La violencia generada por la pobreza y las adicciones está manchando el suelo con sangre inocente
Para la Iglesia en Argentina el aumento de los delitos, muchos de ellos con víctimas mortales, y la inseguridad constituyen «sin dudas uno de los grandes dolores de los argentinos y de la Iglesia». Durante la reunión de la cúpula del Episcopado, que preside el cardenal Jorge Bergoglio, el vocero episcopal, padre Jorge Oesterheld, dijo que la Iglesia aspira a lograr «un país en paz y reconciliado y en paz, en el que todos los argentinos podamos convivir».
El portavoz de la Conferencia Episcopal Argentina hizo estas observaciones en declaraciones a la prensa, en el marco de la 154ª reunión de la Comisión Permanente, que por razones de salud fue presidida por el arzobispo de Tucumán, monseñor Luis Villalba, y no por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires.
En dos días de deliberaciones, una veintena de obispos evaluó las acciones que se llevan adelante para poner en práctica la Misión Continental en las diócesis, y escucharon informes de las comisiones episcopales de Fe y Cultura, Pastoral Social, y Familia y Laicos, entre otras.
«Creo que basta con mirar un poquito de televisión y ver como están las rutas para decir que la paz social realmente está muy alterada», manifestó Oesterheld en declaraciones que hizo a C5N. Agregó que por el mismo conflicto » empieza a haber resentimientos que después son muy difíciles después de sacar«. Oesterheld deslizó, también, que «la seguridad es un tema muy grave que preocupa desde hace mucho tiempo a la Iglesia».
Justo antes del inicio de las deliberaciones, el creciente y alarmante aumento de la inseguridad se cobró la vida de al menos otras dos personas en el Gran Buenos Aires.
Luego de que distintas zonas del conurbano se conmovieron el mes último con los crímenes de la catequista Renata Toscano, en Wilde; de la maestra Sandra Almirón, en Derqui, y del joven Germán Martínez, en Remedios de Escalada, el obispo de Avellaneda-Lanús, monseñor Rubén Frassia, reclamó «políticas de Estado contra la inseguridad».
«La violencia generada por la pobreza y las adicciones está manchando el suelo con sangre inocente«, había declarado el obispo Frassia, luego de que uno de los robos seguidos de muerte produjera el relevo del jefe policial de Lanús.
«No alcanza con decir que están trabajando para capturar a los asesinos», había advertido Frassia, al avalar un pronunciamiento del área de Pastoral Social de su diócesis.
También el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, alertó dijo la proliferación del delito es «uno de los problemas más graves» que sufrimos. Y lo identificó con «una manifestación del desquicio de la Argentina de hoy».
Aguer advirtió que «el Estado no puede cumplir cabalmente su función de tutelar la vida y los bienes de la población» y sostuvo que ello «es una deficiencia gravísima». Para prevenir el delito y controlarlo, el arzobispo Aguer reclamó «medidas serias y sostenidas a lo largo del tiempo, mejores leyes y una recta administración de la justicia».
En un clima de fuerte conflictividad social, la Iglesia entiende que la inseguridad es un drama que crece en una doble dimensión: en intensidad y en signos de violencia. Así lo expresó el Episcopado en la última asamblea plenaria, realizada el mes pasado en Pilar.
En esa ocasión, los 90 obispos de todo el país expresaron su profunda preocupación por «la crueldad y el desprecio por la vida en la violencia delictiva, frecuentemente vinculada con el consumo de drogas, que no sólo causan dolor y muerte en muchas familias, sino que también ponen a los jóvenes en el riesgo de perder el sentido de la existencia».
A lo largo del año, la Iglesia alzó su voz reiteradamente frente a los acuciantes problemas de la inseguridad y la droga, que produce efectos devastadores, con graves consecuencias, especialmente en la población carenciada.
El padre Pepe Di Paola, que suscribió un duro documento en abril pasado junto con los curas que ejercen su misión pastoral en las villas de la ciudad, fue amenazado de muerte luego de denunciar que «la droga está despenalizada de hecho» y que los pobres son los más afectados.
«La despenalización de hecho generó inseguridad social y la raíz de la inseguridad social hay que buscarla en la insolidaridad social», advirtieron los curas villeros en un documento que fue respaldado por todos los sacerdotes de la arquidiócesis. El propio Bergoglio jerarquizó la preocupación y el trabajo de los sacerdotes villeros al crear una vicaría que depende especialmente del arzobispo de Buenos Aires y que puso a cargo del padre Pepe.
En sintonía con el inquietante cuadro social, el obispo de Quilmes, monseñor Luis Stöckler, expresó su preocupación por los jóvenes que no estudian ni trabajan. «Muchos de ellos están atrapados por el paco, destrozan su salud y pasan con facilidad a delinquir», dijo, al presidir una misa en el Cruce Varela.
«Bajar la edad de imputabilidad no garantiza la protección que nuestros niños y jóvenes necesitan. Ellos están hambrientos de afecto y comprensión», dijo Stöckler, que conduce la diócesis que durante 25 años manejó monseñor Jorge Novak.
Consciente de la sucesión de amenazas y hechos delictivos, el obispo Stöckler advirtió: «Cunde en nuestros barrios el miedo frente a las permanentes agresiones, asaltos, robos y homicidios. Al azar se agrede a cualquiera, a veces por cosas o sumas insignificantes. Los vecinos reclaman una mayor presencia de las fuerzas de seguridad y quisieran poder confiar en ellas»,
