Necesitamos que las organizaciones étnico-territoriales, que tienen muy clara su mirada de desarrollo, también tengan la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones
(Cameron Doody).- El proceso de construcción de paz en Colombia está dejando fuera a los pueblos indígenas, a la comunidad afrodescendiente y a las mujeres. Esta es la alarma que Cáritas ha saltado esta mañana con la ayuda de líderes comunitarios del país, de gira estos días en Europa, para alertar sobre el hecho de que la guerrilla no se podrá dar por terminada hasta que el Gobierno atienda a las necesidades de estos colectivos.
«Esta visita pretende dar visibilidad a los retos que plantea el escenario actual en Colombia en el panorama de la implementación de los acuerdos de paz», ha dicho Roser Gil, del área de cooperación internacional de la ONG española. En concreto, ha explicado, estos retos tienen que ver con el hecho de que aún continúa la violencia armada del ELN y con el hecho de que el país sufre, además de los estragos que ha causado la guerrilla, una profunda violencia estructural que se hace sentir en los altos niveles de pobreza que lo hace el segundo país más desigual de América Latina.
Se espera con esta visita, ha continuado la técnica de Cáritas, que los políticos europeos apoyen al trabajo de estos actores sociales en la construcción de la paz y que pongan «todos los instrumentos políticos y económicos» al servicio de la garantía y promoción de los derechos humanos en el país.
Leyner Palacios, líder de la Coordinación Regional del Pacífico en Bojayá, en Chocó, es uno de los representantes al que Cáritas ha invitado a participar en esta gira europea. Para él, ha explicado, la visita significa una oportunidad de dar a conocer la realidad que viven comunidades como la suya, pero también su convicción de que «hermanarnos es la forma de construir la paz».
«Vengo de una región donde el conflicto nos ha golpeado de manera particular», ha dicho Palacios. «Nosotros desde 1996 vivimos una presencia del paramilitarismo en el departamento de Chocó que ha dado múltiples hechos de violencia: asesinatos, desapariciones y bloqueo». Hasta hace relativamente poco este bloqueo, ha explicado, hacía imposible el suministro de productos básicos y la movilidad geográfica, con lo que las negociaciones hacia la paz representan «la única esperanza que tenemos».
Aunque ve con buenos ojos el inicio de la implementación de los acuerdos, ha seguido explicando, aún tiene muchas preocupaciones por cómo será su desarrollo, especialmente ahora que se han presentado, con la retirada de las FARC, otras fuerzas paramilitares en la región, lo cual ha aumentado la inseguridad e inestabilidad que se experimenta en la zona.
Si no se atiende a este problema de la población local, ha advertido -y si no se pone remedio a las carencias históricas de otras necesidades básicas además de la seguridad, como son la educación, la salud o la vivienda- se producirá una frustración considerable de los ciudadanos de la región que respaldaron, en un primer momento, la llegada a un acuerdo con los guerrilleros.
Por su parte, Aurelio Jumí -vicegobernador del Cabildo Indígena Mayor del Resguardo Embera Katío, pueblo indígena que ha sido especialmente castigado por el conflicto y que ahora se enfrenta hasta al riesgo del exterminio cultual– ha querido denunciar que, a su modo de ver, el problema actual de Colombia es que «el Gobierno no cumple la ley» en lo que a la protección de los pueblos nativos se refiere. Aunque éste haya «ganado» la guerrilla, ha explicado, ha olvidado que pueblos como el suyo también fueron derrotados incluso antes de que empezara el conflicto, cuando su territorio fue ocupado por las fuerzas paramilitares y el ejército que las batallaba. La cicatriz particular que ha causado esta derrota, ha explicado, son las minas anti-personales que aún quedan en el 90% del territorio del resguardo, la presencia de las cuales imposibilita la restitución de su tierra y su retorno a ella.
Virgelina Chará es una lideresa comunitaria del Valle del Cauca, en Cali, que viene defendiendo los Derechos Humanos durante los últimos 35 años, compromiso por el que ha llegado a sufrir incluso amenazas de muerte. «Hablamos de paz, hablamos de derechos y hablamos de memoria», ha precisado en cuanto al mensaje que han venido a difundir en Europa.
«Cuando se habla de política pública se habla de la inclusión, y también se habla de los derechos fundamentales y constitucionales que tenemos en Colombia, porque la paz no se puede solamente partir del momento en que los guerrilleros dejen las armas», ha explicado. Para que haya esta protección de los derechos humanos, ha proseguido, «pedimos la solidaridad» de los organismos europeos. «La meta es que hagamos alianzas de seguimiento y veeduría» no solo de los acuerdos logrados con el desarme sino también el compromiso adquirido de poner en marcha «políticas incluyentes» en lo que afectan a los demás derechos de los ciudadanos: a bienes tales como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda.
«No es responsabilidad de la guerrilla» que estos derechos no se respeten, ha dicho, denunciando así la «excusa» del Gobierno de que la existencia de ésta le exculpe de tener que garantizarlos.
A modo de resumen de las intervenciones de los líderes de sus respectivas comunidades, Elena Gómez, experta de Cáritas Colombia, ha recalcado en que sus «miradas desde un nivel personal» demuestra la imperante necesidad «de transformar estas estructuras de inequidad que están sobre la base misma del conflicto armado, y de transitar hacia la construcción de la paz y el desarrollo humano». «Los mensajes que queremos dar», ha detallado, «es que necesitamos incidencia, sensibilización, veeduría y cooperación».
«Esta cooperación pasa por el respaldo político, técnico, y económico, porque la paz necesita mayor participación de las víctimas», ha finalizado. «Necesitamos que las organizaciones étnico-territoriales, que tienen muy clara su mirada de desarrollo, también tengan la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones».
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