La Iglesia española está preocupada ante la posibilidad de que el Frente Popular se reedite. Tal y como ha reconocido el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, los obispos españoles dedicaron tiempo, en la última Asamblea Plenaria, a analizar las consecuencias que para la Iglesia va a tener un nuevo Ejecutivo formado por socialistas, comunistas e independentistas.
Lo hicieron a partir de una propuesta que contenía algo más de medio centenar de puntos que pudiera ser conflictivos para la institución.
Se trata de un análisis bien trabajado, según lo han calificado varios obispos, elaborado por los servicios de la CEE, que produjo un duro baño de realismo en algunos de los prelados presentes.
Gran parte de los puntos que se abordaron estaban en los programas electorales de los partidos que previsiblemente formarán el nuevo Gobierno.
El PSOE de Pedro Sánchez ha dicho que denunciará los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979. La propuesta que han planteado los socialistas es la de un nuevo acuerdo bilateral para «mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia católica».
En el programa del PSOE aparecen también cuestiones como la «mejora de la calidad democrática, anticorrupción y transparencia», además del asunto de los bienes inmuebles inmatriculados, acción que los socialistas califican como de «indebida» por parte de la Iglesia.
En cuanto al programa de Unidas Podemos (UP), incluye un punto titulado «Horizonte Morado y Economía de los Ciudadanos», en el que propone una «Ley de Protección Integral frente a las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes.» En su desarrollo hacen constar que el abuso y la violencia se da –dice el texto– en la Iglesia y la familia.
En este programa se pide recuperar aquellos bienes que la Iglesia haya inmatriculado de forma indebida. La formación de Pablo Iglesias reclama que se elimine la exención del IBI que tiene la Iglesia. En esta línea, los comunistas apuntan que estarán exentos del impuesto aquellos inmuebles dedicados al culto y lo que Cáritas utilice para la acción social.
Desde UP proponen también derogar la LOMCE e impulsar una nueva ley de educación, y en segundo lugar, eliminar la Religión en la escuela, sacarla del horario escolar obligatorio y de las asignaturas evaluables.
Se presta especial atención a la afirmación sobre la eliminación de las leyes mordaza y de los «delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona».
Las propuestas del programa de ERC apoyan denunciar los Acuerdos con la Santa Sede y revisar los acuerdos con las otras confesiones. Proponen el derecho de abandono de la confesión propia.
También apuestan por que la religión esté fuera de todos los espacios públicos, retirar del currículo la asignatura de Religión, retirar los símbolos religiosos de edificios públicos, la exención del IBI, y reclamar que las confesiones religiosas sean autosuficientes.
En este programa se plantea también la república catalana con el laicismo como marca de identidad.
