La Iglesia "está llamada a tener un papel protagónico atendiendo las causas, asumiendo las consecuencias y propiciando que la migración sea vista como una oportunidad"
(Cameron Doody).- «Una crisis humanitaria». Así es como han calificado los obispos reunidos en el IV Encuentro Frontera Sur y Países de América Central sobre Migración la situación de los desplazados que se encuentran en la zona fronteriza entre México y Guatemala. Crisis que se ha agudizado no solo por factores como la pobreza, la falta de desarrollo o la violencia, sino también por la «postura de intimidación y racismo» que ostenta el presidente de EEUU, Donald Trump.
Los prelados de Guatemala, El Salvador, Honduras y México que dieron fin este jueves a la cumbre en Tapachula han advertido de esta forma de la dura realidad de la región, que se ha vuelto «una sociedad de riesgo en la que el migrante es desposeído, excluido de su lugar de origen, de sus derechos en el tránsito y de su dignidad en el destino».
No han faltado en el Encuentro, asimismo, duras palabras para el mandatario estadounidense, a quien los obispos centroamericanos acusan de haber agravado la situación al haber asumido «una postura de intimidación y racismo que ha provocado temor e incertidumbre, no sólo en los migrantes en tránsito, sino incluso en los establecidos en el territorio de ese país, ya que viven en el temor de ser detenidos, encarcelados y deportados».
Así, frente a la «crisis humanitaria» que estos factores tanto sociales y comunitarios como políticos y económicos han ocasionado, es más importante que nunca que la Iglesia redoble sus esfuerzos para los migrantes. Más allá, incluso, del mantenimiento de «la atención asistencial, el acompañamiento y la promoción de la incidencia en políticas migratorias al más alto nivel». Hasta tal punto en que, más bien, la Iglesia «está llamada a tener un papel protagónico atendiendo las causas, asumiendo las consecuencias y propiciando que la migración sea vista como una oportunidad».
En efecto, los obispos reunidos en Tapachula se han comprometido a «alcanzar acciones concretas que puedan generar una mayor concienciación del fenómeno migratorio a todos los niveles y sectores de la sociedad». Su fin en hacerlo, tal y como han subrayado tras su reunión, será en primer lugar el de «evitar la criminalización de los migrantes», pero también el de «hacer valer el derecho natural que las personas tienen a elegir una nueva oportunidad de vida».
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