Se pone fin así al debate por la descriminalización del aborto
(Patricio Downes).-A pocos meses de un acuerdo histórico con la Santa Sede, el gobierno de Brasil eliminó el aborto y la prohibición de exhibir signos religiosos de su lista de 521 puntos del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), impulsado al final de la gestión de Luiz Inacio Lula Da Silva, el actual presidente.
Además, alterará la propuesta de medicación de conflictos agrarios, eliminando la exigencia de una audiencia previa entre los protagonistas de la ocupación de predios antes de una decisión judicial para el reintegro de la posesión, disputada a menudo por miles de «sin tierra«.
Se pone fin así al debate por la descriminalización del aborto y no peligra la costumbre nacional de exhibir símbolos religiosos, tales como crucifijos y otras imágenes sacras, en las paredes y muebles de organismos públicos.
Según la Agencia Brasil, organismo de comunicación estatal en este país, la primera audiencia en el Senado Federal, el 8 de abril próximo, tendrá como protagonista al ministro Paulo Vannuchi, de la Secretaría Especial de Derechos Humanos. El funcionario representará allí a la jefa de la Casa Civil, ministra Dilma Rousseff, quien es la sucesora natural del presidente Lula y que había sido convocada por la oposición ante la Comisión de Constitución y Justicia.
Los dos primeros puntos -según la agencia noticiosa estatal- atienden los reclamos de la Iglesia Católica y el último punto fue motivo de críticas de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, además del propio ministerio federal de agricultura.
Se mantienen otros puntos como la tasación de grandes fortunas, la unión de personas del mismo sexo y la adopción de niños por familias encabezadas por parejas homosexuales.
En cuanto a los crímenes de la dictadura un decreto presidencial de enero creó un grupo de trabajo que hasta el mes próximo elaborará un anteproyecto de ley para la creación de la comisión Nacional de la Verdad.
Además, sectores de los medios de comunicación, cuestionaron la propuesta de censura que prevé la elaboración de un ranking de vehículos de comunicación comprometidos con los derechos humanos y la suspensión de propaganda oficial en medios que mantengan programas que atenten contra los derechos humanos.
