El juzgado condena a la parroquia a devolver a un empresario el dinero que prestó al cura

Un prestamo a un párroco le cuesta más de un millón de euros al Arzobispado de Valencia

Un prestamo a un párroco le cuesta más de un millón de euros al Arzobispado de Valencia
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. EP

Polémica. La parroquia Nuestra Señora del Pilar de Catarroja en Valencia necesitaba unas mejoras. El párroco decidió contactar por su cuenta con un empresario para que le prestara dinero.

Ahora, la Audiencia provincial de Valencia ha condenado a la parroquia y el Arzobispado de Valencia a devolver la cantidad pendiente. Deberán abonar 1.112.039,39 euros al empresario que prestó el dinero al anterior párroco, que falleció sin saldar su deuda.

La pieza separada abierta por las costas judiciales sigue abierta, por lo que la indemnización que deberá afrontar el Arzobispado de Valencia podría elevarse aún más, pues en principio los honorarios que han presentado los abogados se elevan a más de 300 mil euros.

La historia comienza en 2008 cuando el empresario llevó el asunto al juzgado y demandó a la parroquia después de que el párroco se jubilara y dejara de recibir en dinero. El sacerdote falleció años después.

El juzgado que analizó este asunto dio la razón al empresario y estimó la demanda que presentó «en reclamación de la cantidad en su día prestada y en cumplimiento del contrato suscrito con el que fue párroco de Nuestra Señora del Pilar de Catarroja, así como los intereses devengados y liquidados conforme a lo pactado».

El Arzobispado de Valencia, que dirige el cardenal Antonio Cañizares, presentó un recurso contra la sentencia al considerar que «es incongruente al no resolver sobre la falta de autorización o licencia del superior competente para el otorgamiento del contrato por el párroco».

Trasladó a la Audiencia que este sacerdote carecía de capacidad y de los conocimientos financieros necesarios para valorar el alcance de lo que estaba firmando. Según el Arzobispado, las condiciones que impuso esta empresa de transporte eran «abusivas» e interpretaba que el contrato era nulo.

Pero la sección undécima de la Audiencia ha rechazado cada uno de los argumentos y ha concluido que la sentencia «es congruente». El Arzobispado de Valencia alegó que, conforme a lo establecido en los cánones 1.291 y 1.295 del Código de Derecho Canónico, el párroco precisaba de una licencia específica del Arzobispado para suscribir el contrato y de la preceptiva licencia para enajenar bienes.

Pero en este caso el sacerdote ya había devuelto 793.126,26 euros mediante pagos sucesivos de cantidades prestadas a la parroquia como consecuencia de las obras que se realizaron «sin tener liquidez para abonarlas». En consecuencia, dice la Audiencia, no puede estimarse que este acuerdo fuese «perjudicial para la situación patrimonial de la persona jurídica», en este caso, la parroquia del Pilar de Catarroja.

Por tanto, la sala considera que no ha quedado acreditado que el empresario que hizo de prestamista «se haya enriquecido por el hecho de pactar un tipo de interés superior en un punto porcentual a las pólizas» que el Arzobispado tiene suscritas con entidades bancarias.

Es más, relata la sentencia, «aun cuando se estimara que sí precisaba el párroco de la licencia de su superior para obligar a la parroquia, la acción de nulidad que ahora se opone estaría extinguida por la confirmación del contrato (…) considerando que necesariamente el superior que había de otorgar la licencia conoció que el precio de las obras ejecutadas había sido satisfecho por un tercero y no por la propia parroquia que no había obtenido financiación y que ese tercero en noviembre de 2014 requirió de pago a quien debió otorgar la licencia y éste nada opuso al efecto».

Para acreditar que el empresario de Picanya se estaba enriqueciendo con el negocio que pactó con el sacerdote, el Arzobispado de Valencia citó a un perito para demostrar que el acuerdo era abusivo. Pero este testimonio «tan sólo aboca a concluir que considera que se produce un enriquecimiento de la actora con el préstamo otorgado, enriquecimiento que la sala no comparte», reitera la sentencia.

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