Las compensaciones a las víctimas podrían superar los 4.000 millones de dólares

La Iglesia en Estados Unidos afronta una nueva avalancha de demandas por pederastia

La Iglesia en Estados Unidos afronta una nueva avalancha de demandas por pederastia
Las víctimas merecen justicia. PD

Tolerancia cero. Casi dos décadas después de que las investigaciones periodísticas del Boston Globe pusieran en marcha la primera gran avalancha de demandas contra la Iglesia católica por los crímenes de pederastia cometidos por sus clérigos, sus víctimas tendrán una nueva oportunidad para reclamar compensaciones económicas en Estados Unidos.

Las reformas legales acometidas recientemente por una quincena de estados para extender o anular la prescripción de los delitos por abuso sexual a menores han reabierto las puertas de los juzgados para las víctimas. La avalancha de demandas civiles ha empezado a tomar forma y se espera que el total de las compensaciones supere los más de 4.000 millones de dólares pagados por la Iglesia en Estados Unidos desde que los primeros escándalos afloraran en los años ochenta.

Muchas de las tropelías destapadas hasta ahora se cometieron durante la segunda mitad del siglo pasado. Con la ley en la mano, eran delitos prescritos, pero el constante goteo de escándalos contra menores de los últimos tiempos ha propulsado la reforma de los estatutos que regían estos crímenes.

Pensilvania encendió la llama, después de que un gran jurado determinara el año pasado que 300 curas abusaron de más un millar de niños durante siete décadas mientras sus obispos encubrían los crímenes. Pero no fue el único caso que perturbó la conciencia del país. Los abusos del médico Larry Nassar contra las atletas del equipo olímpico de gimnasia o los crímenes perpetrados en varios colegios privados por profesores y empleados pusieron las reformas en marcha. Nueva York abrió en verano una ventana de un año para denunciar los delitos prescritos; Nueva Jersey lo ha hecho esta semana y, a partir de Año Nuevo, California abrirá un plazo de tres años para aceptar viejas denuncias.

Solo en los tres estados mencionados, de los 15 que han modificado sus estatutos, se esperan unas 5.000 demandas contra la Iglesia, que podrían traducirse en unas indemnizaciones que oscilarían entre los 1.600 millones y los 6.000 millones de dólares. Cada víctima que ha podido hasta ahora denunciar y demostrar los abusos ha recibido una media de 350.000 dólares.

En estos últimos dos años, la Iglesia ha tratado concienzudamente de bloquear las reformas. Solo en el noreste del país, se ha gastado más de 10 millones de dólares en lobby para tratar de mantener la prescripción de los delitos, según varios análisis.

Los abogados de la Iglesia han argumentado que muchos de los pederastas están muertos y que, por lo tanto, no podrán defenderse en un eventual juicio; o que la nueva cascada de demandas abocará a muchas diócesis a la quiebra. Pero en gran medida han perdido la batalla.

Anticipando lo que se les viene encima, muchas diócesis han creado fondos fiduciarios para indemnizar a las víctimas sin tener que ir a juicio. Fondos gestionados por entidades laicas y nutridos con el dinero de los arzobispados y las aseguradoras. De acuerdo con los expertos, esos procedimientos aceleran los trámites y eximen a las víctimas de contratar los servicios de un abogado, pero las compensaciones suelen ser inferiores. El dinero, en cualquier caso, no sale del bolsillo de los obispos sino de la comunidad.

Desde que los escándalos comenzaron en Estados Unidos, una veintena de diócesis y órdenes católicas se han declarado en quiebra. La previsión es que muchas más sigan ese camino en los próximos meses y años.

Este no es el principio ni el final de este desastre. Habrá una nueva avalancha de demandas y algunas quiebras, pero las víctimas merecen justicia. Será en cualquier caso una justicia parcial porque las reformas respecto a la prescripción de los delitos solo son aplicables en el ámbito civil. La prescripción en el ámbito penal está regulada por la Constitución y de momento es inamovible. De modo que ningún cura acusado de abusar hace décadas de un niño irá a la cárcel.

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