Ahora trabajemos poniendo en práctica esa visión de monseñor a través de las decisiones legislativas
La Asamblea Legislativa entregó el jueves la distinción honorifica de «Hijo Meritísimo de El Salvador» post mortem al beato Oscar Arnulfo Romero, por su importante labor social y pastoral realizada en el país.
En el acto durante la sesión plenaria estuvieron presentes los hermanos del beato, Gaspar y Tiberio que recibieron el reconocimiento y además participaron representantes de la Iglesia católica, entre ellos el obispo auxiliar capitalino monseñor Gregorio Rosa Chávez y monseñor Ricardo Urioste que preside la Fundación Romero.
El obispo mártir, conocido como «la voz de los sin voz», fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa en la capilla de un hospitalito para enfermos terminales de cáncer, donde vivía.
Luego de 35 años de su martirio, el papa Francisco declaró que murió por «odio a la fe» y fue beatificado el sábado 23 de mayo en un multitudinario acto público en la capital salvadoreña.
Al declarar a Romero Hijo Meritísimo de El Salvador, los diputados destacaron su labor social y pastoral, en especial su lucha en defensa de los indefensos y los pobres.
«Ahora trabajemos poniendo en práctica esa visión de monseñor a través de las decisiones legislativas. Es así como se reivindican a personas como Romero», dijo la diputada Nidia Díaz del partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano, llamó a sus colegas a seguir el ejemplo de Romero y trabajar para resolver los problemas por lo que atraviesa el país, «resolver el problema estructural de la desigualdad social», dijo.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada después de la guerra civil (1980-1992), determinó que el autor intelectual del crimen fue el mayor Roberto d’Aubuisson, fundador del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista que gobernó el país durante 20 años (1989-2009).
El caso fue archivado en mayo de 1993, cuando el gobierno de Alfredo Cristiani de Arena emitió una ley de amnistía para los involucrados en la guerra civil.
Grupos civiles han exigido a la Fiscalía General de la República que se reabra la investigación del asesinato y que la justicia responda los recursos de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que protege a los responsables del magnicidio. (RD/Agencias)
