lograr que la Iglesia católica entregue a la justicia a los abusadores sexuales».

En 2014 CRIN publicó otra investigación sobre abusos en la Iglesia a nivel mundial, y ya determinó que América Latina era una de las principales regiones a las que eran enviados los sacerdotes acusados de agresiones desde Norteamérica y Europa. «Además, el número de denuncias era muy bajo en comparación con otros países con poblaciones católicas mucho más pequeñas, entonces quisimos centrarnos en una región donde todavía no se había producido un destape de revelaciones», explica.

La primera constatación es el secretismo y la falta de transparencia que aún impera. Argentina, donde empezaron las denuncias en 2017, y Chile, en 2018, son los países de referencia. También, junto con México, es donde las víctimas se han organizado mejor y son más activas. En algunos casos se han incorporado a la red internacional Ending Clerical Abuse (ECA), la organización internacional de denuncia de estos abusos. Chile es el primer país de América Latina donde se ha pedido una comisión de investigación independiente, siguiendo el modelo de Australia e Irlanda.

En Argentina hay ahora mismo dos curas que están siendo juzgados, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, acusados de abusar de casi una treintena de menores de edad sordos en el instituto Antonio Próvolo, de la provincia de Mendoza. Este caso, uno de los más graves conocidos hasta ahora, ha aumentado la visibilización del problema, pero no ha traído cambios significativos en la Iglesia católica, según la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico.

En otros países, como México, Guatemala (12 curas acusados) y Uruguay (44 denuncias que implican a 40 sacerdotes) ha sido la propia Iglesia quien ha dado datos, «pero oculta sistemáticamente la identidad de los acusados y no remite los casos a las autoridades civiles», señala el informe. En respuesta, los jueces de algunos países, como Chile, han ordenado redadas policiales en oficinas eclesiásticas para acceder a documentos que pudieran servir como pruebas en procesos judiciales.

En México, la Iglesia inició el año con una sacudida al hacerse pública una nueva denuncia contra un legionario de Cristo acusado de abusar de al menos ocho niños. Esto forzó a la institución a tener algunos gestos, como revelar que 157 sacerdotes han sido suspendidos en los últimos nueve años y 101, procesados ante la justicia eclesiástica.

El informe de CRIN enumera las principales tácticas de encubrimiento que está usando la Iglesia: trasladar al acusado, culpar a las víctimas y a sus familias, y pagos secretos por su silencio. También se recurre a la manipulación psicológica, como en un caso en la Archidiócesis de Cali, en Colombia, en el que una psicóloga nombrada por la Iglesia había entrevistado a los niños y los había amenazado para que no siguieran adelante con su denuncia, diciéndoles que era un ataque contra la Iglesia, que irían al infierno y que perderían el juicio y acabarían en la cárcel. En Ecuador, una psicóloga asignada por la Archidiócesis de Cuenca le exigió a una víctima de abusos que pidiera perdón al sacerdote César Cordero, acusado de violarlo durante su infancia.

Autor

Pablo Santos

Experto en información religiosa

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