El Consejo Nacional para la Prevención de Abusos se creó en abril de 2011 y busca proponer, orientar, supervisar y evaluar las políticas de prevención de abusos sexuales a menores
La Iglesia católica chilena observa con preocupación los casos de pedofilia denunciados en el Colegio Apoquindo y el Jardín «Hijitus de la Aurora», el primero bajo el alero de los Legionarios de Cristo y el segundo de una sostenefdora particular, pero con la guía espiritual de un sacerdote salesiano.
Recientemente, el Consejo Nacional para la Prevención de Abusos actualizó su normativa para operar frente a estos hechos, poniendo especial énfasis en el acompañamiento a las víctimas.
Según explicó el portavoz de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, en cada diócesis existe una Oficina Pastoral de Recepción de Denuncias, OPADE, la cual no sólo atiende a los afectados, sino que también involucra a las Vicarías de la Educación que están en contacto con los colegios católicos. Si bien éstos se rigen por sus propias congregaciones, la idea es que se involucren cada vez más con lo que propone la Iglesia en materia de abuso sexual a menores.
«En general las congregaciones religiosas han adherido, no sé si plenamente, pero al menos conocen el protocolo de la Conferencia Episcopal. Este se actualizó en el mes de mayo y se redactó un nuevo documento que está enviado a la Santa Sede», señaló.
El Vaticano, a su vez, pidió a todas las conferencias episcopales que enviaran sus documentos -con especial atención a las víctimas- y que lo complementaran. «Y los obispos han decidido pedir el reconocimiento oficial de la Santa Sede«. Es decir, una vez que sea visado por el Papa, se convertirá en la ruta de acción para todos los estamentos religiosos.
En este sentido, Jaime Coiro reconoció que «una de las dificultades más grandes que ha tenido el Consejo es el poder sensibilidad de esto a cada congregación religiosa», más allá de que por ley deben denunciar este tipo de situaciones. Sin embargo, algunos han tomado este protocolo como base para elaborar los propios. Por ejemplo, el manual que implementaron los jesuitas en cada uno de sus colegios y que fue dado a conocer a la comunidad a principios del año pasado.
El Consejo Nacional para la Prevención de Abusos se creó en abril de 2011 y busca proponer, orientar, supervisar y evaluar las políticas de prevención de abusos sexuales a menores. A poco más de un año de su puesta en marcha, la idea es reforzar la atención a quienes se atreven a denunciar.
«Una primera prioridad y preocupación central es en favor de las víctimas (….) No podemos hoy día, frente a una denuncia, hacer una suerte de solidaridad corporativa y negar acusaciones como una primera reacción», indicó Coiro.
Consultado sobre si sus dichos tienen relación con la defensa al jardín «Hijitus de la Aurora» que realizó su capellán, el sacerdote Gustavo Ferraris, el vocero de la Conferencia Episcopal es cauto.
«A mi no me corresponde juzgarlo y tampoco al Consejo, lo que el Papa ha pedido cuando se hace una denuncia, es dar las garantías a la familia denunciante de que se va a generar el espacio de la mayor transparencia para que se haga una investigación, para que se esclarezca la verdad y se haga justicia», aseveró.
Según relató Coiro, se han tomado algunas medidas en las distintas parroquias. Por ejemplo, se está sensibilizando sobre el tema del abuso a catequistas, religiosos y movimientos pastorales.
«Una cuestión que ha sido muy clave para la Iglesia es incorporar a laicos, particularmente mujeres, en las instancias de confianza. En todas las instituciones, en la mayoría de los colegios, están seleccionando a mujeres para que estén atentas a cualquier señal», puntualizó.
Este lunes fue la última reunión ordinaria del Consejo Nacional para la Prevención de Abusos, donde se conversó sobre las últimas denuncias de pedofilia.
«Al Consejo de la Iglesia no le preocupa solamente el abuso sexual cuando el presunto abusador es un consagrado, es un tema que está trabajando en relación a la familia, funcionarios de colegio, condominios», finalizó.
En esa línea, y ya en el plano legislativo, este martes un grupo de parlamentarias de la Alianza solicitó al gobierno tramitar con urgencia el proyecto de ley que busca proteger de forma efectiva a los menores que asisten a jardines, a través de un aumento de las atribuciones que tiene actualmente la Junji.
(Rd/Terra)
