José Alberto Idiáquez Guevara, sacerdote de Managua y rector de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), quien está en peligro por haber participado en la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno y la sociedad civil
La CIDH anunció hoy que ha adoptado medidas cautelares para proteger, entre otros, a un sacerdote, a estudiantes que participaron en las protestas contra el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a los periodistas de una emisora de radio, cuya redacción fue incendiada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicó en un comunicado que esas personas afrontan el riesgo «grave y urgente» de sufrir un «daño irreparable» para sus vidas o integridad física en el marco de las protestas en el país.
La CIDH precisó que el 10 de junio tomó esas medidas para proteger los derechos de José Alberto Idiáquez Guevara, sacerdote de Managua y rector de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), quien está en peligro por haber participado en la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno y la sociedad civil, con mediación de la Iglesia.
Ese diálogo se reanudó el 25 de junio con la presencia de un equipo de la CIDH, llamado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
Según la nota, también recibió medidas cautelares el 12 de junio Migueliuth Sandova Cruz, viuda del periodista Ángel Eduardo Gahona, y sus familiares.
Gahona, del noticiario televisivo independiente «El Meridiano» y que hacía transmisiones a través de redes sociales, falleció de un disparo en la cabeza el 21 de abril mientras transmitía en vivo a través de Facebook las protestas desde el municipio caribeño de Bluefields.
Además, el 17 de junio percibieron medidas cautelares un grupo de estudiantes universitarios que sufrieron amenazas a través del teléfono, redes sociales o que han sigo seguidos por «grupos motorizados», que organizaciones humanitarias vinculan con fuerzas parapoliciales a favor de Ortega.
Los estudiantes afectados son Ricardo Adán Velásquez Robleto, Alex Iván Aguirre Mairena, Jasson Osnar Hernández y Edwin Antonio Jiménez Balladares.
Asimismo, el 2 de julio, la CIDH adoptó medidas similares para amparar los derechos de los empleados de Radio Darío, la emisora más importante de León (oeste de Nicaragua) que ha mantenido una línea editorial crítica con Ortega y cuya redacción fue incendiada durante las protestas.
Por último, la decisión de la CIDH también protege a Marco Antonio Carmona y otros miembros de la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
Las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega dejaron hoy cuatro nuevas víctimas, con lo que ascienden a 315 los fallecidos desde el 18 de abril pasado, en tanto el Episcopado llamó a reiniciar el diálogo nacional el próximo lunes.
Mientras la violencia continuaba, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) llamó al Gobierno de Ortega y a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a reiniciar el diálogo nacional el próximo lunes con el fin de superar la crisis.
El Episcopado, que actúa como mediador y testigo del diálogo, citó a la mesa de Verificación y Seguridad, así como a la mesa Electoral, no así a la de Justicia.
La Comisión de Verificación y Seguridad, integrada por 12 miembros, es la que se encarga de trazar un plan para levantar las barricadas que mantienen los manifestantes en distintos puntos del país, y corroborar el cese de la violencia.
(RD/Efe)
