Monseñor González Nieves denuncia que se ha quebrantado "el debido proceso de ley"

El arzobispo de San Juan califica de «expropiación» el embargo de las cuentas de la Iglesia en Puerto Rico

"Me atrevo a pensar que la Iglesia en todo Puerto Rico vive una persecución injustificada"

El arzobispo de San Juan califica de "expropiación" el embargo de las cuentas de la Iglesia en Puerto Rico
Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan de Puerto Rico

El daño que se quiere hacer a este servidor y a la Iglesia, se lo están haciendo a nuestros hermanos y hermanas, padres y madres de familia, que le dan vida a nuestras estructuras institucionales y pastorales

(Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico).- Desde el primer momento, a principios del 2016, cuando se dio a conocer que, la Junta de Síndicos del Plan de Pensiones y la mayoría de los entonces 43 patronos participantes, entre ellos, la Arquidiócesis, votaron a favor de la terminación del Plan, hemos dicho reiteradamente que el Plan se administraba por un fideicomiso (una entidad jurídica independiente) y no por ninguna otra entidad. Expusimos que al Fideicomiso solamente le ingresaba dinero por la aportación que hacía cada escuela patrono participante (no el empleado), que cuando se creó recibía dinero de sobre 80 escuelas, pero debido al cierre de éstas, vio reducido a la mitad sus ingresos, mientras sus gastos aumentaban a la medida que cada día más empleados se acogían al beneficio.

Es por ello, que cuando se terminó, al Plan le ingresaba por la aportación de las escuelas la cantidad de 80 mil dólares mensuales pero tenía que pagar sobre 360 mil dólares mensuales. Es decir, como los egresos superaban por mucho los ingresos, el pago de beneficios a los empleados, fue mermando el capital del fideicomiso, como ha sucedido en distintas diócesis de EEUU, como le ha sucedido al gobierno local en sus sistemas de retiro.

También se supone que los primeros 10 años los ingresos del Plan eran para capitalizar este fondo, pero, que fiel a su misión de la caridad, se optó por comenzar a dar beneficios a nuestros maestros por entenderse que los necesitaban luego de largos años de servicio. Por tanto, nunca se capitalizó el plan.

En una sentencia del mes de julio de 2017 y en una opinión el pasado 11 de junio de 2018, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) determinó, sin que se pasara prueba, que las escuelas, además del fideicomiso, también se obligaron, y ordenó que sean las escuelas que pagaran la pensión, pero si las mismas no estaban incorporadas que pagara entonces una entidad a la que ellos denominaron la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico.

Además, determinó que en Puerto Rico ninguna diócesis tiene personalidad jurídica, y por lo tanto, una diócesis puede ser desposeída de sus bienes, sin que sea parte en un pleito, por una acción que ocurra en otra diócesis, o cualquier parroquia de la isla o cualquier congregación religiosa que no esté incorporada. Es decir, contra todo derecho canónico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico convirtió a todas las entidades católicas en Puerto Rico en una sola alcancía, violentando el debido proceso de ley, el derecho de una religión a organizarse internamente y sobre todo, contra la misión y la caridad de la Iglesia.

El arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Roberto González Nieves


En todo este tiempo hemos estado dando la lucha en los tribunales, para evitar que el Estado, por conducto de su Rama Judicial determine cómo se organiza la Iglesia en Puerto Rico violentando la norma canónica, que reconozca a cada diócesis su gobierno propio y a cada obispo su independencia y autoridad, al igual que requiere que respete la personalidad jurídica de las congregaciones religiosas, de las parroquias, de las escuelas y entidades católicas dedicadas a la caridad.

No hemos dado esta lucha por no pagar pensiones, o dar algún beneficio alterno a los pensionados de las cuatro diócesis de Puerto Rico. Por ello fue que expresé antes de los pleitos la importancia de la solidaridad y de que se cree un fondo para estos fines. Sin embargo, debido a las múltiples demandas, esto no ha sido posible. Tan es así, que nosotros avalamos la determinación del Tribunal de Apelaciones que disponía la continuación del pago de la aportación al Plan, no obstante, el Supremo, revocó.

Aunque los demandantes solicitaron un pago de aproximadamente $640,000.00, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, sin vista alguna, sin justificación en ley, ordenó la exorbitante cifra de $4.7 millones, pagaderas en 24 horas, dinero que la Arquidiócesis de San Juan (ARQSJ) no tiene. A los 3 días, que era el inicio de la Semana Santa, la Semana Mayor para fe cristiana, ese mismo foro, con una inexplicable prisa, ordenó el embargo, de iglesias, conventos, bienes, valores, vehículos de entidades católicas en todo Puerto Rico. Es decir, podían ir al pueblo de Adjuntas, de donde es mi familia a desposeer a esa comunidad parroquial de sus bienes.

Luego de varios procesos judiciales, en el día de ayer, se desposeyó a la Arquidiócesis de San Juan, de sobre $400,000.00, dólares. Es decir, vaciaron sus cuentas. Tal vez para un individuo esta cifra pueda ser significativa, pero para una entidad como la Arquidiócesis es una cifra precaria y se demuestra lo que hemos dicho, somos una Arquidiócesis pobre, una institución con recursos limitados, para llevar a cabo la misión evangelizadora de la Iglesia que incluye su deber de anunciar la Doctrina Social de la Iglesia. Este dinero ya estaba comprometido para la nómina de los empleados, el pago de utilidades y para la caridad cristiana. Es un dinero que provenía de la caridad de los fieles para con la Arquidiócesis.

 

Esta acción del Tribunal de San Juan de apropiarse del dinero de la Arquidiócesis provocó que los empleados de las operaciones centrales, laicos y religiosos, aproximadamente 75 personas, no puedan cobrar su salario este viernes y se exponen a perder su plan médico y para todos los efectos, sin empleo ya que no se les puede pagar por sus labores. Además, les tuve que comunicar que como no se les puede seguir pagando debido al vaciado de nuestras cuentas, están libres de gestionar otro empleo, que cualquier gestión con la Arquidiócesis sería de manera voluntaria y que les avisaremos, si es que conseguimos dinero, cuándo puedan regresar a sus trabajos. Estos empleados nuestros son personas pobres, en su mayoría mujeres, madres de familia. No solo perdieron su pensión, sino que perdieron su sueldo. Si bien nos dolió la pérdida de la pensión, de igual manera duele la situación de estos empleados. A muchos de ellos, el Tribunal les desposeyó de su derecho a la alimentación digna.

He advenido en conocimiento que hoy, a la Parroquia de San Andrés, una parroquia en un área pobre de Carolina, le vaciaron sus cuentas, al igual que a la Parroquia San Mateo, que es una parroquia al servicio a la comunidad pobre haitiana en Santurce, dejando a estos sacerdotes y sus empleados sin su salario.  Me acaban de informar, que embargaron otras cuentas de la Arquidiócesis destinada a la misión de la Iglesia, como la destinada para la catequesis, la destinada para la formación de los seminaristas y la de la formación de los futuros diáconos. En fin, el total expropiado ronda en un millón de dólares que estaban comprometidos a estos apostolados de la Arquidiócesis.

Lo sucedido ayer y hoy no es otra cosa que una expropiación inmoral de bienes de la Iglesia Católica en Puerto Rico por parte del Estado, por vía de su Rama Judicial y se despoja, de momento, a 75 familias, la mayoría encabezadas por mujeres en la pobreza, es decir, familias que no tienen nada que ver con el fideicomiso-plan de pensiones de escuelas católicas, pero que tiene mucho que ver con sus habichuelas cotidianas y con su labor a favor de tantos pobres, material y espiritualmente, en nuestra arquidiócesis. Pensemos, por ejemplo, en los empleados del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis donde se atienden los casos de anulación matrimonial.

Con estas acciones, y con este ánimo prevenido, el daño que se quiere hacer a este servidor y a la Iglesia, se lo están haciendo a nuestros hermanos y hermanas, padres y madres de familia, que le dan vida a nuestras estructuras institucionales y pastorales. Me atrevo a pensar que la Iglesia en todo Puerto Rico vive una persecución injustificada.

Lo vimos también en la Academia Parroquial de Perpetuo Socorro (APS), como este mismo juez, sin vista alguna, a toda prisa, actuando de forma temeraria paraliza una reestructuración interna de esa Academia, y prácticamente pone a la administración de la APS en una sindicatura judicial, violentando las doctrinas de separación de Iglesia y Estado. A pesar de los legítimos y razonados argumentos legales expuestos por la Academia, en apenas dos horas y sin siquiera esperar argumentos contrarios, el Tribunal los rechazó, confirmando así la parcialidad contra quienes representamos y quienes profesamos la fe católica en Puerto Rico. Se me ha indicado que si se embargan cuentas de colegios, estos tienen que cerrar sus operaciones y cesantear empleados porque sin esos dineros no pueden operar. Desde marzo pasado nuestros empleados y muchos de otras entidades y escuelas viven muchas incertidumbres debido a toda esta situación.

Por último, yo invito, como en veces anteriores, a cada escuela demandada, en la medida que le sea posible, negociar de buena fe con sus empleados y ex empleados demandantes, buscar avenidas de diálogo para lograr unos acuerdos razonables para todos. Nuestras escuelas no pueden convertirse en un botín para intereses personales, contrarios y ajenos a la educación católica, sino que están llamadas a ser lugares de paz, de sana convivencia, de respeto y de resolver disputas desde la buena fe y la caridad.

Además ruego a los católicos en Puerto Rico y a nuestros hermanos y hermanas de otras confesiones religiosas a rezar para que se pueda resolver esta crisis mediante el diálogo.

– Jueves 23 de agosto 2018

Autor

José Manuel Vidal

Periodista y teólogo, es conocido por su labor de información sobre la Iglesia Católica. Dirige Religión Digital.

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