Desde crear un museo de la memoria histórica hasta demoler su cruz, muchas han sido las propuestas, con infinidad de matices, que se han hecho en los últimos años para resignificar el Valle de los Caídos. El proyecto ya tiene luz verde.
La exhumación de Franco se ha convertido en el pistoletazo de salida del Ejecutivo socialista para abordar nuevos traslados de víctimas enterradas en las criptas subterráneas de la basílica. El Gobierno de Pedro Sánchez reconoce, en un informe técnico publicado por Patrimonio Nacional, que será necesario demoler elementos arquitectónicos del conjunto monumental.
«Dadas las condiciones de las estructuras de las criptas, y en especial dado el estado de conservación de los elementos de entrevigado, no es seguro el acceso de personas al interior de las criptas», afirma el documento confeccionado, a petición del Ejecutivo, por el Instituto Torroja, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC.
Por ese motivo, se afirma, será «preciso adoptar medidas suplementarias, que podrían suponer, por ejemplo, el apeo, sustitución o suplementación de los elementos de entrevigado o la construcción de pasarelas de paso seguras» lo que, a juicio de los peritos, exige que antes se habiliten los huecos correspondientes.
Para la realización de dichas aperturas «es precisa la demolición y perforación de elementos arquitectónicos», así como la dotación de medidas especiales de seguridad y salud, «la redacción del correspondiente proyecto arquitectónico y la subsiguiente contratación de los trabajos pertinentes, previa obtención de los permisos administrativos correspondientes», añade el informe.
Patrimonio Nacional autorizó el comienzo de los trabajos necesarios para el traslado de otras 31 víctimas enterradas en el conjunto monumental para seguir adelante con su proyecto de «resignificación» del Valle.
La institución dependiente de la Presidencia del Gobierno confirmaba en su página web, a comienzos del mes de noviembre, que «los familiares de las personas inhumadas en el Valle de los Caídos cuyas solicitudes de exhumación se encuentran en trámite» verán atendidas sus pretensiones, incluso antes de que termine el año.
Los trabajos consistirán en «el acceso y afianzamiento de los distintos niveles de las criptas», algunas de las cuales se encuentran en un pésimo estado de conservación; «la apertura de las Capilla del Santo Sepulcro y del Santísimo»; y, finalmente, de «las capillas laterales de la nave de la Basílica» para permitir el acceso a la ubicación concreta de los restos a trasladar.
Según se deduce de la información gráfica y textual recogida en el informe del Instituto Torroja, «mediante la observación con el videoscopio» se ha podido constatar que hay «contenedores en mal estado» y «restos cadavéricos dispersos».
«En algunos espacios se comprueba la existencia de cajas o restos apilados o amontonados contra los muros, a veces, incluso, provocando empujes contra ellos», detalla el informe técnico. Este hecho es el que hace necesario perforar “ventanas” de comprobación previas. Además, los técnicos no descartan tener que «desplazar cajas con restos cadavéricos o restos dispersos», por lo que ya avanzan que será imprescindible «la intervención de especialistas forenses», durante todo el proceso.
La tareas previas imprescindibles «para la realización de los huecos que permitan la comprobación de las criptas no tendrían un importe inferior a 125.000 euros». Éste es el precio que Sánchez tendrá que pagar para ver si puede seguir con las exhumaciones comprometidas.
Una cifra que podría verse incrementada «dependiendo de las condiciones» reales en las que tengan que desarrollarse los trabajos previos –una vez inspeccionadas cada una de las criptas donde se encuentran los restos a exhumar– y que no incluye «la realización» de ninguna otra de «las labores que pudieran ser precisas en el caso de que se decidiese el acceso al interior» de las mismas, «ni tampoco las acciones relacionadas «con el movimiento, realojo o tratamiento de restos cadavéricos».
