Me siento confiado y fortalecido de que ante cualquier foro que aquilate en justicia y conforme a derecho la prueba tanto a mi favor, como aquella que se pudiera usar en mi contra, saldrá a relucir la integridad moral de este servidor
La Santa Sede ha exigido la renuncia del arzobispo de San Juan (Puerto Rico), Roberto González Nieves, acusado de proteger a sacerdotes pedófilos y de utilizar la catedral para actos políticos. El religioso, en una carta enviada al cardenal Ouellet, se defiende de las acusaciones y denuncia «la falsedad y tergiversación» de las mismas.
El arzobispo metropolitano de San Juan, Roberto González Nieves, contestó el pasado mes de febrero varios señalamientos que hicieran en su contra el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y su secretario, el monseñor Lorenzo Baldisseri en una reunión el 15 de diciembre del año pasado en Roma en la que además le pidieron que renunciara a su cargo.
«En esa reunión, se me indicó que yo tenía que renunciar a la Sede Arzobispal de San Juan de Puerto Rico y que pidiera otro encargo en la Iglesia. Las injusticias, las persecuciones, las difamaciones, las tergiversaciones de hechos, los procesos injustos y parcializados jamás pueden ser fuentes de derecho para la renuncia de un Obispo, o justa causa para ello. Por lo tanto, este servidor quiere hacer constar que jamás renunciaría a la Sede Arzobispal de San Juan cuando no hay razones para ello», indica la misiva fechada al 20 de febrero pasado y que fue divulgada por una emisora (NotiUno).
«Durante la reunión, me fue leída una larga lista de acusaciones contra mi persona que me sorprendieron y causaron gran consternación, primero, por la falsedad de las mismas y la tergiversación de hechos, y segundo, porque entendí que se prejuzgaba mi culpabilidad. De hecho, no tengo claro si esas acusaciones eran conclusiones de hechos y de serlo así, de qué investigación surgieron, porque de los hechos reales que a mí me constan, y de la cual poseo evidencia fehaciente, jamás se pudiera concluir lo señalado en dicha reunión», añade el documento de seis páginas.
Entre los aspectos por los que se le señalan están la protección a sacerdotes pedófilos, una investigación sin jurisdicción al reverendo P. Edward Santana, las residencias compartidas y el Altar de la Patria.
Asimismo, González indica en el escrito que le fue prohibido hablar sobre el asunto, aunque aceptó haber consultado confidencialmente con varios líderes de la iglesia católica como el monseñor Félix Lázaro, obispo de Ponce y el monseñor Álvaro Corrada del Río, obispo de Mayagüez. También comentó sobre el tema con los cardenales Bernard Law, Joseph Levada y Sean O’Malley.
El asunto también fue consultado confidencialmente con el arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga y con el de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan. González además autorizó a Dolan a hablar sobre la situación con el cardenal Rigali.
De otra parte, el arzobispo metropolitano de San Juan menciona en la misiva que conversó con el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el arzobispo Gerhard Ludwig Müller ya que los cuatro temas mencionados anteriormente «de los que se levantan acusaciones o señalamientos son de competencia, en primera instancia, de su dicasterio».
Nieves mencionó que la visita apostólica por parte de la Congregación para el Clero «ha durado más de un año (del 25 de octubre de 2011 al presente) y que realizó S.E.R., Mons. Antonio Arregui Yarza, arzobispo de Guayaquil» y que el delegado apostólico, S.E.R., Mons. Jozef Weslowoski le advirtió sobre la posibilidad de nuevas visitas sorpresas.
Además, señaló que ha intentado infructuosamente comunicarse con el Prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal Mauro Picaenza y que durante la visita apostólica se le prohibió hacer nombramientos eclesiásticos.
También indica en la carta, que aun no le han enviado el permiso final para la venta del Colegio La Milagrosa a pesar que el monseñor Celso Morga Iruzubieta le notificó esa transacción no confligía con la visita apostólica.
«Me siento confiado y fortalecido de que ante cualquier foro que aquilate en justicia y conforme a derecho la prueba tanto a mi favor, como aquella que se pudiera usar en mi contra, saldrá a relucir la integridad moral de este servidor, su diligencia en la administración de los bienes eclesiásticos, la diligencia en atender los casos de disciplina eclesiástica y que mis intervenciones en la cosa pública han sido inspiradas en la doctrina social católica de las Iglesias y en los principios evangélicos, y no en la política partidista o ideológica», concluye la carta.
(Rd/Agencias)
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