Si no somos capaces de reconocer la dimensión social, cultural y colectiva del problema, probablemente no podamos encontrar una respuesta adecuada
(Alver Metalli, en Tierras de América).- Ya se declaró la emergencia. El decreto que reconoce la extrema gravedad de ese flagelo llamado toxicodependencia en todo el territorio nacional finalmente fue promulgado. El padre Carlos «Charly» Olivero está satisfecho. Él es uno de los que pedían desde hace tiempo que se tomara en serio la avanzada de la droga en el país.
Como el Papa, como el padre Pepe di Paola y los otros curas villeros de Buenos Aires y la periferia, que todos los días combaten una pelea cuerpo a cuerpo con la gran destructora de vidas jóvenes. Desde el Hogar de Cristo, inaugurado en marzo de 2008 precisamente por el cardenal Bergoglio, el padre Charly trata de recuperarlas, arrancándolas una por una del destino de muerte. Pero la pelea hay que empezarla mucho antes.
«El hecho de que el presidente haya promulgado el decreto es una buena noticia», comenta. «Aún así, hay algunos indicios que nos llevan a creer que se trata más de una respuesta política que de un reconocimiento real, que el gobierno está más preocupado por llevarse bien con la Iglesia, que por cuidar a los jóvenes».
¿A qué se refiere?
La emergencia es una alerta, un llamado de atención a todo el país por la gravedad de la situación. La idea es que en las distintas provincias, en los municipios, en los distintos ministerios y ámbitos de desarrollo humano se asuma el problema y se intente dar una respuesta. Una emergencia es fundamentalmente la comunicación de una alerta y la disposición de recursos extraordinarios que posibiliten nuevas acciones. Pero si es así, nos preguntamos por qué para la presentación de la emergencia prácticamente ni siquiera se convocó a los medios de comunicación.
Ademas la duración de la emergencia se decretó hasta fin de 2018, es decir, son poco más de dos años para desarrollar acciones tendientes a salir de esta situación alarmante. Para salir de la emergencia en dos años, hay que trabajar muchísimo, y disponer de voluntad política y recursos económicos. El decreto no habla de recursos.
Y tercero, las acciones tendientes a poner freno a la emergencia deben estar coordinadas por la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) e involucran a los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación.
Sin embargo, al día siguiente de declarar la emergencia, el Presidente de la Nación, los ministros y todo el equipo de gobierno se fueron a Chapadmalal a preparar las actividades para el año que viene. El titular de la SEDRONAR no fue invitado. Y tampoco lo convocan a las reuniones del Gabinete Social que nuclea los ministerios que no participan del Gabinete Económico. Esas omisiones ponen de manifiesto la poca importancia que le da al tema el gobierno nacional.
En un documento de los últimos días los curas villeros hacen notar que «En el año 1974 la Argentina tenía 4% de pobreza hoy tiene un 32%» y por lo tanto hay también una «emergencia social». Hay relación entre emergencia droga y emergencia social?
La adicción no puede ser concebida solamente como un problema personal. Si desconocemos la cultura del consumo en que estamos inmersos, si no somos capaces de reconocer la dimensión social, cultural y colectiva del problema, probablemente no podamos encontrar una respuesta adecuada.
En ese sentido, hay que decir que la droga se presenta como una respuesta al malestar, como un modo de escapar de lo que hace sufrir. La pobreza se sufre.
Cuando en una familia hay un trabajo digno y una relativa estabilidad económica hay más capacidad de dar contención a todos los miembros de esa familia. Pero cuando no hay trabajo, cuando se vuelve difícil encontrar algo para comer todos los días, en la casa suele haber menos paciencia, menos tolerancia y menos contención para los más chicos. No reconocer que los factores económicos influyen en el agravamiento de los problemas de alcoholismo y adicción es pura ceguera.
Recordemos que la explosión del paco en nuestro país se produce después de la crisis de 2001. También hay que decir que la pobreza magnifica los problemas sociales. Con la crisis del desempleo, el narcotráfico se va constituyendo en un circuito económico que contiene y da empleo a muchos que estaban desesperados. La desesperación lleva a equivocar el camino. Desde esta óptica decimos que la emergencia en adicciones es una prolongación de la emergencia social.
En el texto del decreto de emergencia nacional se habla de «abordaje integral de las adiciones». ¿Qué significa? ¿Qué contenido le dan ustedes a estas palabras?
Estamos convencidos de que la adicción es el síntoma visible de un conglomerado de problemas, y por lo tanto la solución no consiste en atacar el síntoma. Esto quiere decir que se deben ofrecer respuestas específicas, como espacios de recuperación y programas preventivos, pero la respuesta debe ser más amplia.
Si los colegios no son capaces de retener a los jóvenes, si no hay espacios (como parroquias, clubes, centros culturales) para contener y ayudar a los adolescentes a encontrar el sentido de la vida, a superar las dificultades, para acompañar su crecimiento, entonces la respuesta que ofrezcamos siempre será demasiado limitada.
Cuando reclamamos un abordaje integral intentamos poner la centralidad en la persona. Los ambientes universitarios siguen la lógica de dividir para entender. Eso lleva a una fragmentación epistemológica. Cada profesional se constituye en especialista de la parte que estudia. Esa fragmentación se reproduce en la administración publica, que se organiza dividiendo temas y asignando presupuestos para esas partes fragmentadas.
Cada dependencia se ocupa específicamente del tema que le corresponde, olvidando todas las otras dimensiones del problema. Esa fragmentación es, en definitiva, el olvido de la persona como un todo integral, con dignidad. El abordaje fragmentado, específico, de especialistas, es lo contrario del abordaje integral que reclamamos. Debe estar, es necesario, pero hace falta superar la mirada de la parte para llegar a toda la persona.
Ese abordaje integral solo es posible si se refuerza la familia y la organización de la comunidad, intentando superar la desintegración de los lazos sociales, propia de esta cultura individualista. El hecho de que el decreto solo convoque a los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación indica que la mirada subyacente no es integral. ¿No debería estar presente también el Ministerio de Trabajo para pensar el acceso al trabajo de las personas que se van recuperando; el de Cultura para intentar disminuir la estigmatización de los adictos; el de Deporte, el de Comunicaciones…?
¿Qué otros pasos hay que dar concretamente?
Hasta ahora lo único que hubo es un acto público, y la firma de un decreto. Sin embargo es el momento de poner las palabras en acto. Esos actos deben ser la comunicación de la emergencia, y la implementación de políticas. Esas políticas necesitan recursos económicos y decisión política. Veremos en los próximos meses cómo se despliegan.
En otro punto se habla de «acciones que resulten necesarias a los fines de atender a la emergencia que se declara por la presente medida». ¿Cuáles son, en su opinión, aunque sea de manera esquemática, las tres acciones que considera más necesarias?
En primer lugar se debe comunicar la emergencia, convocar a los gobiernos provinciales y municipales, a las empresas, iglesias, clubes, escuelas, y a toda la sociedad a hacerse cargo de la situación.
En segundo lugar se debe fomentar la organización local, comunitaria y territorial (clubes, iglesias, escuelas, centros barriales y comunitarios, cárceles, etc). Eso requiere implementar programas con transferencia de recursos que permitan la organización territorial en función de una respuesta local al problema, tanto preventiva como asistencial. Este abordaje debe ser integral e inespecífico.
En tercer lugar disponer acciones específicas para desarrollar el segundo y tercer nivel de atención (espacios para la recuperación).
El decreto le confía a la «Secretaría de programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico» la titularidad de «las acciones que resulten necesarias a los fines de atender a la emergencia que se declara». ¿Le parece un sujeto adecuado?
Acá hay un problema, porque se confía a la SEDRONAR la resolución de la emergencia porque es el organismo que se enfoca en la problemática y desde ese punto de vista está bien. Pero debe coordinar acciones con otros organismos de mayor jerarquía y relevancia política como los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. La herramienta parece muy débil políticamente para responder a una emergencia. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
