Lo más doloroso son las víctimas últimas en estas redes. Los delincuentes, en la impunidad de su poder, utilizan la pobreza y necesidad de poblaciones marginadas y olvidadas
(J. B./Agencias).- «La extracción de combustibles amenaza la seguridad de México y revela lo que no parece dar tregua: corrupción e impunidad». El semanario «Desde la Fe» ha denunciado el robo de combustible en México, «un problema que nos empobrece y descompone aún más nuestra realidad y tejido social».
«Algunos podrán tener enormes beneficios financieros, pero los efectos son perversos y destructores. El huachicol (como se conoce a esta práctica) es el nuevo oro negro del diablo», subraya el artículo, que denuncia las «redes siniestras» entre el poder y el crimen organizado.
Desde la Fe recordó que directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) han reconocido que hay trabajadores implicados en la sustracción ilegal de combustible de sus ductos. «Este delito es una actividad lucrativa» en un mercado negro «creciente y boyante», pues en cinco años aumentó más del 400 %.
«Ahora es uno de los principales desafíos al poder del Estado y al sistema de justicia, como actividad ilícita financiera», destacó el artículo, que denuncia cómo estas redes están extendidas en buena parte del país, especialmente aquellos con mayor infraestructura petrolera: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Puebla, México, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa.
Es una «rama del crimen organizado, de los diversos cárteles de la droga y de nuevos grupos criminales independientes, que han encontrado una fuente de riqueza que parece imparable y de difícil solución», recalca la nota, que concluye señalando que «los efectos son perversos y destructores».
Huachicol, oro negro del diablo
La extracción de combustibles amenaza la seguridad de México y revela lo que no parece dar tregua: corrupción e impunidad.
Es el delito y actividad lucrativa del mercado negro creciente y boyante, que en cinco años aumentó en más de un 400 por ciento y ahora es uno de los principales desafíos al poder del Estado y al sistema de justicia, como actividad ilícita financiera. Se trata del robo de combustibles, gasolina y diésel, por la perforación de poliductos para ordeñar el Huachicol.
La gravedad de este asunto es que no está focalizado a ciertas regiones. Los huachicoleros, operadores clandestinos de ductos de combustibles, han sentado sus actividades en diversos estados del país, con infraestructura petrolera de transportación importante: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Puebla, México, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa; el caso de Puebla resulta preocupante, el despliegue de fuerzas armadas que han entrado en confrontación con los delincuentes revela la escalada del problema, por lo menos en 32 municipios de los 127 que hay en la entidad.
Reportes de las autoridades policiales revelan cómo poblados enteros se dedican a la extracción, comercialización, almacenamiento y distribución del huachicol, por debajo de los precios reales de los combustibles sujetos a la ley de la oferta y la demanda. Según datos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en 2016 se localizaron 1,533 tomas clandestinas, lo que empeoró la situación en Puebla, ya que las tomas ilegales se incrementaron en un 496 por ciento respecto al 2015, año en que se detectaron sólo 309 tomas ilegales.
Los efectos son evidentes. Las pérdidas reportadas por PEMEX durante los primeros años de la presente administración ascenderían a más de 97 mil millones de pesos, y éste es un hueco que será difícil reponer en el futuro mientras crezca esta actividad ilícita como rama del crimen organizado, de los diversos cárteles de la droga y de nuevos grupos criminales independientes, que han encontrado una fuente de riqueza que parece imparable y de difícil solución.
Sin embargo, el huachicol teje redes más siniestras que -al igual que en otras actividades ilícitas- involucran a autoridades en colusión con el crimen organizado. Los directivos de PEMEX han manifestado la existencia de empleados quienes estarían implicados en el proceso de extracción ilícita de combustibles, choferes, operadores de bombeo, vigilantes e ingenieros de operación, personal especializado, asesorando a los huachicoleros para realizar las operaciones clandestinas, minimizando así los riesgos por la extracción y para la obtención de lucrativas ganancias.
Y esta cadena de producción y comercialización ilegal debe tener un mercado específico dispuesto a comprar combustible por debajo de su precio real, comerciantes y empresarios beneficiados al pagar por huachicol cubierto de corrupción.
Lo más doloroso son las víctimas últimas en estas redes. Los delincuentes, en la impunidad de su poder, utilizan la pobreza y necesidad de poblaciones marginadas y olvidadas que han abandonado sus actividades tradicionales y de cultivo por un negocio más lucrativo para sostener su economía y familias. Ellos sirven de carne de cañón, niños y adolescentes, mujeres y ancianos, arrojados para enfrentar a las fuerzas del orden sin importar las consecuencias que ponen en riesgo su misma integridad personal. Ellos son parte de esta mercancía de muerte, sólo víctimas colaterales.
La extracción de combustibles amenaza la seguridad de México y revela lo que no parece dar tregua: corrupción e impunidad. Un problema que nos empobrece y descompone aún más nuestra realidad y tejido social. Algunos podrán tener enormes beneficios financieros, pero los efectos son perversos y destructores. El huachicol es el nuevo oro negro del diablo.
