El registro obedece a la negativa de los obispados de Temuco y Villarrica a entregar los antecedentes con los que contaban y que fueron solicitados por la Fiscalía
Un fiscal del Ministerio Público y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) registraron hoy las dependencias de los obispados de Temuco y Villarrica, en la sureña región de La Araucanía, en el marco de las denuncias de presuntos abusos sexuales por parte de sacerdotes.
La diligencia fue encabezada por Ítalo Ortega, quien está a cargo de la investigación contra religiosos de la región situada a unos 650 kilómetros al sur de Santiago, por abuso sexual infantil.
El registro obedece a la negativa de los obispados de Temuco y Villarrica a entregar los antecedentes con los que contaban y que fueron solicitados por la Fiscalía.
Los sacerdotes investigados de oficio por el Ministerio Público son Pablo Isler Venegas, Juan Mercado Elgueta y José Bastías Ñanco, todos de Temuco, y Mardoqueo Valenzuela, de la vecina localidad de Ángol.
A ellos se suma el presbítero Belisario Valdebenito Erices de Villarrica, quien también es investigado por denuncias de presuntos abusos sexuales.
En la ciudad de Temuco, funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI allanaron primero las oficinas del vicario general de la Diócesis San José de Temuco, Giglio Linfati, donde se incautaron de carpetas con documentos y un ordenador y más tarde hicieron lo propio en las oficinas del obispado de Villarrica.
Estos registros de los obispados de Temuco y Villarrica se suman al practicado por la Fiscalía el pasado 13 de junio en el Tribunal Eclesiástico de Santiago.
Ese mismo día también se desarrollaron diligencias en el obispado de Rancagua, hasta donde llegaron agentes de Carabineros y el fiscal Sergio Pérez con una orden de entrada y registro emitida por el Tribunal de Garantía de la localidad de Pichilemu, que investiga las denuncias contra los curas de la zona, según fuentes de la Fiscalía.
Esta nueva operación de la PDI y la Fiscalía se da el mismo día que la Justicia chilena decretó prisión preventiva para el sacerdote Óscar Muñoz, excanciller del arzobispado de Santiago de Chile, acusado presuntamente de cometer abusos sexuales contra menores.
Esta decisión de la Justicia contra Muñoz se dio en el marco de los escándalos en el seno de la Iglesia chilena en relación a la comisión y encubrimiento de casos de abusos sexuales presuntamente cometidos por curas en diversas partes del país austral.
Sobre Muñoz, de 56 años, pesa una acusación de siete casos de abuso sexual y estupro contra menores, aunque él mismo se había autodenunciado por abusos ante la Oficina Pastoral de Denuncias y fue separado de su cargo el pasado enero, dos semanas antes de la visita a Chile del papa Francisco.
En esta línea, el Arzobispado de Santiago, mediante un comunicado, negó que esa institución tuviera conocimiento previo de los hechos, a los que hizo referencia la autodenuncia que, sobre delitos sexuales, formuló el presbítero Oscar Muñoz Toledo.
Tras hacer una pormenorizada enumeración de lo sucedido, la institución niega haber estado al tanto de la situación, tal y como apuntaron algunos medios de comunicación.
«Por tanto, no es efectivo, como han informado algunas versiones de prensa, que el Arzobispado tuviera conocimiento de los hechos antes de la autodenuncia del presbítero Muñoz Toledo», precisa el documento.
En los últimos 15 años, desde el caso de Andrés Aguirre, el llamado «cura Tato», al menos 80 sacerdotes y religiosos católicos han sido acusados en Chile de delitos de connotación sexual.
De ese total, 45 fueron condenados por la justicia civil o canónica, y de ellos 34 tuvieron como víctimas a menores de edad.
Los casos de abusos sexuales han conmocionado desde hace años a la Iglesia católica chilena y el pasado junio el papa Francisco aceptó las renuncias de cinco obispos, después de que 34 miembros de la Conferencia Episcopal de Chile le ofrecieron sus cargos tras ser citados a El Vaticano por el pontífice.
RD/Agencias
