Como se recoge en la nota entregada en el TJAM, en la medida en que esto sucede, el sistema judicial queda desacreditado ante la sociedad y la impunidad de los agresores perpetúa la violencia contra los menores
(Luis Miguel Modino).- Existen situaciones que provocan indignación en amplios sectores de la sociedad, todavía más cuando éstas son consecuencia de decisiones injustas nacidas de aquellos que deberían cuidar del bien común. Un gobierno que favorece a aquellos que cometieron crímenes, en detrimento de las víctimas, pierde todo tipo de autoridad.
El actual gobierno brasileño, presidido por Michel Temer, que asumió el poder en virtud de un golpe de estado parlamentario, en los meses en que ocupa el poder, ha adoptado decisiones y emitido leyes impropias de un sistema democrático. Una de ellas fue el Decreto 8940/201, por el cual se indulta quienes cometieron «crímenes sin grave amenaza o violencia a las personas».
Uno de los beneficiados de este decreto ha sido Adail Pinheiro, condenado por el crimen de abuso sexual a niños y adolescentes. El ex-prefeito de la ciudad de Coarí, estado de Amazonas, ha sido puesto en libertad, lo que ha provocado la reacción de los movimientos sociales y de derechos humanos y de algunas instuciones eclesiales, entre ellas la Red Un Grito por la Vida, vinculada a la Conferencia de los Religiosos de Brasil (CRB).
Resulta intolerable que la legislación brasileña considere que el abuso de menores no represente una «grave amenaza o violencia a las personas» y que en consecuencia de eso quede en libertad quien cometió abusos sexuales contra niñas de entre 9 y 12 años y comandaba un red de explotación sexual de menores.
Representantes de diversos colectivos han sido recibidas por Flávio Pascarelli, Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Amazonas (TJAM), entregándole una nota de repudio a la extinción de la pena de Adail Pinheiro.
La nota deja claro el sentimiento de indignación y perplejidad y como la justicia, que debería proteger a la sociedad, se pone de parte de un explotador sexual de niñas y adolescentes. Como se recoge en la nota entregada en el TJAM, en la medida en que esto sucede, el sistema judicial queda desacreditado ante la sociedad y la impunidad de los agresores perpetúa la violencia contra los menores.
La región amazónica es una de las más castigadas en Brasil por la trata de mujeres y el abuso de menores, situación que difícilmente va a mejorar con medidas como la que ha sido tomada con Adail Pinheiro, quien se aprovechaba de su situación de poder para continuar realizando estos crímenes. La situación era de conocimiento público, pero el miedo a las consecuencias hacía que nadie denunciase.
Como defiende las organizaciones firmantes «nuestras niñas, jóvenes y mujeres necesitan continuar soñando con un futuro mejor». Desde ahí, repudian, vehementemente, el indulto concedido por el Presidente Temer, el parecer favorable del Ministerio Fiscal y la decisión del Tribunal de Justicia del Amazonas a favor de la puesta en libertad de Adail Pinheiro».
Desde la Red Un Grito por la Vida, que ya está en la lucha contra la explotación sexual desde hace mucho tiempo, la religiosa Eurides Alves de Oliveira, señala que el caso Adail Pinheiro representa una ofensa grave contra la sociedad y especialmente contra los menores que sufren abuso sexual. De ahí su participación en esta reunión en la que se ha entregado la nota al Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Amazonas.
