El juez concluyó que "no resulta posible configurar encubrimiento de los abusos sexuales de Karadima por parte del Arzobispado, ya que no hay prueba alguna a su respecto"
(Jesús Bastante/Agencias).- Las víctimas de Karadima no tienen derecho a ser indemnizadas por la Iglesia que, durante años, no atajó los abusos de su depredador. Ésta es la conclusión a la que ha llegado la Justicia chilena, al rechazar la demanda presentada en contra del Arzobispado de Santiago por Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, víctimas del sacerdote.
La demanda solicitaba 678.000 dólares como responsabilidad civil subsidiaria a la diócesis por la actuación de Karadima, condenado por el Vaticano a una vida de oración y penitencia, al hallarlo culpable de abusos sexuales a menores. En la investigación, en la que declararon, entre otros, los cardenales Errázuriz y Ezzati, el juez concluyó que «no resulta posible configurar encubrimiento de los abusos sexuales de Karadima por parte del Arzobispado, ya que no hay prueba alguna a su respecto».
Los demandantes pretendían ser indemnizados por la presunta «negligencia sistemática e ignorancia deliberada» de las autoridades de la Iglesia católica al momento de enfrentar los casos de abusos de que fueron víctimas, además de disculpas públicas por actos de encubrimiento ante las denuncias de abuso.
Tras conocer el fallo, las víctimas mostraron su decepción ante una sentencia «inaceptable y grave». En una declaración pública, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, señalaron que «la justicia chilena, representada por el ministro Juan Manuel Muñoz Pardo nos decepciona. Y nos provoca dolor. Y va más allá de nosotros, puesto que, reconociendo en el fallo negligencia de la Iglesia, le da inmunidad«.
«¿Qué seguridad y protección pueden sentir los niños y niñas que están bajo la tutela de la Iglesia, en colegios y organismos de protección si la institución, en la práctica, es impune según este fallo?», denunciaron.
Por su parte, el Arzobispado de Santiago se manifestó conforme tras la resolución judicial. En una declaración, la diócesis reiteró su condena al ex párroco de la iglesia de El Bosque y su apoyo a las víctimas.
«Ante el reciente pronunciamiento de la justicia por la demanda civil presentada contra el Arzobispado de Santiago, queremos reiterar enfáticamente que los graves actos cometidos por Fernando Karadima son inaceptables y condenables desde todo punto de vista, y generaron daño y dolor a las víctimas, sus cercanos, familias, a la Iglesia y comunidad en su conjunto. Al mismo tiempo, reafirmamos que la motivación del Arzobispado de Santiago fue siempre la búsqueda y adhesión honesta a la verdad», subrayó la nota de la diócesis.
«Por esta razón, manifestamos nuestra conformidad con que el fallo haya descartado la existencia de encubrimiento y complicidad de parte del Arzobispado de Santiago. Nuestra institución actuó de buena fe, sobre la base de los antecedentes que tuvo disponibles, y las autoridades de la Iglesia de Santiago nunca cooperaron en los abusos sexuales cometidos por Karadima, ni tampoco impidieron su descubrimiento y sanción. Fue la misma Iglesia la que logró primero condenar a Karadima con los antecedentes recogidos por el Arzobispado», añadió.
Y completó que «nuestro deber es seguir trabajando para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir. Siempre habrá mucho por hacer y mejorar. Hoy contamos en la Iglesia de Santiago con más de cinco mil personas formadas en la prevención de abusos y en la promoción de ambientes que contribuyan a la confianza en todas nuestras comunidades».
Fernando Karadima, titular desde 1984 de la parroquia santiaguina de El Bosque, situada en uno de los barrios más acomodados de la capital chilena, forjó durante años sólidos nexos con sectores de la elite política y económica del país suramericano.
El sacerdote, que formó a cinco obispos chilenos y a casi medio centenar de religiosos, fue considerado en febrero de 2011 por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y lo condenó a una vida de oración y penitencia.
Además, en noviembre de ese mismo año, la Justicia chilena determinó que el religioso cometió abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995, cuando tres de ellos (Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo) eran menores de edad, aunque consideró que los delitos habían prescrito.
