El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha justificado que la Asamblea Plenaria de los obispos no haya emitido el esperado documento sobre «protección de menores y de las personas vulnerables».
Reunidos desde el lunes en la Casa de la Iglesia, los prelados han dedicado horas al tema de los abusos a menores por eclesiásticos y, si no hay texto definitivo, ha explicado el portavoz, es porque el Vaticano les ha pedido la inclusión de las aportaciones que «va a realizar el vademécum elaborado por la Santa Sede», sin fecha para ello.
En todo caso, el borrador en marcha no habla de indemnizaciones a las víctimas ni de abrir comisiones de investigación, en contra de lo que están haciendo las conferencias episcopales francesa, irlandesa, polaca o estadounidense, entre otras. «No se contempla en el borrador», ha dicho Argüello.
No es la primera vez que los obispos españoles entonan el mea culpa, oficialmente y en particular muchos de ellos en las respectivas diócesis, por su actitud corporativa ante los abusos a menores, de ocultamiento e, incluso, obstruccionista. Lo ha vuelto a hacer su portavoz este viernes 22 de noviembre de 2019. «La Iglesia tiene que darse golpes de pecho del tiempo anterior por haber podido mirar para otro lado ante determinados comportamientos y por no afrontar los asuntos de manera directa», pero ha sostenido que «en los últimos dos o tres años», la reacción está siendo inmediata y ejemplar.
El borrador del texto sí recoge el compromiso de la Iglesia de abrir oficinas en cada una de las diócesis españolas para recibir las posibles denuncias. Argüello ha dicho que se plantea incluso abrir una de estas oficinas en la sede de la Conferencia Episcopal.
También ha explicado que, a nivel institucional, los obispos han mantenido un encuentro «cordial» con el fiscal enviado por el Ministerio de Justicia para informarse sobre el abordaje de estos casos por parte de la Iglesia, y que han adquirido con el fiscal un «compromiso de denuncia a vías judiciales, al margen del procedimiento canónico» que pueda seguir una denuncia de abusos.
En junio pasado, la Fiscalía General del Estado mostró en un escrito su preocupación por la opacidad del clero y sugiere la creación de una comisión nacional de investigación.
