El portavoz de la CEE no ve una resistencia global de los obispos a ser transparentes

Argüello dice que el fin del secreto pontificio arrojará «algunos datos» sobre los casos de abusos sexuales por parte del clero en España

Argüello dice que el fin del secreto pontificio arrojará "algunos datos" sobre los casos de abusos sexuales por parte del clero en España
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. EP

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, cree que la supresión del secreto pontificio en casos de abusos sexuales por parte del clero permitirá a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano arrojar «algunos datos» sobre los casos de abusos en España.

«En el conjunto de España no (tenemos un dato de casos de abusos), pero pensamos, precisamente, que esta supresión del secreto pontificio permitirá a la Congregación (para la Doctrina de la Fe del Vaticano), seguramente, ofrecernos algunos datos, eso dependerá de la Congregación», ha indicado Argüello en una entrevista.

Precisamente, el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe Jordi Bertomeu asegura en una tribuna, que de 2001 a 2019, el Vaticano ha gestionado unos 6.000 casos de abusos sexuales a menores cometidos por clérigos.

«Nosotros muchas veces también decimos, a la hora de conocer la verdadera realidad que hay en España de estos asuntos, que la propia Congregación para la Doctrina de la Fe no ha dado cuenta de los casos recibidos, por este motivo», ha subrayado el portavoz de la CEE.

En este sentido, Argüello ha calificado el fin del secreto pontificio como una decisión «acertada» y como «un paso más en la dirección adecuada para abordar las situaciones de abuso en el pasado y tener una capacidad de prevención en el futuro». «Tanto las víctimas como los acusados precisaban, a veces, un conocimiento que por estar sometido al secreto, no se tenía», ha indicado.

Además, el secretario general de la CEE no ve una resistencia a nivel global por parte de los obispos españoles para acatar el secreto pontificio y ser transparentes en los casos de abusos. «No lo sé, tendría que pensar en cada uno, creo que globalmente no», ha indicado, después de que las víctimas de abusos en la Iglesia española denunciaran recientemente «resistencias dentro de los episcopados locales».

Por el contrario, Argüello cree que existía el «deseo» de que se eliminase el secreto pontificio, también entre los obispos que se han visto inmersos en algunos de estos procedimientos. «Si los jueces españoles nos piden a los tribunales eclesiásticos correspondientes una información, ahora el secreto pontificio no será una dificultad para ofrecer esa comunicación», ha señalado.

En todo caso, el prelado ha precisado que las comunicaciones se harán en función de la propia legislación y respetando los derechos de todas las partes del proceso. «Que se abola el secreto pontificio no quiere decir que los procedimientos pasen a ser de una publicidad periodística», ha manifestado.

Preguntado por las indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia española, el portavoz de los obispos ha dicho que aunque no contemplen un fondo compensatorio, no descartan ayudas con carácter «subsidiario», es decir, de forma complementaria a la responsabilidad que asuman el autor del delito y la institución a la que pertenezca, como una congregación religiosa, una diócesis o un colegio.

«No se excluye la posibilidad de una ayuda económica por quien tenga que hacerlo, puede ser una diócesis, una congregación religiosa o una institución diversa. Lo que a nosotros no nos parecía oportuno es establecer a priori por parte de la CEE un fondo así, sino sí estar dispuestos para abordar estas situaciones desde el principio de subsidiaridad. La responsabilidad primera es de las personas y de las instituciones a las que pertenecen», ha explicado.

En todo caso, Argüello ha evitado juzgar las decisiones de otras conferencias episcopales europeas como la francesa, que prevé ayudas de entre 3.000 y 5.000 euros, o la alemana, que se plantea ayudas de entre 40.000 y 400.000 euros según la gravedad de cada caso. «Nosotros hacemos lo que nos parece oportuno desde nuestra manera de organizarnos aquí», ha zanjado.

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