En caso de que sea condenado, Lula irá a prisión; no podrá disputar la elección presidencial de octubre de 2018; y será inelegible durante 7 años
(Frei Betto).- Una sentencia firmada por el juez Sérgio Moro condenó el 12 de julio al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 años y 6 meses de prisión. A diferencia de otros condenados en primera instancia en la operación Lava Jato, Moro obvió decretar la prisión cautelar del más notorio líder político de Brasil. Alegó que «la prudencia recomienda que se espere al juicio» para evitar «ciertos traumas». Entiéndase, la movilización popular en apoyo a Lula.
La defensa recurrirá en segunda instancia al Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre (RS). Según el presidente del tribunal, el recurso debe ser juzgado antes de agosto del año próximo. En caso de que sea condenado, Lula irá a prisión; no podrá disputar la elección presidencial de octubre de 2018; y será inelegible durante 7 años.
En un pronunciamiento realizado al día siguiente de la sentencia, el fundador del PT declaró: «quien crea que este es el fin de Lula se va a dar con la puerta en las narices. Quien tiene el derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño.» Y confirmó su candidatura a la presidencia de la República en 2018, en busca de su tercer mandato: «Si alguien piensa que con esa sentencia me saca del juego, que sepa que sigo en el juego.» Añadió que solo podrá juzgarlo la historia.
El juez consideró que existen pruebas de que Lula es el legítimo propietario de un apartamento tríplex en la playa de Guarujá (SP) en el que la constructora OAS habría invertido 2,15 millones de reales a cambio de beneficios obtenidos en contratos con Petrobras.
Lula niega que el inmueble sea de su propiedad. Admite que su esposa, Marisa, fallecida en febrero de este año, había demostrado la intención de adquirirlo. Pero que la compra no se hizo efectiva porque Lula consideró que su ubicación era inadecuada para su privacidad, pues lo expondría a un constante asedio público.
La defensa insiste en que la fiscalía nunca ha mostrado la escritura del inmueble a nombre de la familia Lula da Silva. Y que, por tanto, la acusación es infundada.
En caso de que el tribunal de segunda instancia mantenga la sentencia de Moro, Lula podrá recurrir al Tribunal Superior de Justicia y, en última instancia, al Tribunal Supremo Federal.
La sentencia aplicada al líder del PT no se basa en pruebas, sino en la delación del corruptor preso por el caso Lava Jato: Leo Pinheiro, dueño de la OAS, condenado a 44 años, de los cuales 10 años y 8 meses corresponden a una condena de reclusión en un proceso conexo al de Lula. El expresidente de la constructora obtuvo de Moro la anuencia para cumplir solo dos años y medio de prisión en régimen cerrado y solicitar una progresión de la pena antes de resarcir el perjuicio causado a Petrobras.
Según Lava Jato, la OAS pagó 87 millones de reales en sobornos para obtener ventajas contractuales con Petrobras. De ese monto, 16 millones se habrían destinado al PT y 3,7 millones habrían beneficiado directamente a Lula: 2,4 millones para la adquisición y la reforma del tríplex y 1,3 millones para la preservación de presentes que recibiera el expresidente durante el ejercicio de sus dos mandatos. Moro absolvió a Lula de esta última acusación.
¿Por cuáles delitos lo condenó? En la sentencia de 280 páginas dividida en 962 puntos, el juez señala que «por el recibo de ventajas indebidas de la OAS en virtud de un contrato con Petrobras» y «por el ocultamiento y disimulación de la titularidad del apartamento 164-A, tríplex, y del beneficiario de las reformas realizadas».
Según Moro, «el grupo OAS, dirigido por el acusado José Adelmário Pinheiro Filho, destinó el inmueble sin cobrar el precio correspondiente, y absorbió el costo de la reforma, teniendo presente que se trataba de un bien destinado al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva».
El juez escogió el momento adecuado para decretar la condena de Lula, quien dejó el gobierno a inicios del año 2011 con un 87% de popularidad. Ese mismo día, el parlamento aprobó la reforma laboral propuesta por el presidente Temer, que despoja a los trabajadores brasileños de derechos conquistados en los últimos 70 años, como el de arbitrar los conflictos en el ámbito de la Justicia Laboral. Por la ley aprobada, los conflictos se decidirán mediante una negociación directa entre patronos y empleados…
También ese día, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados rechazó la relatoría del diputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), favorable a que se investigara la denuncia del procurador general de la República, Rodrigo Janot, contra Temer por corrupción pasiva. Se nombró un nuevo relator, y el diputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) presentó un texto en el que pide que se archive la denuncia de Janot. La proposición fue aprobada por la Comisión, y la votará el 2 de agosto el plenario de la Cámara. Para aprobarla serán necesarios los votos de 342 del total de 513 parlamentarios.
El mismo día en que ocurrían esos episodios en la comisión de Constitución y Justicia, el exministro Geddel Vieira Lima, hombre de confianza de Temer preso por el Lava Jato, obtenía el derecho a dejar la prisión a cambio de detención domiciliaria. La sentencia de Lula opacó las noticias desfavorables al gobierno golpista de Temer.
Para la defensa de Lula, no dictar la prisión del expresidente representó «el reconocimiento de la fragilidad de la fundamentación de la sentencia», y la «prudencia» para evitar «ciertos traumas» demostró el tenor político de la condena. «Es una sentencia meramente especulativa, que desprecia las pruebas de inocencia y le da valor a la declaración del señor Leo Pinheiro en su condición de delator informal, sin compromiso de decir la verdad, y con manifiesta intención de destrabar su proceso judicial», declaró el abogado Cristiano Martins.
Brasil está sumido en una profunda turbulencia política. En menos de un año se produjeron el golpe parlamentario que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff; la denuncia de la Procuraduría General de la República contra Temer, el actual presidente; y la condena del expresidente Lula.
Lo peculiar es que Lava Jato solo existe gracias a los gobiernos de Lula y Dilma. La corrupción siempre fue un elemento endémico en el Estado brasileño, desde la monarquía hasta la República. Lo nuevo es que sale a la superficie y se castiga a corruptores y corrompidos. Eso gracias a los gobiernos del PT, que reforzaron el Ministerio Público y la Policía Federal. Lo lamentable es que no se haya realizado también la reforma política, omisión de la cual el PT y la nación ahora son víctimas.
El propio juez Moro señala en su sentencia: «Es fuerza reconocer el mérito del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el fortalecimiento de los mecanismos de control, incluyendo la prevención y la represión del delito de corrupción, especialmente gracias a las inversiones efectuadas en la Policía Federal durante su primer mandato, el fortalecimiento de la Contraloría general de la Unión y la preservación de la independencia del Ministerio Público Federal mediante la selección para el cargo de procurador general de la República de un integrante de la lista votada por los miembros de la institución» (punto 793 de la sentencia).
Lula está pendiente de otros cuatro procesos en los que se le acusa de corrupción. Otros importantes dirigentes del PT ya han sido condenados en el Lava Jato: José Dirceu, a 23 años (actualmente en prisión domiciliaria); Antônio Palocci, a 12 años (preso); João Vaccari Neto, a 15 años (preso); y Delúbio Soares, a 5 años (espera en libertad el juicio en segunda instancia).
¿Por qué el pueblo brasileño no se lanza a las calles en defensa de Lula y a favor del «fuera Temer» como hizo en años anteriores por otras causas políticas? Entre los diversos factores, subrayo el desempleo creciente, que en la actualidad afecta a 14 millones de trabajadores; el desencanto con la política; el vandalismo recurrente en manifestaciones recientes, que infunde miedo a la violencia; el espacio que ocupan las redes sociales como herramientas de protesta y denuncia. No hay hoy en Brasil ninguna fuerza política con suficiente representatividad para promover movilizaciones de calle significativas.
