La impunidad que no solo violaría la dignidad de las víctimas fallecidas, sino la de sus familiares que esperan se determine las responsabilidades
El hallazgo de los restos de 14 personas en la principal cárcel de Venezuela, clausurada temporalmente hace cinco meses, reactivó el debate sobre la crisis penitenciaria en ese país en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Los cuerpos fueron encontrados cuando se hacía una excavación en las instalaciones de la prisión.
«Hasta el momento se han recuperado 14 cadáveres» en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), situada en la ciudad de San Juan de Los Morros (estado Guárico), señaló el Ministerio Público.
El viernes, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció que se habían encontrado restos humanos que «corresponden a siete personas», horas después de haber dicho, en un primer balance, que pertenecían a tres víctimas.
El pasado 28 de octubre, el Gobierno completó el desalojo de la PGV tras semanas de enfrentamientos entre internos por el control de la prisión y denuncias sobre fallecimientos por desnutrición y ausencia de medicinas. Videos publicados en redes sociales por detenidos y sus familiares mostraban la falta de comida y tratamiento médico ante enfermedades como tuberculosis, que habrían dejado al menos diez muertos.
Fosa común.
La ONG defensora de los derechos de los presos Una Ventana a La Libertad denunció la existencia en la PGV de una fosa común con un número de cadáveres mucho mayor. Carlos Nieto, coordinador de esa ONG, dijo que el número de muertos podría llegar a un centenar. «Nuestros reportes son verdaderamente confiables», declaró.
La Fiscalía, en tanto, admitió tener «denuncias por parte de familiares sobre desapariciones durante el proceso de desalojo», sin precisar cuántas.
Nieto estima que los cadáveres se acumularon en la fosa común en distintos incidentes ocurridos en la cárcel, que albergaba a unos 9.000 presos, durante los últimos años. «Sean 14, 50 o 100, eran personas bajo la responsabilidad del Estado», indicó el activista.
La PGV está en remodelación como parte de un plan del gobierno para «pacificar» los penales y adecuarlos a estándares internacionales. Un total de 96 prisiones han sido incorporadas al programa gubernamental desde julio de 2011, de las cuales seis han sido clausuradas.
La ONG denunció el jueves el hacinamiento en los centros de reclusión de Venezuela, tanto cárceles como calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas. Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Gobierno chavista tienen una capacidad para 35.562 personas, pero hay una población reclusa de 54.738. El Ministerio Penitenciario asegura que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos, y una capacidad de ocupación de 82.736.
¿Banco o pizzería?
Las ONG denuncian que pese al plan gubernamental, las cárceles venezolanas son escuelas del crimen donde incluso los reclusos tienen piscinas, pizzerías y discotecas. De igual manera, reportan irregularidades en el cumplimiento de penas por parte de los «pranes» (líderes de los reos). El mes pasado, Wilmer Brizuela Vera, alias «Wilmito», quien cumplía condena por secuestro y homicidio, fue herido en un tiroteo en una playa de Margarita. El incidente generó un escándalo en la prensa. Había recibido un beneficio procesal y, tras el suceso, volvió a ser recluido en la cárcel de Tocorón (estado Aragua).
Hace casi dos semanas, uno de los principales bancos de Venezuela, Banesco, denunció que una agencia bancaria clandestina operaba usurpando su marca en el penal de Tocuyito (estado Carabobo). Pero la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que en realidad se trataba de una pizzería que los presos bautizaron con el nombre de la institución financiera, donde practican actividades culinarias en un programa de rehabilitación. «Lo del banco es un chisme», dijo la funcionaria.
«Sí existía», sostiene Nieto, quien asegura que la existencia de bancos ilegales en los penales venezolanos es habitual y sirven para que los reclusos intercambien dinero con sus familiares y los líderes de los reos cobren comisiones de alrededor del 20%.
Encuesta: 90% dice que Venezuela está mal
Según una encuesta de enero de Datanálisis, el 90,4% de los venezolanos considera que el país está «mal o muy mal» en cuanto a la economía y la política. «¿Todo ese 90% culpa al gobierno de la situación? No, es decir, 90% piensa que la situación del país está mal, (pero) no el 90% siente que el culpable es (el presidente Nicolás) Maduro», dijo Luis Vicente León, presidente de la encuestadora, en una entrevista al canal privado Televen. Asimismo, León afirmó que lo que más preocupa hoy en día a los venezolanos es el tema de la inflación y el desabastecimiento de alimentos, y no la situación de inseguridad.
Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV ante el hallazgo de las fosas comunes de la Penitenciaria General Venezolana (PGV)
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana consternada local y nacionalmente ante el hallazgo de osamentas en la Penitenciaria General de Venezuela PGV, se dirige en estos momentos a los familiares de las personas privadas de libertad que perecieron en dicho centro; a los organismos del estado así como al pueblo venezolano.
1. Considerando, que este terrible descubrimiento, traduce la vulneración a derechos fundamentales como la vida, y la presunción de penas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, que atentan contra la integridad física, psíquica y moral de cualquier ciudadano.
2. Considerando, que estas violaciones responden asimismo a actos delictivos previstos en nuestra legislación penal sustantiva y son perseguibles de oficio.
3. Considerando de igual manera que tales hechos comportan penas de las más altas, contempladas en el Código Penal Venezolano nuestro y cuyas acciones penales que se ejerzan a los responsables son imprescriptibles.
4. Considerando que este hecho sumado a otros similares en nuestra historia reciente en Venezuela y Latinoamérica, puede quedar ensombrecido por la impunidad que no solo violaría la dignidad de las víctimas fallecidas, sino la de sus familiares que esperan se determine las responsabilidades correspondientes, unidas a las sanciones e indemnizaciones que dé lugar.
Solicitamos:
5. Al Poder Público Venezolano en sus diferentes instancias se avoque urgente, diligente, efectiva y sin retardo a las investigaciones pertinentes que conduzcan al esclarecimiento de la verdad.
6. Al Ministerio Popular Penitenciario garantizar la integridad y la dignidad de los privados y privadas de libertad, para que no se repita una lamentable tragedia como esta que ha afectado a las familias de los privados de libertad fallecidos y enterrados en fosas comunes dentro de la PGV.
Invitamos
7. A las organizaciones de la sociedad venezolana, exijan a nuestras autoridades la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, mejoren las condiciones de reclusión y las medidas de seguridad en los centros de reclusión.
8. A la comunidad cristiana que eleve sus oraciones al Dios de la vida, para que acoja e introduzca en su gloria a nuestros hermanos fallecidos y consuelo a sus familiares.
Caracas 17 de marzo de 2017
+ Mons. Roberto Lückert
Arzobispo emérito de Coro
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV
Pbro. Dr. Saúl Ron Braasch
Vicario Episcopal de los Derechos Humanos de la CEV
Prensa CEV
RD/Agencias
